Amnistía Internacional pide al Gobierno de Sánchez que condene públicamente la represión en Cuba

Es por eso que es remarcable la petición que le acaba de hacer Amnistía Internacional al Gobierno de Sánchez, que condene públicamente la represión en Cuba, según ha expicado a ABC Johanna Cilano Pelaez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional (AI), que vive en México, pero ha visitado estos días nuestro país.

La visita de Cilano a Madrid se enmarca dentro del anuncio del nombramiento de cuatro nuevos presos de conciencia: el opositor político Félix Navarro, la periodista independiente y Dama de Blanco Sayli Navarro, el manifestante del 11-J Roberto Pérez Fonseca y el activista Luis Robles. Con ellos, el número de presos de conciencia en la isla reconocidos por AI ascienden a un total de diez, entre los que figuran el líder de Unpacu, José Daniel Ferrer; y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo 'el Osorbo', este último ganador de un Grammy por el tema 'Patria y Vida', que se convirtió en un himno durante las masivas protestas del 11 de julio de 2021.

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Estos nombramientos ocurren en un contexto donde las autoridades cubanas han desplegado «una nueva ola represiva» contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, intelectuales y medios de prensa independientes en las últimas semanas de septiembre, ha asegurado la ONG en un comunicado. «Esto ha incluido un alarmante aumento del acoso, hostigamiento, detenciones arbitrarias, nuevas amenazas de criminalización, negación de derechos penitenciarios y preocupantes denuncias sobre el deterioro de la salud e integridad física de personas presas».

Cilano ha aprovechado el viaje para hacer «un poco de incidencia de cara a estos nombramientos y a la situación actual en Cuba», señala a ABC. «Queríamos hablar con distintas fuerzas políticas, con medios, llamar un poco la atención de lo que está pasando en el país», opacado «por todo lo que está sucediendo en el mundo», reconoce la investigadora de AI.

En su paso por España, Cilano se ha reunido con miembros del Ministerio de Exteriores -no con Albares-, a los que ha extendido una petición: «Hemos sido claros en nuestro llamamiento frente a la condena pública de la represión; es necesario que las persona que se sobreponen a este ambiente de represión y miedo no sientan que están solas, sino que están acompañadas por la comunidad internacional a la hora de ejercer cualquier acción de abogacía y de presión para la liberación inmediata e incondicional de las personas presas de conciencias, y de aquellas que están presas por haber participado en protestas, o por ejercer sus derechos, su libertad de expresión, de asociación -explica-. Insistimos en el llamamiento para que España, que acaba de entrar en el Consejo de Derechos Humanos, aproveche los espacios multilaterales para exigir y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en Cuba».

Entre las reclamaciones, AI también le pidió que diera espacio y voz a la sociedad civil independiente de la isla «en el acuerdo de diálogo». «Ya sabemos que hay una sociedad civil 'oficial y autorizada' que se subordina al Gobierno cubano. De ahí la importancia de articular un espacio para la sociedad civil independiente», insiste.

Los representantes de la sociedad civil independiente han sido marginados recurrentemente en las conversaciones y encuentros entre la UE y el Gobierno cubano, evitando su presencia para no irritar al régimen.

La respuesta del Gobierno español antes estas peticiones fue, según Cilano, «diplomática», señalando, de manera general, «el compromiso del Gobierno Español con la defensa de los derechos humanos».

Después de España su siguiente parada, la próxima semana, será Bruselas, con motivo «del cambio de autoridades en la Unión Europea». La ex primera ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas, sustituirá a Josep Borrell, muy tibio en sus críticas a la política represiva de Cuba, como jefe de la diplomacia europea. La agenda será la misma: «Hablar sobre la situación de las personas presas y pedir su implicación en la liberación». Según los datos de la ONG Prisoners Defenders, en este momento hay más de 1.100 presos políticos en Cuba.

-Uno de los puntos más cuestionados es el Acuerdo de diálogo político y de cooperación de la UE con Cuba, que incluye una cláusula de respeto de derechos humanos que se incumple de manera reiterada. ¿Van a plantear este tema?

