Procesan a dos directoras y una trabajadora de residencias de mayores en Sevilla por maltrato durante el coronavirus

En esta causa se encuentran investigadas la titular de la residencia La Alegría, en Carmona, y San Lorenzo, en Alcalá de Guadaíra, y la titular de la residencia Santa Ángela, en este segundo municipio, así como una trabajadora de este último centro. Las tres se acogieron a su derecho a no declarar durante la instrucción de la causa.

Esta investigación tiene su origen en el trabajo de supervisión de la situación de las residencias de ancianos en Sevilla durante la pandemia que llevó a cabo el fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad en Sevilla, Norberto Sotomayor, impulsor de estas denuncias.

De hecho, en la causa obra todo el trabajo de investigación realizado por la Fiscalía en este asunto, material gráfico y audiovisual sobre las condiciones en las que vivían los ancianos, las declaraciones de los testigos, las actas de la inspección de la Junta de Andalucía, etc.

Precisamente, para destapar esta situación también fue relevante el trabajo de los inspectores de la Administración autonómica. Fue en marzo de 2021 cuando el Ministerio Público llevó este asunto a los juzgados tras meses de labor inspectora de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que llegó a ordenar en enero de 2021 el cierre cautelar de dos de las tres residencias.

Durante la instrucción se ha escuchado el testimonio de algunas trabajadores de estos geriátricos. Una trabajadora de las residencias La Alegría de Carmona y de San Lorenzo de Alcalá relató que la comida era «escasa» y había «dejadez» en la atención a los residentes. No había agua caliente y había que calentar el agua para duchar a los abuelos.

Añadió que la higiene de los abuelos era «muy mala» y los colchones «deficientes». Admitió que se dieron traslados de ancianos entre residencias, a pesar de estar prohibido por la Junta en plena pandemia, siendo éste uno de los motivos que desencadenó la investigación de la Fiscalía y la inspección del Gobierno andaluz.

Otra enfermera apuntó que se sobrepasó el aforo del centro pasando de treinta a cuarenta ancianos, que venían de Santa Ángela. Aseguró que se estaban incumpliendo normativa legal y administrativa. También admitió los traslados de ancianos, a los que tenían todo el día en pijama. Y aportó un duro dato: con la llegada de una de las investigadas como gestora «los abuelos se infectaron y luego fallecieron por el Covid-19».

No sólo denunciaron el caso trabajadores sino también familiares de residentes, algunos de ellos cuyos intereses defiende el letrado José Luis Escañuela. Según señala el juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona en el auto de procedimiento abreviado, «se produjeron graves incumplimientos de las normas sanitarias en la época del Covid-19, con traslados indebidos entre las residencias afectadas, con un grave riesgo para la salud y sin cumplir el mínimo de garantías sanitarias». Pero además dos de las acusadas, la directora de Santa Ángela y una empleada, «manipularon el 'Plan de Contingencia' del centro».

El instructor añade que en las tres residencias afectadas «se detectaron graves ataques a la dignidad de los residentes y su salud, con irregularidades administrativas, uso de estufas no autorizadas, trabajadores sin contrato, traslados entre residencias, más personas de las autorizadas, suciedad, falta de control de medicación, pañales con excrementos abandonados, ancianos sin pijama o vestidos con ropa de calle acostados, ropa de cama sucia o mojada, bolsas rellenas con papeles como almohadas, detección de incendios que no funcionan falta de agua caliente, comidas insuficientes, mal estado de la cocina, ausencia de plan de contingencia, descontrol en las prescripciones y suministros farmacéuticos, cambios injustificados de los tratamiento, falta de historia clínica, defectos en la conservación de alimentos y productos de limpieza, estancia de mayores en dependencias no adecuadas, menús no adecuados y no correspondientes con el visado, falta de personal, etc.».

La tercera investigada, que dirigía los otros dos centros, «manipularon» los certificados Covid-19 en su poder. Para el juez, de lo actuado en la causa hasta la fecha se constata que «existe una conexión íntima entre las tres investigadas, los hechos y los delitos, así como las víctimas y las pruebas».

Además, existe un concierto de voluntades puesto que se produjo un trasvase de residentes entre las tres residencias y los residentes de las mismas «sufren un trato degradante-vejatorio y proceden de una residencia, donde los sufren y son trasladados a otras donde continúa esta situación».