Trump 2.0: la Presidencia de la marcha atrás

El último golpe llegó desde los mercados. El desplome del Dow Jones, que cayó casi 700 puntos tras la última imposición de aranceles a Canadá y México, forzó el jueves un nuevo aplazamiento, el segundo desde febrero. Lo que inicialmente se anunció como una medida firme y sin excepciones ha terminado convirtiéndose en una moneda de cambio en una negociación donde la meta se ha ido desplazando constantemente. «Sin duda, habrá un período de turbulencias, una fase de ajustes», admitió Trump el jueves desde el Despacho Oval. Pero, aunque es consciente del impacto económico que sus aranceles provocarán a corto plazo, su margen de tolerancia ante el caos parece estrecharse rápidamente.

Trump ha pospuesto la aplicación total de los aranceles a Canadá y México debido a la presión de la industria automotriz, que depende de cadenas de suministro transfronterizas y teme una disrupción masiva en la producción y el empleo. Los coches ya comenzaban a subir de precio, las ventas bajaban, los vecinos presionaban.

Lo que México y Canadá ofrecieron a cambio de la marcha atrás de Trump en los aranceles sigue sin estar claro. Trump no ha ocultado su desprecio hacia Justin Trudeau, a quien ridiculiza llamándolo «gobernador» y sugiriendo que intenta aferrarse al cargo de primer ministro pese a haber anunciado su dimisión hasta las próximas elecciones.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habló con Trump por teléfono y le recordó que ha desplegado 10.000 soldados en la frontera, una medida que su predecesor ya había prometido tanto a Trump en su primer mandato como a Joe Biden después. Nada nuevo. En teoría, esos soldados están destinados a frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, pero los resultados son mínimos: en febrero incautaron apenas 53 kilos, una cifra insignificante frente a la magnitud del problema.

«Tened un poco de paciencia», dijo el presidente en su discurso ante el Capitolio el martes. La duda es qué paciencia tienen él y su equipo con sus propias medidas. En su primera hora en el Despacho Oval, el 20 de enero, Trump firmó un decreto ordenando a su equipo económico «reducir el coste de la vida». Su principal asesor económico tenía 30 días para presentar un informe detallado sobre la inflación y las medidas urgentes para contenerla. Han pasado casi 50 días y ni hay informe ni anuncios concretos. Mientras tanto, la realidad económica sigue su curso: el precio de una docena de huevos roza los cinco dólares, la inflación ha repuntado y se acerca al 3%, superando los niveles de finales de 2024 bajo Joe Biden.

En medio del torbellino de aranceles y turbulencias económicas, otro giro inesperado ha pasado casi desapercibido. La misma noche en que Trump se dirigió a la nación desde el atril del Capitolio, su Gobierno eliminó discretamente de sus servidores una lista de 443 edificios federales que había puesto en venta, la mayoría en Washington, la capital federal, pero también en Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

El plan, presentado semanas atrás, tenía un doble propósito: reducir el tamaño del Gobierno en consonancia con la ola de despidos y obtener ingresos mediante la venta de inmuebles. Entre los edificios figuraban joyas arquitectónicas, como la sede del Departamento de Desarrollo Urbano, un icónico ejemplo de brutalismo, junto a reliquias de una era de cemento y funcionalidad sin mayor valor estético, como la sede central del FBI.

Para miles de empleados federales, la incertidumbre era total. Quienes no fueran despedidos se enfrentarían seguramente a reubicaciones inciertas, sin saber si serían trasladados dentro de la misma ciudad, a otro estado o incluso al otro extremo del país.

No hubo explicación oficial sobre la retirada de la lista, ni un anuncio que aclarara el cambio de rumbo. Solo una escueta nota en la web del Gobierno señalando que el objetivo del presidente sigue siendo «reducir los costes de manutención del Gobierno» y que, en el futuro, algunas propiedades podrían ponerse a la venta.

Lo cierto es que muchos funcionarios tenían preocupaciones más urgentes. Anuncios de despidos en cascada, inspecciones sorpresa y visitas nocturnas del equipo de Elon Musk, rastreando redundancias con la avidez de un depredador. Jóvenes auditores en vaqueros y sudaderas irrumpían en oficinas con portátiles en una mano y teléfonos en la otra, dictaminando en minutos el destino de empleados que habían dedicado décadas al servicio público.

Para muchos, aquella no era una simple reestructuración, sino una purga implacable, disfrazada de eficiencia. Pero no es muy eficaz ordenar un despido para revertirlo en cuestiones de días.

Por ejemplo, Musk ordenó la destitución de más de 300 empleados en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la agencia encargada de mantener y proteger el arsenal nuclear de Estados Unidos. El caos fue tal que, apenas un día después, algunos de los despedidos fueron llamados de vuelta. El mensaje era claro: incluso en el frenesí de recortes de Trump, había líneas que no podían cruzarse sin poner en riesgo la seguridad nacional.

Pero no fue un caso aislado. Otras agencias experimentaron un mismo patrón de despidos impulsivos seguidos de rectificaciones de emergencia. La Administración de Alimentos y Medicamentos despidió a 700 empleados, incluidos expertos en seguridad alimentaria y dispositivos médicos, solo para reinstalar a decenas de ellos días después. En el Departamento de Agricultura, la crisis de la gripe aviar obligó a recuperar a trabajadores que habían sido cesados sin mayor contemplación.

Las emergencias dentro de EE.UU. han generado crisis inmediatas que han obligado a la Administración Trump a corregir el rumbo. Pero, cuando las decisiones afectan al extranjero, la reacción es distinta. La drástica reducción de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se ha llevado a cabo sin resistencia interna significativa, dejando a programas esenciales sin financiamiento y desmantelando equipos clave de respuesta ante crisis sanitarias globales.

Incluso Musk, cerebro detrás de este plan de recortes masivos, admitió en el primer encuentro del gabinete de Trump que hubo «excesos». Durante una reunión en la Casa Blanca, el magnate reconoció que su equipo «accidentalmente» había cancelado iniciativas para contener la propagación del ébola en África.

Intentó calmar a la población asegurando que se había solventado el error, pero funcionarios actuales y anteriores de Usaid desmintieron esa afirmación: los programas de prevención siguen congelados y los equipos de respuesta han sido desmantelados. La eliminación de fondos ha dejado a organizaciones como Unicef sin respaldo financiero para combatir brotes en Uganda y otras regiones vulnerables. Para muchos expertos en salud global, lo que ha hecho la administración no es solo un error burocrático: es una bomba que estallará en unos meses o años.

Pocas historias reflejan mejor el caos que rodea las decisiones de Trump que el caso de Mana, una pequeña organización de Georgia que fabrica alimentos a base de cacahuetes para niños con desnutrición severa. Primero, el Gobierno canceló su contrato, argumentando que su labor «no era de interés nacional». Días después, sin previo aviso ni explicación, Musk ordenó reactivar la producción de inmediato. Entre cambios apresurados en el empaquetado, costos adicionales e incertidumbre total, quedó claro que trabajar con la Administración Trump era un juego de azar. Y esto no fue más que un aperitivo, una mínima muestra de la volatilidad que puede marcar el rumbo de la primera potencia mundial.