Venezuela condena a 30 años de cárcel a una española presa por razones políticas

La justicia venezolana se ha ensañado de nuevo con el matrimonio Marrufo Tabosky al darles una condena de 30 años de prisión -la pena máxima- por supuestos delitos de financiamiento de terrorismo y asociación para delinquir. María Auxiliadora Delgado Tabosky (46 años) es venezolana y con nacionalidad española, y junto a su esposo, Juan Carlos Marrufo Capozzi (49 años), un militar venezolano retirado con nacionalidad italiana, han contado cada uno de los días de los tres años y ocho meses que llevan presos por razones políticas en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (policía política-DGCIM) en Caracas.

La sentencia la ha conocido el matrimonio a las 3:00 de la madrugada (hora local) de este viernes, cuya decisión los ha tomado por sorpresa porque se habían aferrado a su inocencia y en el deseo de quedar en libertad. Pero un Tribunal de Caracas les ha robado injustamente el anhelo y los ha regresado a prisión.

«En el expediente que se les acusa a ellos, no existe indicio ni pruebas jurídicas presentadas por la Fiscalía que los involucren en los delitos que les están imputando. La fiscal tenía suficientes elementos que indican la inocencia de ellos y teníamos la esperanza de que saldrían en libertad», ha dicho Osman Alexis Delgado, padre de María Auxiliadora y ciudadano español, a ABC, que pone además el acento en que la justicia venezolana violó todo el debido proceso.

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El matrimonio fue detenido en marzo de 2019 en su residencia en el estado Carabobo (centro del país) por supuesta conspiración y fueron enviados a Caracas. En octubre de ese mismo año quedaron en libertad tras recibir un permiso de la DGCIM, pero una contraorden de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los llevó de regreso a la cárcel con nuevos delitos: terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio de tipo frustrado, homicidio intencional calificado de ejecutado con alevosía y motivos fútiles e innobles.

La abogada Tamara Suju, quien es la representante legal internacional de los esposos, ha dicho en conversación con ABC que el régimen de Nicolás Maduro los mantuvo presos en todo este tiempo, sin sentencia, cuando debieron quedar en libertad por no haber pruebas que los involucrara.

«Estas personas están presas por ser familiar de otra persona que ellos (régimen chavista) están buscando y no han podido demostrar que están relacionados con los delitos (…) Yo creo que este es el primer caso en Venezuela de familiares que son sentenciados».

La fiscal no expuso los motivos de la sentencia, por lo que las bases legales para la condena las desconocen los acusados y la defensa. «La fiscal pidió que se apagaran las cámaras para que no se filmara el momento», ha especificado Suju, al tiempo que resaltó que con esta acción, sospecha que el régimen «está retando al sistema judicial internacional» porque el caso está en organismos internacionales como la ONU, la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de DD.HH., «y pese a eso los sentenciaron con 30 años».

El caso de María Auxiliadora camina en la Fiscalía Nacional de España. «Recientemente, recibí un comunicado de la Defensoría de España anunciando que el caso había sido admitido y que estarían tramitando distintas acciones para saber qué ha pasado al respecto en Venezuela», ha dicho Suju.

La Justicia venezolana ha aplastado la libertad de Delgado Tabosky, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho la vista gorda con la situación, así lo ha manifestado el padre de María Auxiliadora. En los últimos tres años, ningún funcionario se ha mostrado interesado en el caso de la venezolana con pasaporte español.

Delgado ha explicado que recientemente tuvo reuniones con el Ministerio de Exteriores. «He hablado también con la Embajada de España en Venezuela, con el Consulado, y el Gobierno de España no ha tomado cartas en el asunto contundentes para exigir la liberación de mi hija».

Ha dicho que las conversaciones que han tenido los diplomáticos en Caracas con la familia de María Auxiliadora han sido «infructuosas», sin embargo, reconoce que el régimen de Nicolás Maduro les ha negado a los representantes de España tener acceso a los expedientes.

El padre de la ciudadana española recordó que el último diplomático en Caracas en tener más cercanía con la familia y mantuvo vivo el caso fue el embajador Jesús Silva (2017-2021), «pero ahora no sé qué ha pasado que han dejado morir el caso y entiendo que debemos ser más agresivo cuando se trata de defender a nuestra gente (nacionales españoles)».

«Quiero exigirle al Gobierno de España que atienda el caso porque se están cometiendo injusticias. Los documentos del caso de mis hijos son públicos y ahí se determina la inocencia de ellos. Hemos estado en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, llevamos el caso a la Organización de Estados Americanos y hemos hablado incluso con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ya no sabemos con quién más hablar».