Victoria judicial para Trump: el Supremo permite las deportaciones bajo una ley bélica de 1798

La victoria, sin embargo, es a medias: el alto tribunal, que alcanzó la decisión por mayoría de 5-4, no entra al fondo de la cuestión sobre si el uso de esa ley para tiempos de guerra es legítimo y determina la paralización por considerar que la jurisdicción donde se debió ventilar el asunto era la de Texas, donde se ejecutaron las expulsiones, y no en Washington, la capital del país. Además, concede a los abogados de los inmigrantes una victoria: exige a la Administración que los procesos de expulsión tengan proceso legal.

El episodio en cuestión ocurrió a mediados del mes pasado. Trump prometió «el mayor programa de deportación de la historia de EE.UU.» tanto en campaña como tras su desembarco en la Casa Blanca y el número de expulsiones no era nada relevante. Entre las estrategias que buscó para aumentar y acelerar las deportaciones, Trump invocó la citada ley de finales del siglo XVIII, que hasta ahora había sido utilizado solo en tres ocasiones y siempre, como la diseñó el legislador, en tiempos de guerra: la de 1812 contra los británicos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Para encajar en el tenor legal, Trump justificaba que sufría una invasión por parte de Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano, bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro. De la noche a la mañana, la invocó, metió a cerca de 130 venezolanos en dos aviones y los deportó sin dar aviso a sus familias ni a sus abogados. Tras la demanda de los abogados de cinco inmigrantes, el juez federal en cuestión, James Boasberg, ordenó la paralización de las deportaciones y el regreso de los aviones, que volaban hacia El Salvador. La Administración Trump desoyó la orden -entre otras cosas, Boasberg trata estos días de dictaminar si cometieron desacato y los inmigrantes acabaron en Cecot, la cárcel de máxima seguridad de la que alardea el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Un tribunal de apelación rechazó el recurso de la Administración Trump para desbloquear la decisión de Boasberg. El asunto ha llegado de urgencia al Supremo, con una mayoría reforzada (6-3) de jueces conservadores, en buena parte gracias a los tres magistrados que Trump pudo nominar durante su primer mandato. Una de ellos, la jueza Amy Coney Barrett, se sumó a la minoría liberal en la decisión de 5-4 por la que el tribunal desbloqueó las deportaciones.

«Los detenidos estaban confinados en Texas, por lo que el lugar no es apropiado en el Distrito de Columbia», aseguró la decisión del Supremo, breve y sin firma, en referencia al distrito administrativo en el que está la capital de EE.UU.

Al mismo tiempo, la mayoría decidió no entrar al fondo de la cuestión sobre si la Administración Trump ha hecho un uso apropiado de la ley, que algunos defienden que no aplica a la presencia de miembros de Tren de Aragua en territorio de EE.UU. A pesar de ello, algunos en el Gobierno lo celebraron como si así hubiera sido. «El presidente Trump tenía otra vez razón», defendió en redes sociales la secretaría de Seguridad Interior, Kristi Noem, con responsabilidad sobre la ejecución de las deportaciones. «El Tribunal Supremo confirma que el comandante en jefe Donald Trump tiene el poder de parar la invasión de nuestro país por terroristas a través del uso de poderes de tiempos de guerra».

La decisión abre la posibilidad de que Trump vuelva a utilizar esa ley para deportaciones, algo que ha sido muy criticado por haberlo hecho sin proceso legal, lo que , según los abogados de algunos deportados, ha acabado con la expulsión expedita de inmigrantes que no tenían nada que ver con Tren de Aragua.

Eso sí, el Supremo impone a la Administración Trump que haga las deportaciones «con aviso y con la oportunidad de oponerse a la expulsión» en tribunales. Para la Unión Americana de Libertades Civiles, una de las organizaciones de derechos humanos que demandó a la Administración Trump, es es el «punto crítico», aseguró el abogado que ha liderado esa defensa, Lee Gelernt. «Es una victoria importante».

En otra victoria, de menor entidad por el momento, para la Administración Trump, el Supremo también paralizó de manera cautelar otra orden judicial relacionada con la deportación de inmigrantes indocumentados. Se trata de la expulsión «por error administrativo», como reconoció en documentos judiciales la propia Administración Trump, de un inmigrante salvadoreño para el que un juez estadounidense había decretado una orden contra su expulsión en 2019.

Pero el inmigrante, Kilmar Armandao Abrego García, fue detenido y deportado en uno de los aviones que volaron a El Salvador. Una jueza de Maryland, Paula Xinis, ordenó al Gobierno que devolviera a Abrego García a EE.UU., algo sobre lo que la Administración Trump decía que no tenía ya jurisdicción, al estar en El Salvador.

El magistrado jefe del Supremo, John Roberts, decidió bloquear esa orden de la juez para dar tiempo al tribunal a considerar si la exigencia de Xinis debe ser cumplida por el Gobierno.