El dilema de Jaume Matas: tiene que escoger cárcel para su condena
El expresidente balear deberá decidir esta semana en qué centro penitenciario ingresará para cumplir nueve meses de condena
El pasado viernes, el Consejo de Ministros adoptó una decisión esperada, no conceder finalmente el indulto al expresidente balear Jaume Matas . Esta semana, será el propio Matas el que deberá tomar otra decisión relevante en relación a este asunto, escoger el centro penitenciario en el que deberá cumplir los nueve meses de cárcel fijados por el Tribunal Supremo por su primera condena judicial en firme, por tráfico de influencias en relación a la contratación y a la entrega de subvenciones a un periodista amigo que le escribía los discursos.
Las posibles ciudades candidatas para resolver el dilema que ahora se le plantea a Matas son de momento sólo dos, Madrid y Palma, si bien es la primera la que parece contar hoy con más posibilidades para ser finalmente la elegida por el expolítico mallorquín .
Matas vive desde hace varios años en la capital de España con su mujer, Maite Areal, en donde ha podido llevar una vida más bien discreta y alejada de la presión mediática. Su condena no está vinculada, además, a su etapa como ministro de Medio Ambiente, sino a su segunda legislatura como presidente del Gobierno balear, entre 2003 y 2007, circunstancia que también puede pesar psicológicamente a la hora de querer estar alejado de un entorno físico -la isla de Mallorca- que desde hace ya algún tiempo no trae excesivos buenos recuerdos a Matas.
Al fin y al cabo, la primera condena del expresidente balear ha sido en el marco de la pieza separada número dos del llamado «caso Palma Arena», equipamiento deportivo que no se encuentra demasiado alejado del nuevo centro penitenciario provincial. Otra coincidencia sin duda poco agradable es que dicho centro fue inaugurado en 1999, durante la primera etapa de Matas como mandatario balear. Las hemerotecas, siempre tan oportunas, han rescatado estos días imágenes del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y del entonces presidente del Ejecutivo autonómico recorriendo las nuevas instalaciones penitenciarias de Palma.
Por último, podría pesar ahora quizás también bastante en el ánimo de Matas recordar la rueda de prensa que en la tarde del 23 de julio del pasado año dio en la zona turística de la Colonia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines, donde cada verano pasaba sus vacaciones. Ese día, por la mañana, el Tribunal Supremo había decidido rebajar parcialmente la condena inicial de seis años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Provincial de Palma a Matas en marzo de 2012 por la pieza número dos del «caso Palma Arena».
Larga batalla judicial
El Alto Tribunal decidió entonces -con un único voto particular en contra- absolver a Matas de los delitos de fraude, falsedad y prevaricación, por lo que sólo mantuvo la condena por el delito de tráfico de influencias, que suponía una pena de nueve meses y un día de prisión, más una multa de 6.000 euros. Con esa significativa reducción en la pena impuesta, el expresidente autonómico podría haber evitado en principio su ingreso en prisión, ya que la nueva condena estaba por debajo de los dos años que fija la ley para que una persona deba entrar obligatoriamente en la cárcel.
Sin embargo, paradójicamente, Matas pareció condenarse sin remedio a sí mismo en la tarde de aquel 23 de julio, cuando lanzó duras críticas contra la Audiencia Provincial de Palma, con afirmaciones como «el Supremo ha reconocido que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial no se correspondía con la realidad», o al calificar como «totalmente injusta y desmesurada» la resolución inicial de la Audiencia, o al afirmar que se había demostrado que los jueces de la Sala «al final se han equivocado».
Unas semanas después, la defensa del antiguo dirigente del PP balear propuso a la Audiencia Provincial la sustitución de su condena de nueve meses por el abono de 20 euros diarios de multa durante un total de 542 días. Pero la suerte -judicial y carcelaria- de Matas parecía estar ya echada. El pasado mes de octubre la Audiencia Provincial dictaba un duro auto en el que denegaba la suspensión de la pena privativa de libertad para el expresidente, al considerar que «el daño social causado y el quebranto de la integridad y dignidad de las instituciones públicas, no se satisface con el pago de una multa de 10.840 euros». Asimismo, se hacía mención a la supuesta falta de arrepentimiento de Matas, «que ni tan siquiera ha reconocido la comisión del delito y ni acepta la sentencia, habiendo efectuado manifestaciones públicas en las que reitera su inocencia».
La Audiencia Provincial se ratificó en su postura en diciembre, momento en el que la defensa de Matas optó por presentar una petición de indulto ante el Gobierno central y luego un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha sido resuelto.
Si aquel 23 de julio supuso para Matas el inicio de un camino que finalmente le ha conducido ahora a la cárcel, fue también una fecha clave para la expresidenta del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar , que ese mismo día fue condenada por la Audiencia Provincial a seis años de prisión por los delitos de fraude y revelación de secretos en el marco del «caso Can Domenge», en el que se investigaba la supuesta venta irregular de los terrenos del mismo nombre. Unas horas después, Munar ingresó en el centro penitenciario de Palma, donde todavía permanece. Aun así, al menos ella no tuvo que hacer frente al triste dilema que en los próximos días deberá afrontar Jaume Matas.
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