Caos por la orden de Trump de paralizar de forma generalizada la asistencia y subvenciones federales

Las agencias federales «deben parar de manera temporal todas las actividades relacionadas con sus compromisos o con el desembolso de toda la ayuda financiera federal», escribía el director interino de esta oficina, Matthew Vaeth. La orden estaba prevista que entrara en vigor a partir de las cinco de la tarde -once de la noche en España- del martes. Sin embargo, un juez ha paralizado temporalmente la medida, informa Reuters.

La redacción de la directiva dejaba en el aire más preguntas que respuestas, con cientos de miles de millones de dólares en financiación federal de la que dependen personas y organizaciones de todo el país pendientes de su significado. Según el texto, de los diez billones de dólares del presupuesto federal del año 2024, tres billones se dedicaron a asistencia financiera federal y que, hasta ahora, parte de ello ha sido dedicado a «promover igualdad marxista, agenda transgénero y políticas de ingeniería social que son una desperdicio del dinero de los contribuyentes». Por ello, se exigirá la revisión de «todos los programas de asistencia federal».

Noticia Relacionada

Trump purga a más de una docena de fiscales que le investigaron

Javier Ansorena | Corresponsal en Nueva York

Por un lado, la directiva menciona que esa asistencia financiera «incluye, pero no de forma exclusiva, la asistencia financiera para ayuda extranjera, organizaciones no gubernamentales, programas de DEI (diversidad, equidad, inclusión), ideología de género 'woke' y el Green New Deal (políticas medioambientales)».

Al mismo tiempo, el texto especifica que el congelamiento de la asistencia federal no afectará a los programas de Seguridad Social -el pago de las pensiones- o Medicare -la asistencia sanitaria a jubilados-. Tampoco a programas en el que el Gobierno federal proporcione «asistencia de manera directa a las personas», por lo que podrían también quedar excluidas los cupones alimenticios que reciben millones de ciudadanos.

Pero no dice nada de otros grandes programas asistenciales que se proveen a través de entidades locales o estatales, como Medicaid, el programa federal de asistencia sanitaria a personas de bajos recursos, del que dependen 80 millones de estadounidenses. O de programas muy consolidados, como HeadStart, por el que cerca de 800.000 niños vulnerables reciben asistencia.

A esa directiva Donald Trump sumó este martes una orden para paralizar la financiación, patrocinio, promoción y asistencia federales para los cuidados a menores de 19 años por afirmación de género. En ella se rechaza el apoyo para la «transición de un niño de un sexo a otro» y respalda el cumplimiento de las leyes que prohíben o limitan «estos procedimientos destructivos». «Hoy los profesionales médicos están mutilando y esterilizando a un número creciente de niños impresionables», destaca, una «peligrosa tendencia» que «será una mancha en la historia de nuestra nación y debe terminar», añade.

Sin embargo, la Justicia ha puesto freno a este esfuerzo de recorte de fondos. Un juez federal bloqueó temporalmente este martes la congelación de las ayudas, según informaban anoche medios estadounidenses. «Creo que existe el espectro de un daño irreparable», aseguró en una audiencia de emergencia Loren AliKhan, juez del Distrito de Columbia (donde se encuentra la capital, Washington). Por eso fijó otra audiencia para el próximo lunes y bloquear la congelación de los fondos hasta las 17.00, hora local, de ese día.

Antes de conocerse la decisión judicial, la portavoz principal de Trump, Karoline Leavitt dijo en su primera rueda de prensa desde la Casa Blanca que no pudo confirmar si los pagos a Medicaid se librarán o no. Pero, mientras, los sistemas electrónicos por los que el Gobierno envía pagos a los estados para Medicaid habían dejado de funcionar.

El congelamiento ha llenado de preocupación a los gobiernos locales y estatales, donde muchos servicios dependen de la asistencia federal. Por ejemplo, Nueva York, uno de los estados más poblados del país, tiene previsto recibir 90.000 millones de dólares en financiación federal este año. De ellos, dos terceras partes se dedican a Medicaid. Pero también hay partidas importantes a educación -4.700 millones- o infraestructuras de transporte -3.000 millones-.

El senador neoyorquino Charles Schumer, líder de la bancada demócrata en la Cámara Alta, condenó la decisión de la Administración Trump y alertó de que supondrá «perder de todo, desde salarios a pagos de alquiler, y caos por todos lados, desde universidades a organizaciones asistenciales, pasado por la ayuda estatal para desastres, fuerzas de seguridad locales, ayuda a los mayores y alimentos para los más necesitados».

Pero no solo protestaron los demócratas. Republicanos como Jeff Landry, gobernador de Luisiana y gran aliado de Trump, exigió a la Casa Blanca que diseñe una ruta para «desligarnos de políticas innecesarias y atroces sin comprometer la estabilidad financiera de nuestro estado».

Al mismo tiempo, una cascada de demandas por parte de fiscales generales estatales y de organizaciones no gubernamentales buscaba que los tribunales pararan la ejecución de esa directiva.

En medio del caos, con exigencias de clarificación desde gobiernos y agencias de todo el país, la Oficina de Gestión y Presupuesto mandó un segundo documento a los legisladores de Washington en el que aseguraba que la congelación de asistencia federal «no se aplica de forma generalizada», como parecía indicar la directiva, y que se limita a los programas señalados por Trump en sus órdenes ejecutivas, que «cualquier programa que proporciona beneficios directos a personas no es objeto de la pausa», y mencionó a HeadStart y los cupones alimentarios de manera específica.