Cabeza fría
12.394 menores agresores, impunes
La respuesta del sistema a las víctimas de menores de 14 años es que no hay respuesta. Si hay condena, es para ellas
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«No tiene responsabilidad penal dado que solamente a partir de los 14 años puede ser exigida responsabilidad penal por hechos tipificados como delitos e infracciones graves. Se acuerda el archivo de las presentes diligencias de investigación». Así es como las miles de víctimas de ... agresiones que cada año cometen los menores de 14 años en España descubren que a su atacante no va a pasarle absolutamente nada. Ese párrafo textual es el final de los decretos de archivo que los fiscales investigadores remiten a estas víctimas. En 2023 recibieron ese mazazo 12.394 personas.
El dato sale de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado y está creciendo porque la edad en la que se cometen los primeros delitos está descendiendo. Los menores de 14 años de hoy no son los mismos que los del 2000 cuando se aprobó la ley que regula su responsabilidad penal. Hace 24 años el acceso a contenidos violentos y pornográficos a través de los teléfonos móviles y tabletas no estaba generalizado. Pero el sistema no ha dado respuesta a este cambio de la realidad. Lo que en el 2000 podía ser una excepcionalidad es hoy una realidad que sufren cada día al menos 34 personas en algún punto de nuestro país. Esta cifra es el suelo porque no todos los atacantes son identificados y llegan a la Fiscalía.
La respuesta que el sistema da a todas esas víctimas es que no hay respuesta. Lo importante no es que su agresor pague por haberlas violado, pegado, lesionado, abusado sexualmente o, como hemos visto esta semana en Badajoz, matado. Lo importante es que se rehabilite. Pero demasiadas veces el sistema no pone los medios suficientes. ¿Y quién piensa en las víctimas? ¿Quién las rehabilita? ¿Quién las compensa? Y sobre todo ¿quién las protege de no volver a ser víctimas del agresor que ahora tiene la experiencia de que le sale gratis? La respuesta vuelve a ser que no hay respuesta. En un elevado número de casos ni siquiera reciben ayuda psicológica hasta que pasan varios meses porque tampoco hay medios suficientes para ellas: los servicios sociales están desbordados.
Muchas veces las víctimas son mujeres. Muchas otras, niños o niñas, chicos o chicas. También ancianos. A veces no sufren la violencia de solo un atacante sino de un grupo. Hay agresores que son vecinos, compañeros de colegio o instituto, familiares. Cuando esto sucede la condena es para la víctima: a seguir encontrándose con él. En el ascensor, en los baños del colegio o en la parada del autobús. Cuando y donde menos se lo espere. Reviviendo la agresión en cada encuentro. Sabiendo que a su agresor nunca va a pasarle nada, que no hay horizonte alguno de castigo. Viviendo con el miedo a que quizás se burle cualquier día o lo cuente en grupo y todo el portal, el barrio o el centro educativo comente lo que cualquier víctima tiene derecho a mantener en el más íntimo secreto. Ni siquiera eso se protege. Todo es indiferente. Si los agresores son menores de 14 años la respuesta de la Fiscalía es invariable. Buscar la rehabilitación es un camino correcto pero no puede hacerse dejando desamparadas a las víctimas.
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