-Justamente queremos visibilizar y aprovechar porque en el primer semestre del año que viene hay consejo conjunto, entre la UE y Cuba. Queremos, sobretodo, que se utilice al máximo la posibilidad de la articulación con la sociedad civil independiente, que creemos que es muy relevante que se escuche su voz y se le dé un espacio. Vamos a aprovechar al máximo las potenciales que dan los marcos del acuerdo para escuchar y trabajar con la sociedad civil.

El nombramiento de cuatro nuevos presos de conciencia supone, según la ONG, un reconocimiento a las decenas de personas que permanecen en prisiones en Cuba por ejercer pacíficamente sus derechos, a todas aquellas personas que viven sistemáticamente bajo vigilancia, hostigamiento y amenaza de criminalización. «Un reconocimiento a la valentía y resistencia de las personas que en Cuba se sobreponen a la represión permanente y generalizada y luchan por sus derechos y los de todas las personas», ha manifestado Ana Piquer, directora de las Américas de Amnistía Internacional.

Estos son los nuevos presos de conciencia y sus historias:

Félix Navarro es un opositor político de 71 años, fundador del Partido por la Democracia «Pedro Luis Boitel». En más de 30 años ha sido coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), ha estado vinculado a la plataforma Cuba Decide y al Consejo para la Transición en Cuba. Navarro cumple su tercera condena por razones políticas. Fue encarcelado en 1992 acusado de «propaganda enemiga» por colocar carteles «contra la Revolución» en su pueblo natal. En 2003 fue condenado a 25 años de cárcel durante los procesos penales conocidos como la 'Primavera Negra', junto a otras 75 personas opositoras, periodistas y activistas. En ese contexto, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Fue excarcelado mediante una licencia extrapenal el 23 de marzo de 2011. Junto a José Daniel Ferrer, también preso de conciencia, fueron los últimos en ser liberados del grupo de los 75 al haberse negado con anterioridad a la excarcelación a cambio del exilio.

Sayli Navarro, su hija, es una activista de 38 años y cofundadora del movimiento Damas de Blanco, un grupo de madres, esposas e hijas del grupo de las 75 personas detenidas en la 'Primavera Negra'. Sayli ha vivido desde niña las consecuencias de la represión estatal contra su padre. Fue expulsada de la universidad en el año 2010 por sus «vínculos contrarrevolucionarios» además, agentes de la seguridad del Estado y autoridades policiales la han detenido arbitrariamente, sometido a interrogatorios y ha recibido amenazas varias veces.

Félix y Sayli Navarro fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente en marzo de 2022 por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Ambos fueron detenidos de manera violenta el 12 de julio cuando se presentaron en la estación de policía de su ciudad, Perico, en la provincia de Matanzas, para indagar por la situación de los miembros de su movimiento que habían sido detenidos el día anterior durante las protestas.

Luis Robles, de 32 años, fue condenado en marzo de 2022 por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia a 4 años y 6 meses de cárcel por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en un céntrico paseo peatonal en La Habana. Luis portaba un cartel en el cual se leía: «Libertad», «No+Represión», «#Free-Denis» y caminaba en círculos mientras decenas de personas comenzaron a grabarlo. Luis Robles sostuvo el cartel durante varios minutos hasta que se acercó la policía, se lo arrebató y procedió a su arresto, al que Luis no opuso ninguna resistencia. Esto ocurría días después del acuartelamiento y huelga de hambre que desarrollara el Movimiento San Isidro por la liberación del rapero Denis Solís, con el que Luis quería solidarizarse, además, de expresar su apoyo al Movimiento.

Roberto Pérez Fonseca, de 41 años, fue condenado en octubre de 2021 a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Roberto fue acusado de delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos e instigación a delinquir, delitos tradicionalmente utilizados por las autoridades cubanas para castigar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. El Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas destacó la detención de Roberto como arbitraria, pues esta se debió al ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de reunión y de asociación, así como a la libertad de opinión y de expresión. También consideró que a Roberto le fueron violados sus derechos a un juicio justo e imparcial.