El desahucio de Carlos, el niño que creció en un colegio y se quedó a vivir en él

En Badajoz se está viviendo una situación ciertamente insólita. Un colegio, el reconocido CEIP Juan Vázquez, se ha rebelado para tratar de evitar el desalojo de un hombre al que consideran su «conserje». Carlos Orellana, que así se llama, ha formado parte del día a día del colegio desde hace 47 años, cuando empezó a residir en la vivienda de la que, ahora, le quieren sacar.

La casa de Carlos fue antes de su padre, que, en su tiempo, ejerció como conserje del colegio Juan Vázquez. Él, junto a sus hermanos, creció en esa vivienda, que considera su hogar y se ubica dentro de las instalaciones del propio colegio. En la ciudad, no es el único caso. Todo porque, en su día, era común que los conserjes viviesen dentro de los centros educativos. Una práctica que se ha extendido a sus familiares con el paso de los años, pese a que el gobierno local recuerda que todos ellos tenían un «permiso temporal».

El Ayuntamiento de Badajoz, en esta línea, asegura que hace un año le comunicó a este hombre que debía empezar el «proceso» de desalojo por «no pertenecer a la comunidad educativa». De ahí, dicen, surge la necesidad de que tenga que dejar la que ha sido su casa todos estos años, recalcando que este permiso «gratuito y temporal» se concedió en su día a personas que entendían en una situación «vulnerable y con necesidades especiales», como es el caso de Carlos Orellana.

A partir de este punto, en el que el ayuntamiento dice limitarse a aplicar la normativa, el propio consistorio está trabajando en alternativas habitacionales para Carlos. Alternativas que, sin embargo, su familia ha rechazado. Una de ellas, en una pedanía de Badajoz, a kilómetros del casco urbano; la otra, en un bloque sin ascensor. «Mi tío no puede vivir ahí, él tiene ciertas necesidades, no puede subir esas escaleras», asegura Lorena, su sobrina, que cuenta a ABC que su tío padece varias dolencias, además de tener obesidad mórbida.

Carlos no es oficialmente el conserje del Juan Vázquez, aunque todos consideren que forma parte del día a día del colegio. «Si hay que abrir una puerta, si faltan unas llaves, si hay que ayudar con cualquier cosa, ahí está Carlos», defiende su sobrina. No forma parte de la comunidad educativa, como esgrime el ayuntamiento, pero sí es una pieza reconocida por niños, padres y profesores. Tanto es así que, ante la decisión del consistorio, se han organizado manifestaciones para intentar evitar el desalojo: «Alcalde, queremos a Carlos», rezaba en una de las pancartas presentes en la concentración del pasado lunes.

Las manifestaciones que se han organizado hasta la fecha han contado, también, con el respaldo de buena parte del barrio de San Fernando y con la presencia de un emocionado Carlos, ya de 62 años de edad: «No me quitan mi casa, me quitan mi historia», decía. Su familia asegura, en este sentido, que lleva casi medio siglo en la vivienda, que «no conoce otra cosa» y que el colegio «es su vida». No obstante, el contrato con el ayuntamiento, con ese «permiso temporal», existe desde el año 2005.

La familia de Carlos, que no entiende este movimiento «después de 20 años», ya sabe que, una vez llegue la carta de desahucio, este hombre tendrá un mes para abandonar la vivienda. Es por ello que se han producido reuniones y «acercamientos cordiales» con el ayuntamiento, que dice seguir buscando alguna alternativa habitacional «acorde a sus necesidades».

La concejal de Servicios Sociales, Ana María Casañas, tuvo que comparecer ante los medios este martes para mitigar la presión que estaba sufriendo el consistorio en redes sociales, donde se ha formado una gran campaña en grupos de vecinos de la barriada de San Fernando. Casañas que se abrió paso entre las críticas respetando, ante todo, «la ola de solidaridad» que se había desatado en torno a la figura de Carlos.

«No vamos a echar a nadie a la calle a su riesgo y ventura», decía Casañas, que volvía a subrayar la «preocupación» del ayuntamiento: «Estamos trabajando para darles a todas las personas, no solo a ésta, una solución habitacional, para que puedan continuar con su vida y sus necesidades». De igual manera, la concejal aseguraba que en ningún caso se le ha dicho que tenga que «abandonar su casa», pero sí de iniciar el proceso para que, finalmente, acabe desocupando una vivienda que debería, dice, tener un «fin educativo».

En este sentido, la sobrina de Carlos asegura a ABC que uno de los motivos que les da el consistorio, el que se refiere al «uso educativo» de la vivienda, no se sostiene. El colegio ha transmitido a la familia de Carlos que no necesitan «ese espacio» y que, ante todo, prefieren seguir contando con Carlos: «Suma muchísimo más que resta», dice.

Lorena Orellana, que como sobrina ha encabezado las protestas y manifestaciones, apela a la sensibilidad del ayuntamiento y sueña con poder revertir la situación: «Mi tío ha crecido en esa casa, ha abierto las puertas a todo el mundo, ha ayudado siempre, no conoce otra cosa, el colegio es su historia (…) tanto que ha visto alumnos que después han sido padres y después abuelos, conoce cada rincón del Juan Vázquez».

Con todo, el desalojo parece difícilmente evitable, pese a las manifestaciones y el respaldo de la comunidad educativa. El ayuntamiento parece decidido a aplicar la normativa, aunque siempre aportando una alternativa en la que ya trabajan los trabajadores sociales de consistorio en comunicación con la familia de este hombre que, para bien o para mal, está copando la actualidad de Badajoz.