La mitad de los controladores presentan querellas individuales contra AENA

Cerca de la mitad de los controladores aéreos (unos 1.330 del total de 2.440) integrados en la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han presentado querellas individuales contra los cinco directivos de Aena por los sucesos que provocaron el caos aéreo del 'puente' de la Constitución de 2010.

Así lo confirmó a Europa Press el portavoz del sindicato, Javier Zanón, quien explico que esta iniciativa legal se lleva a cabo «en defensa» de los 440 controladores aéreos imputados en las distintas causas penales abiertas en los juzgados españoles por el cierre del espacio aéreo y la militarización del servicio. Zanón afirmó que los controladores aéreos «nunca abandonaron las torres de control», y que los «únicos responsables» del cierre del espacio aéreo fueron el Ministerio de Fomento y Aena, a cuyos responsables acusó de «urdir un cierre patronal».

Las querellas se dirigen principalmente contra el actual presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, la exdirectora de navegación aérea, Carmen Librero, el director de recursos humanos, Salvador Merino, y el director adjunto de Aena, Enrique González.

Los controladores aéreos acusan a los directivos del organismo dependiente de Fomento de presuntos delitos de revelación de secretos, delito contra los trabajadores, falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El portavoz de USCA explicó que con esta iniciativa legal se pretende presentar ante los jueces «los correos electrónicos y la documentación» existente donde se demuestra que el Gobierno y el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, provocaron el cierre del espacio aéreo.

Los gastos de la iniciativa legal correrán a cargo de USCA, que cuenta con cerca de 2.400 afiliados, más del 90% del colectivo, y se podrían llegar a sumar todos sus miembros. Las querellas están pendientes de admisión a trámite. Por otro lado, los juzgados de instrucción de Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona mantienen distintos procesos penales abiertos contra los controladores aéreos por los sucesos del 3 y 4 de diciembre de 2010, derivados de la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto que modificaba sus condiciones laborales.

Al respecto, el portavoz de USCA señaló que las imputaciones en dichos procesos derivan de un plan para «cerrar el espacio aéreo y echar la culpa a los controladores» y aseguró estar «muy tranquilos» con el desarrollo de estas causas. En la de Madrid, la juez considera a Aena presunta responsable civil subsidiaria del daño provocado a los pasajeros.