Militares de Bolsonaro planearon envenenar a Lula en 2022
El plan incluía los asesinatos de su vicepresidente y del juez Alexandre de Moraes
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Un documento con detalles de un plan de asesinato del entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente, Geraldo Alckmin y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, fue impreso dentro del Palacio del Planalto, en diciembre de 2022, cuando ... el mandatario en ejercicio era Jair Messias Bolsonaro. Según la Policía Federal, que detuvo el martes a cinco agentes federales sospechosos de un golpe de estado, la impresión ocurrió en un horario en que Bolsonaro estaba en el Palacio. Uno de los planes era envenenar a Lula antes de que asumiera la presidencia.
El documento, llamado «Plj.docx», fue impreso por el general de reserva y exsecretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia de Jair Bolsonaro, Mário Fernandes, el 6 de diciembre de 2022, a las 18:09. Según el documento policial difundido en los medios el martes, el plan llamado 'Puñal verde amarillo' comenzó a diseñarse en una reunión celebrada el 12 de noviembre de 2022 en la residencia de Walter Braga Netto, general de confianza de Bolsonaro, entonces su asesor personal en el gabinete, que fue su ministro de Defensa y Jefe de la Casa Civil, de 2020 a 2021. En la reunión y en el plan fueron consideradas varias estrategias para asesinar a esas tres autoridades.
«Para la ejecución del presidente Lula, el documento describe, considerando su vulnerabilidad de salud y sus frecuentes visitas a hospitales, la posibilidad de utilizar envenenamiento o productos químicos para provocar un colapso orgánico», cita el documento.
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Para que el intento de golpe fuese exitoso, los sospechosos discutieron la necesidad de asesinar también al vicepresidente Geraldo Alckmin, que asumiría la Presidencia en caso de muerte de Lula. «Como, además del presidente, el dúo electo vencedor está compuesto, obviamente, por el vicepresidente, sólo en caso de eliminación de Geraldo Alckmin se extinguiría la plancha ganadora«, explica el plan.
Entre las ideas consideradas por el grupo estaba también envenenar al juez Alexandre de Moraes, que presidía en ese momento y con mano dura la Corte Electoral. Moraes era visto como un problema para el grupo que trataba de mantener a Bolsonaro en el cargo.
«Para la ejecución del ministro Alexandre de Moraes, se consideraron varias condiciones, inclusive el uso de un artefacto explosivo«, dice el documento
«Para la ejecución del ministro Alexandre de Moraes, se consideraron varias condiciones, inclusive el uso de un artefacto explosivo y el envenenamiento en un acto público oficial. Hay una mención a los riesgos de la acción, diciendo que los daños colaterales serían muy elevados, que la posibilidad de 'captura' sería alta y que la posibilidad de baja (término relacionado con la muerte en el contexto militar) sería alta».
Para los investigadores, los implicados admitieron incluso la posibilidad de morirse al ejecutar el plan. «En otras palabras, claramente para los investigados, la muerte no sólo del ministro, sino también de todo el equipo de seguridad e incluso de los militares implicados en la acción era admisible para cumplir la misión de 'neutralizar' el llamado 'centro de gravedad', que sería un obstáculo para la consumación del golpe de Estado», continúa el documento de la policía en un pedazo citado por el propio juez Moraes, que sigue el caso.
Operación contragolpe
La llamada Operación Contragolpe detuvo el martes a cinco sospechosos de haber planeado un golpe de Estado para impedir que el presidente Lula asuma el cargo el Primero de enero de 2023. Todos ocupaban cargos públicos y dos de ellos, detenidos en Río de Janeiro, trabajaban en la seguridad de las autoridades en el G-20.
Entre los detenidos, que ocupaban cargos públicos, se encuentran, además de Fernandes, el teniente coronel Hélio Ferreira Lima, que comandaba la 3ª Compañía de Fuerzas Especiales en Manaus (destituido en febrero), el mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército Rafael Martins de Oliveira, el mayor Rodrigo Bezerra de Azevedo y el policía federal Wladimir Matos Soares completan. Estos dos últimos fueron detenidos en Río.
Martins es acusado de negociar con Mauro Cid, exasesor del expresidente Jair Bolsonaro y ahora colaborador en las investigaciones, el pago de alrededor de 20.000 euros para costear el desplazamiento de manifestantes a Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando una horda bolsonarista intentó un golpe y atacó las sedes de los tres poderes.
Búsqueda y captura
Además de las órdenes de detención, los agentes federales están realizando operaciones de búsqueda y captura y 15 medidas cautelares sin prisión, que incluyen la prohibición de mantener contacto con las demás personas investigadas, de salir del país, con la entrega de pasaportes en 24 horas, y la suspensión del ejercicio de funciones públicas. El Ejército brasileño acompaña la ejecución de las operaciones realizadas en Río de Janeiro, Goiás, Amazonas y el Distrito Federal.
Los militares llegaron a crear un «gabinete de crisis» en el Gobierno de Bolsonaro en el caso de que el golpe, planeado para el 15 de diciembre de 2022, no funcionase. Al frente del grupo estarían los generales Augusto Heleno, entonces ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), y Braga Netto. El gabinete serviría para restablecer 'la legalidad y la estabilidad institucional'. Como el golpe no tuvo éxito, el plan fue abortado en ese momento.
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