El Supremo de EE.UU. mantiene el acceso a la principal píldora abortiva
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos tumba el derecho al aborto
El Tribunal Supremo de EE.UU. ha desestimado este jueves un intento de limitar el uso de la mifepristona, las pastillas abortivas más utilizadas. La sentencia fue tomada por unanimidad de sus nueve jueces -seis nombrados por presidentes republicanos, tres por presidentes demócratas- y mantiene la regulación y el acceso a un formato de aborto al que recurren cientos de miles de mujeres estadounidenses todos los años.
Según los datos del Instituto Guttmacher, el año pasado se realizaron 642.700 abortos, el 63% del total, a través de este tipo de pastillas. La expectación sobre la decisión del Supremo era enorme en EE.UU. Se trataba de la primera toma de consideración de los magistrados sobre un tema relacionado con el aborto desde 2022, cuando tumbaron las protecciones constitucionales al acceso al aborto establecido en la década de 1970 por la sentencia 'Roe v. Wade'.
Aquella decisión, en esencia, devolvió a los estados la capacidad de establecer o eliminar el acceso al aborto. De manera inmediata, entraron en vigor leyes que prohíben el aborto o que establecen restricciones muy duras. En estos momentos, el aborto está prohibido en catorce estados y está limitado a seis semanas de embarazo en otros tres.
La sentencia tuvo un impacto político fuerte: los republicanos lograron resultados muy por debajo de lo esperado en las elecciones legislativas de 2022 y, desde entonces, varios estados conservadores han visto cómo se han aprobado referéndums para garantizar el acceso al aborto.
En la decisión sobre pastillas abortivas, el Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión y ha desestimado el intento de limitar el acceso a las pastillas por considerar que los demandantes no tienen base legal para reclamar esa limitación.
Los demandantes, un grupo de médicos anti-abortistas, demandaron a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en sus siglas en inglés) por considerar que la agencia gubernamental no había considerado los riesgos a la salud de manera adecuada por tres motivos: alargar en 2016 el uso de la mifepristona hasta las diez semanas de embarazo, permitir que lo recetaran profesionales médicos que no son doctores y permitir que las pastillas se envíen de forma directa a los pacientes por correo.
Un tribunal inferior con carácter conservador dio la razón a esta organización de médicos y ahora el Supremo da la vuelta a esa decisión y no modifica la regulación establecida por la FDA al considerar. Los magistrados fundamentaron su decisión en la cuestión de si los médicos tenían o no legitimidad para establecer la demanda y concluyen que no por no haber sufrido un daño directo suficiente por parte de la regulación de la FDA.
La mifepristona es un fármaco que se utiliza de forma legal desde la década de 1980, cuando fue aprobado para su uso por primera vez en Francia. En EE.UU. se legalizó en 2000 y su uso se ha disparado en los últimos años, en especial, tras las restricciones derivadas de la sentencia de 2022 y por el desmantelamiento de buena parte de la infraestructura de clínicas abortivas en estados conservadores.
Los abortos que se practican fuera de los estados donde residen las mujeres que los reciben -ya sea por un procedimiento médico o para obtener pastillas abortivas- se han multiplicado por dos desde 2019 por esas restricciones.
Al no entrar en el fondo de la cuestión, la sentencia del Supremo no cierra la puerta a que la batalla contra las pastillas abortivas continúe en EE.UU. Hay otras regulaciones restrictivas, como la decisión de Luisiana de incluir a estas pastillas dentro del grupo de drogas peligrosas o adictivas, que podrían acabar en el alto tribunal.
«Es un día triste para todos los que valoramos la salud de las mujeres y las vidas de los niños no nacidos, pero la lucha para poner fin a los peligrosos medicamentos de aborto por correo no se ha acabado», reacción Katie Daniel, directora de regulación de Susan B. Anthony Pro-Life America, una de las grandes organizaciones anti-aborto, que calificó la sentencia del Supremo como «profundamente decepcionante».
«Los ataques a las pastillas abortivas no acabarán aquí», dijo Nancy Northup, presidenta del Centro para Derechos Reproductivos, que busca proteger el acceso al aborto. «Esto no es una victoria para el aborto, solo mantiene el actual 'statu quo', que es una crisis de salud pública en la que catorce estados han criminalizado el aborto».
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