Las empresas fotovoltaicas compensarán a los agricultores para que protejan las aves esteparias

Los agricultores de Osuna, municipio con 11.500 hectáreas de ZEPA, serán los primeros en recibir esta compensación económica. No tendrán que solicitarla a ningún organismo y es complementaria a la PAC (Política Agraria Común). Ambas partes deben firmar un convenio marco que se actualizará cada cinco años.

El convenio marco entre el agricultor y la empresa fotovoltaica lo está preparando ASAJA. Esta asociación, representante de los agricultores, lleva años dirigiendo a la administración regional las quejas planteadas por los propietarios de tierras de especial protección obligados a seguir una serie de pautas para el cuidado de las denominadas aves esteparias.

«La problemática que nos traslada Asaja es que todos los agricultores de la campiña quieren transformar sus fincas al cereal, olivar o almendro, y se les niega por ser zonas de especial protección», explica la delegada territorial de Agricultura, Isabel Solís en un acto del PP celebrado en Arahal.

La idea surgió cuando Agricultura y Medio Ambiente eran una sola consejería. Tal como lo describe Solís, «optamos por unir las obligaciones que tienen con el medio ambiente las empresas fotovoltaicas y las necesidades de los agricultores que no reciben ninguna compensación por las acciones que llevaban a cabo en sus tierras».

Ambas consejerías están ahora separadas pero llevan dos años trabajando en consolidar esta idea que surgió cuando comprobaron como en la empresa minera Cobre Las Cruces, después de obligarlos a preparar un terreno para estas aves, la avutarda acabó 15 kilómetros más lejos.

Sin embargo, añade la delegada, «la presencia de la avutarda en la campiña va aumentado; es un ave acostumbrada al ruido del tractor y los agricultores hacen bien estas cosas, por lo que se nos ocurrió compensarlos». Las empresas fotovoltaicas tienen que crear un departamento ambiental, contratar a técnicos agrónomos, lo que les provoca también incertidumbre a la hora de cumplir las acciones compensatorias que les impone la Ley Gica (Gestión Integral de la Calidad Ambiental), ya que no es su especialidad.

Dicha ley condiciona la tramitación ambiental de las empresas en función a su catalogación. Solís cuenta que han tardado dos años en implantar esta compensación porque es el tiempo que han necesitado estas empresas en terminar todo el proceso de autorizaciones con distintos organismos, incluido la Junta de Andalucía. «Hubo una avalancha de solicitudes, ahora entre 10.000 y 12.000 empresas fotovoltaicas están a punto de aprobarse en la provincia de Sevilla». Razón por la que las primeras compensaciones comenzarán a entregarse ya en este año.

Serán las empresas fotovoltaicas las que llamen al agricultor. Los ayuntamientos los pondrán en contacto cuando tengan que tramitar la licencia de obras, que es el último paso del proceso de documentación antes de instalarse.

Por tanto, esta compensación económica la recibirá el agricultor por aplicar las medidas compensatorias que imponga Medio Ambiente, es decir, cuidar el hábitat de las aves esteparias que anidan en la zona. A cambio la empresa instaladora de placas solares se ahorrará la contratación de personal para el cuidado de un terreno en su entorno al que están obligadas por la mencionada ley que desarrolla un régimen de responsabilidad de daños ambientales y las amenazas inminentes de tales daños.

«El agricultor se quedará la cosecha y la nueva compensación es un dinero extra que va a recibir por no poder transformar, aunque estará obligado a cumplir las condiciones que estipule la consejería de Medio Ambiente Y la empresa ahorrará infraestructura y un trabajo que hace mejor el agricultor», apunta la delegada del sector.

En total son 32.000 hectáreas de especial protección repartidas por 14 municipios de la provincia de Sevilla, además de Osuna, estas zonas están ubicadas en Carmona (5.600 hectáreas), Écija (4.000), Paradas (2.600), Sanlúcar la Mayor (2.565), Marchena (1.901), Olivares (1.750), Aznalcóllar (739), Fuentes de Andalucía (604), Salteras (549), Albaida del Aljarafe (218), Arahal (148), Gerena (117) y Lantejuela.

Los agricultores propietarios de estas tierras están obligados al mantenimiento de los cultivos herbáceos de secano, el barbecho en un 25 % del terreno y el rastrojo hasta un mes antes de la siembra siguiente; a la siembra de leguminosas de secano en un 10 %; a no realizar trabajos agrícolas durante los meses de marzo, abril y mayo y, una vez finalizada la cosecha, no se puede hacer nada en julio, agosto y septiembre.

El proyecto Life esteparias fue el primero que se puso en marcha en Andalucía para la protección de estas aves que habitan en la campiña.

Estuvo en vigor cuatro años, de 2010 a 2013, e incluía acciones para la conservación y sensibilización de una variedad de aves entre las que se encontraba la avutarda, cernícalos, aguilucho, cenizo, alcaraván común, ganga ortega, carraca europea y canastera.

Algunas de las medidas entonces tomadas, fueron la disponibilidad de alimento, desarrollar modelos de gestión de habitar, contribuir a la diversificación del paisaje agrario, aumentar las posibilidades de nidificación o generar una visión positiva de las zonas de especial protección con iniciativas de turismo de naturaleza.