Multa histórica de casi 700.000 euros a la Universidad de Sussex por permitir el acoso trans a una profesora

Pero la historia de Kathleen Stock, que empezó dos años antes, se ha convertido en un símbolo de los límites de la libertad de expresión en el mundo académico en el Reino Unido. Y esta semana, cuatro años después de que fuera forzada a dimitir de la Universidad de Sussex, ha ocurrido algo que podría marcar un giro en esa narrativa: el regulador británico de la educación superior, la Office for Students (OfS), ha multado a la universidad con 585.000 libras (unos 683.000 euros) por no proteger la libertad de expresión y académica de la profesora y haber permitido que fuera acosada.

«El caso de la profesora Stock ilustra cómo una política institucional mal diseñada puede generar un clima de autocensura», afirmó Arif Ahmed, director de libertad de expresión del OfS, quien agregó que «la universidad no protegió su derecho a expresar opiniones legales, por impopulares que fuesen».

La multa, la más alta jamás impuesta a una universidad británica por motivos relacionados con la libertad de expresión, llega tras una investigación de tres años y medio sobre los hechos ocurridos en 2021, cuando Stock abandonó su puesto en este centro de educación superior tras ser gravemente acosada por estudiantes y colegas tras hacer públicas sus posiciones críticas sobre el concepto de identidad de género. Para ella, el sexo biológico sigue siendo relevante en ciertos contextos legales, sociales y científicos. «La afirmación 'las mujeres trans son mujeres' no es literalmente verdadera», escribió entonces, y «los espacios donde las mujeres se desvisten o duermen deberían seguir siendo genuinamente de un sólo sexo por razones de protección».

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Estas, entre otras de sus ideas, aunque perfectamente legales, encendieron la mecha. Carteles anónimos aparecieron por todo el campus pidiendo su despido. Se la acusó de ser transfóbica. Un grupo de estudiantes que se autodenominó como «un colectivo queer, trans y no binario que no permitirá que nuestra comunidad sea difamada por alguien que se gana el sueldo con nuestro dinero» exigió que fuera despedida en una campaña en redes sociales. Y la universidad, lejos de respaldarla de forma firme, emitió comunicados tibios que, según la OfS, crearon un «efecto disuasorio» en el conjunto de la comunidad académica.

«Me volví mucho más cautelosa al expresar mis puntos de vista críticos con el género», ha contado Stock. «Había ideas que no me sentía capaz de enseñar, a pesar de que eran completamente legales. Estoy segura de que a otros colegas les ocurrió lo mismo».

La OfS identificó varios elementos problemáticos en la política de igualdad trans de la universidad, como la exigencia de que el material académico «representase positivamente a las personas trans» o la afirmación de que la «propaganda transfóbica no sería tolerada». Según el regulador, este tipo de redacciones no sólo resultan ambiguas, sino que crearon un entorno hostil a la pluralidad de opiniones. «Nos preocupaba que muchas más personas en la universidad, tanto estudiantes como personal, se autocensuraran sin que se sepa públicamente», dijo Ahmed.

La reacción de la universidad a la noticia de la multa no se hizo esperar. La vicerrectora Sasha Roseneil calificó el fallo como «una definición absolutista e irrazonable de la libertad de expresión» y ha anunciado que recurrirán el fallo. «La OfS está decretando el libertarismo como principio fundamental de las universidades británicas», declaró. «Esto nos deja sin herramientas para proteger a los colectivos vulnerables frente al acoso, los estereotipos dañinos o los discursos que, aunque no sean ilegales, pueden causar daño».

Roseneil también criticó el proceso de la investigación. «La OfS se negó a reunirse o hablar con nadie de la universidad. Sólo entrevistaron a una persona en tres años y medio. No es justo ni riguroso», denunció.

Desde el gobierno, la ministra de Educación, Bridget Phillipson, respaldó el fallo: «La libertad de expresión y la libertad académica no son negociables en nuestras universidades. Si vas a la universidad, debes estar preparado para que te desafíen, para escuchar opiniones contrarias a las tuyas y para enfrentarte a verdades incómodas».

Y es que la figura de Kathleen Stock ha crecido precisamente en ese terreno. Desde su salida de Sussex, ha continuado escribiendo y dando conferencias. En 2021 fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a la educación, y hoy forma parte del núcleo fundacional de la University of Austin, en Texas, una nueva institución nacida con un objetivo claro: dar refugio académico a quienes han sido marginados por expresar ideas impopulares. «La Universidad de Austin acoge a quienes han sido tratados como criminales del pensamiento», explicó Stock. «Es un lugar donde se puede disentir sin miedo». Allí comparte aula y misión con otros académicos que han vivido procesos similares: escritores, científicos y filósofos cancelados por desafiar dogmas ideológicos.

«La experiencia en Sussex fue como un sueño de ansiedad surrealista», ha dicho Stock en declaraciones a la prensa local. «Todo lo que había estudiado, todo lo que había enseñado sobre el valor del pensamiento crítico, se vino abajo de golpe». Ahora, un organismo público ha trazado una línea roja y ha dicho que, aunque la inclusión y la protección de las minorías son fundamentales, la libertad de pensamiento no puede ser sacrificada.

Helen Joyce, activista por los derechos basados en el sexo y directora de Sex Matters, una organización británica de defensa de los derechos humanos centrada en la importancia del sexo biológico en la legislación, las políticas públicas y la vida cotidiana, lo resumió así: «Es gratificante ver a la profesora Kathleen Stock reivindicada después de haber sido acosada y empujada al exilio académico. Este fallo hará que muchos rectores se lo piensen dos veces antes de dejar que el activismo ideológico dirija sus políticas».