Asalariados y pensionistas ya sufren el alza silenciosa del IRPF por la inflación

En contextos de elevada inflación , como el actual, en el que las presiones salariales son también más elevadas suele ocurrir que los contribuyentes salten a un tramo del impuesto sobre la Renta más alto, y por lo tanto más gravoso, por la subida de sus retribuciones, aún cuando estas no alcancen para mantener su poder adquisitivo real. Resultado: la renta pierde poder adquisitivo y, además, se pagan más impuestos que antes, por lo que el poder de compra se hunde todavía más.

El Gobierno ha venido negando que esta distorsión se estuviera produciendo en España y de forma todavía más airada que estuviera impulsando los ingresos fiscales. Sin embargo, el último informe de recaudación difundido por la Agencia Tributaria, correspondiente al mes de abril, admite de forma expresa la subida del tipo medio efectivo de retención que se está aplicando tanto sobre los salarios de los trabajadores como sobre las nóminas de los pensionistas, lo que traducido al román paladino significa básicamente que Hacienda se está quedando con una porción mayor de las nóminas o, dicho de otro modo, que asalariados y pensionistas están pagando más impuestos que en 2021.

Lo que dicen los datos oficiales de la Agencia Tributaria es que en lo que va de año los ingresos por retenciones se han incrementado nada menos que un 13% respecto al mismo periodo del año pasado –en el que ya mostraron un comportamiento muy positivo– y que han aportado 4.000 millones de euros extra a las arcas públicas. Una inyección considerable de nuevos recursos fiscales.

El relato gubernamental sostiene que esta mejora de los ingresos se explica de forma casi exclusiva por el dinamismo del mercado laboral y la existencia de un mayor número de trabajadores a los que aplicar la retención.

La información que maneja la Agencia Tributaria matiza de forma significativa esta lectura. Señala, por ejemplo, que del incremento del 15% en los ingresos por retenciones en el ámbito de las grandes empresas, un 6% se explica efectivamente por el mayor número de asalariados , como dice el Gobierno; pero también atribuye un 3% a la subida de los salarios en este ámbito, un porcentaje similar al incremento del número de empresas consideradas grandes, y un 3,5% al «aumento del tipo medio efectivo que estas subidas conllevan». Es decir, que se está aplicando un tipo de retención más alto a los trabajadores de las grandes empresas, con el beneficio correspondiente para las arcas públicas.

El fenómeno es todavía más llamativo en el caso de los pensionistas. Los datos de la Agencia Tributaria revelan que una vez aplicada la actualización de las pensiones y la ‘paguilla’ de enero el incremento de la pensión media hasta el mes de abril ha sido del 5,4% mientras que el tipo medio de retención que se aplica a los pensionistas ha crecido nada menos que un 9% .

El dato confirma lo que ya avanzó ABC en relación a que el incremento de la retención aplicable a las pensiones más altas del sistema dejaría en las arcas de Hacienda más de la mitad de la subida efectiva aplicada a 370.000 pensionistas.

Los informes oficiales admiten igualmente que, aunque con menor intensidad, esta elevación silenciosa de la presión fiscal sobre los salarios se está produciendo también en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y sobre los empleados públicos .

La subida del tipo medio efectivo de retención que se aplica a las nóminas no revela otra cosa que la existencia de un número mayor de trabajadores que pagan un tipo de retención fiscal más alto del que pagaban anteriormente. Algo que está sucediendo, además, en un contexto de pérdida generalizada del poder adquisitivo por parte de los trabajadores como consecuencia de la escalada histórica de los precios que, según el avance de mayo publicado por el IPC,presentan un incremento anual del 8,7%.

El reconocimiento expreso por parte de la Agencia Tributaria del incremento de la presión fiscal que soportan los trabajadores y los pensionistas no solo deja en evidencia el discurso negacionista del Gobierno en torno a la existencia de un fenómeno de ‘progresividad en frío’ en España sino que reaviva el debate en torno a la deflactación de las tarifas del IRPF para atenuar sino eliminar esta distorsión.

«Tanto el Estado como las comunidades autónomas deberían deflactar sus respectivas tarifas para evitar que las subidas salariales que se acuerdan para compensar el efecto de la inflación se traduzcan en un pago mayor en el impuesto sobre la Renta», asegura Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Asesores Fiscales (Reaf). « La deflactación de la tarifa estatal tendrá efectos inmediatos sobre los ciudadanos , ya que es la que se toma como referencia para calcular las retenciones», apunta.

En esa línea se ha pronunciado el Partido Popular, que ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , su apoyo político para aprobar una actualización de todos los tramos de renta por debajo de los 40.000 euros para evitar que el actual episodio inflacionista se traduzca en un incremento de la presión fiscal para las rentas medias y bajas, como ya está ocurriendo según revelan los datos oficiales.

La propuesta popular , que plantea actualizar los umbrales de renta de los cuatro tramos más bajos del IRPF en un 5%, en línea con la previsión de evolución del IPC subyacente, ha encontrado un respaldo generalizado entre analistas e instituciones como el Banco de España, pero no ha convencido al Gobierno, que la ha rechazado.

Las razones esgrimidas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son que esa rebaja fiscal –que beneficiaría al 80% de los asalariados– podría alentar aún más la espiral inflacionista y que una medida de ese tipo no solo beneficiaría a las rentas medias y bajas, sino también «a los contribuyentes que ganan más de 300.000 euros».