La Sociedad de Oncología denuncia que «en ocasiones» no se autorizan tratamientos por su coste en la medicina privada

En ese documento, SEOM subraya que «la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora».

Además, la Sociedad de Oncología denuncia «una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos».

El comunicado ha sido remitido por el presidente, el doctor César A. Rodríguez, y estas conclusiones se apoyan en la tarea que lleva realizando desde 2021 el grupo de Trabajo de Asistencia Oncológica en la Medicina Privada, y al que ayer le encargó como tarea «prioritaria» analizar las denuncias de los oncólogos sobre las prácticas de Atrys Bienzobas. Ese grupo de trabajo, explica el presidente de SEOM, propuso «el cumplimiento y seguimiento de las indicaciones terapéuticas aprobadas por las agencias reguladoras y recomendadas en las Guías de Práctica Clínica reconocidas».

Sin embargo, la entidad denuncia en esta segundo comunicado que «percibe una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos».

El presidente de SEOM ha querido «respaldar la labor que hacen los oncólogos médicos de nuestra Sociedad con independencia del ámbito de actuación, sea privado o público» y enviar un mensaje de confianza y tranquilidad a los pacientes. «Confiamos en el rigor y la profesionalidad de la actividad de nuestros socios en base a estándares de calidad contrastados y Guías de Práctica Clínica reconocidas, entre otras las que elabora la propia SEOM», añade.

En cuanto a la investigación que decidió abrir este lunes, el presidente de SEOM señala que el trabajo se centra ahora en «recopilar toda la información disponible, analizarla y poner todo el esfuerzo y recursos en la salvaguarda de los facultativos oncólogos, en su libertad de prescripción basada en las mejores evidencias y guías, así como en los derechos de los pacientes a recibir el mejor tratamiento».

También la Fundación Eco (Excelencia y Calidad en Oncología) ha manifestado su «máxima preocupación» por la situación, que consideran que «atenta» contra los derechos fundamentales de los pacientes.

Por ello, la Fundación Eco considera el tema de «máxima delicadeza» y exige una investigación profunda por parte de las autoridades competentes para cuantificar el impacto real, identificar las causas y a los responsables y llevar a cabo medidas que permitan acabar con esta situación.

El sistema sanitario, recuerda la fundación en un comunicado, cuenta con una serie de organismos que evalúan, controlan, autorizan y realizan un seguimiento sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos. En el momento en el que un tratamiento es autorizado e incluido en la financiación pública, sentencian, «no debería negársele a ningún paciente».

«La salud de los pacientes es nuestra razón de ser. Por ello, nuestra posición es contundente: los pacientes siempre han de recibir el mejor tratamiento disponible posible», concluye el comunicado de la Fundación Eco, que reitera a las autoridades su disposición para aportar la información de la que dispone, así como para contribuir en la articulación de medidas y soluciones «ante esta situación de gran impacto y que nos genera una especial preocupación».