El Ministerio de Cultura forzó a Madrid a proteger la casa de Aleixandre pese a los informes negativos

Después de la visita, Uribes envió una carta a la consejera de Cultura de Madrid, Marta Rivera de la Cruz , instándola a tomar «medidas urgentes» y «coordinadas» para que Velintonia fuera BIC. La consejera, en diciembre de 2020, ya le había anticipado, también por correo, que durante los últimos diez años se habían emitido diversos informes que desaconsejaban las figuras del BIC o BIP para proteger la casa, por lo que no se podía incoar ningún expediente: «Entendemos que la protección de este bien carece de fundamento jurídico y técnico».

Dos meses después, la postura de la consejera seguía siendo la misma, pero «ante la insistencia» del PSOE y tras recibir el oficio de Uribes, solicitó al ministerio la emisión de un informe para volver a estudiar la protección patrimonial de la casa. Finalmente, el 6 de julio de 2021, la entonces directora general de Bellas Artes, Dolores Jiménez-Blanco , dependiente del ministerio, envió a Madrid «un informe técnico que sostiene la necesidad de declarar Velintonia BIP» , el segundo nivel de protección contemplado en la ley, por la «especial significación histórica» del inmueble.

Fue entonces cuando la Asociación de Amigos de Aleixandre (AAVA) solicitó la declaración BIC de manera formal por primera vez, después de haberlo hecho «en infinitas ocasiones, por distintos medios de comunicación, a lo largo de los años, y de forma directa y expresa» en una reunión. Solo la incoación «urgente» del expediente, según la AAVA, «evitaría su destrucción» y «obligaría a sus titulares a su conservación».

A finales de julio de 2021, Miquel Iceta , que se estrenaba como ministro de Cultura, urgió a Rivera de la Cruz a seguir las indicaciones del informe de Bellas Artes que defendía el BIP . La diferencia entre una figura y otra es que la elegida por el ministerio no vincula Velintonia con ninguna actividad cultural concreta y permite algunas modificaciones arquitectónicas que el BIC impediría. Rivera de la Cruz respondió al ministro que su departamento agilizaría «lo máximo posible» los estudios previos para incoar el expediente antes de finalizar el año, como terminó ocurriendo. Ninguna administración había dado este paso en más de tres décadas.

Toda este intercambio de comunicaciones, a las que ha tenido acceso ABC, figuran en el expediente iniciado en noviembre y publicado en el BOCM en diciembre. En cambio, no hay en él ninguna referencia a la posible venta en subasta pública de Velintonia , decretada por un juez el pasado mes de abril tras años de desavenencias entre los herederos, que han impedido su compra pública o privada. Esta subasta sigue pendiente de ejecución.

Según la rama de los Merlo-Usera , propietarios del 40 por ciento del chalé, esta urgencia y el cambio de criterio en los informes tiene que ver con la decisión judicial. Después de años sin llegar a ningún acuerdo con la otra heredera, Amaya Aleixandre , que tiene el 60 por ciento restante, en agosto de 2020 procedieron a pedir la extinción del condominio existente sobre la casa. La sobrina segunda fue notificada en diciembre y en enero se allanó, para la sentencia del mes de abril.

«Oh, casualidad», dicen los Merlo-Usera. Ellos están convencidos de que la subasta es lo que ha provocado la incoación del expediente BIP de Velintonia. En los próximos días alegarán contra la protección patrimonial porque entienden que la casa no tiene valor artístico y están dispuestos a ir al Tribunal Supremo, si es necesario . Añaden además que sobre la casa pesa un fallo judicial del que informaron a ministerio y comunidad. La directora general de Patrimonio, Elena Hernando , les respondió que la declaración BIP «es independiente del procedimiento judicial» y no impide la venta de Velintonia.

La anotación preventiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural, no obstante, asegura que mientras se resuelve el expediente la casa contará con una protección que no ha tenido durante décadas. Algo que, según los Merlo-Usera, deprecia el valor del inmueble. La comunidad tiene cinco meses para la resolución definitiva del procedimiento, y lo hará con al menos dos alegaciones contrarias: de estos herederos y de la AAVA, que insiste en el BIC. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando no ha enviado ningún informe, con lo que se entiende que está de acuerdo con el BIP. La Real Academia de la Historia se pronunció hace unos días, aunque fuentes de la institución rehusaron dar a conocer su veredicto.