Sánchez obvia todos sus límites y concede a Junts una amnistía total

Y eso que a Félix Bolaños se le preguntó por ello en varias ocasiones. En todas ellas, el ministro de la Presidencia en funciones echó balones fuera y huyó de la transparencia, de la que hizo bandera nada más aparecer en la sala de prensa del Congreso en la que trató de explicar por qué una norma que él mismo consideraba inconstitucional hace unos meses era ahora «impecable desde el punto de vista constitucional». Bolaños sí acertó a decir que la ley de amnistía presentada «es imprescindible» para «conseguir en España una convivencia política normalizada».

Sus explicaciones no escondieron la soledad del PSOE a la hora de la verdad y dejaban entrever ciertas desavenencias de última hora a pesar de que el ministro reiteró que los 178 votos a favor (todos los de sus socios de investidura menos el de Coalición Canaria) estaban asegurados. Fuentes de ERC reconocían que seguían «analizando el texto» y que quedaban «algunos detalles técnico-jurídicos» que se resolverán «en las próximas horas/días», informa Daniel Tercero. Desde Junts, la versión oficial decía que «no hacía falta» su firma, mientras que en Sumar prefirieron no hacerlo al no estar la rúbrica de todos los partidos. El caso es que la unidad no fue tal y que la proposición, pase lo que pase con ella, es ya una iniciativa impulsada solo por el PSOE y que, lejos de generar concordia, como resumía Bolaños, continuó creando discrepancias entre los ciudadanos.

De hecho, por la mañana el Congreso amanecía perimetrado. Casi imposible acceder a sus inmediaciones sin justificación y el correspondiente cacheo. Un celo pocas veces visto antes, reflejo de la crispación que se vive en las calles y que la Policía entiende que irá a más estos días, coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez. Un pleno que, por fin, tiene fecha después de que Francina Armengol, presidenta del Congreso, decretara la fecha del debate que comenzará este miércoles a mediodía y cuyo desenlace, si no hay sorpresa de última hora, se producirá el jueves, cuando Sánchez será reelegido presidente del Gobierno con 179 votos a favor. Todos, menos los de Partido Popular, Vox y UPN.

Después de semanas de inactividad, la Cámara Baja vivió este lunes una jornada frenética. Por la mañana, con la comparecencia de Armengol para convocar el pleno de investidura; por la tarde, como aperitivo de ese pleno, el registro oficial de la ley de amnistía, con la única firma de los socialistas.

Pactada hace casi una semana con Junts, la única duda que quedaba por resolver sobre la norma era hasta dónde estaría dispuesto a llegar el PSOE. La respuesta, aunque esperada, llegó cuando se desveló finalmente el texto de la proposición de ley, en el que se contempla el olvido legal para todos los que participaran en «los actos vinculados directa o indirectamente con el denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña». En resumen, se pretende amnistiar a los líderes políticos, a los CDR procesados por terrorismo y a todos aquellos que participaran de una u otra manera en el 'procés' entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Se incluyen los delitos penales, administrativos y aquellos pendientes en el Tribunal de Cuentas. Una amnistía total que abre la puerta a todos aquellos vinculados al independentismo. Barra libre.

El texto recoge un preámbulo amplio en el que se trata de justificar la constitucionalidad de la ley presentada este lunes en el Congreso. Un largo recorrido que repasa los antecedentes de este tipo de normas en el país y que recorre también las que han sido desplegadas en el extranjero. Todo ello para desembocar en el articulado propio de la ley que se pretende aprobar en las Cortes con carácter de urgencia, aunque el visto bueno por parte de la Mesa y los letrados de la cámara no llegará hasta después del debate de investidura, tal y como informó la propia Armengol.

Una victoria pírrica para Sánchez, que será reelegido presidente este jueves en primera votación sin que el debate de la ley de amnistía tenga aún fecha. El detalle puede parecer menor, pero no lo es y permitirá al socialista presentar su programa de Gobierno sin tanto ruido.

A partir de ahí, llegará el primero de los obstáculos de una legislatura que se presenta complicada y llena de incertidumbre. Sobre todo, si los socialistas no cumplen con el calendario fijado por los independentistas, cuya primera fecha es esa amnistía de máximos que ha obtenido la luz verde por parte del PSOE. La proposición de ley recoge que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía», es decir, que el expresidente Carles Puigdemont, como otros dirigentes catalanes prófugos de la Justicia, podrán volver a España sin temor a responder ante ella tan pronto como los jueces que les investigan apliquen la norma. Algo que se hará con «carácter urgente y preferente y en un plazo que la propia ley fija en dos meses como máximo desde su publicación en el BOE».

En cuanto a los actos que entrarían bajo el paraguas de la amnistía, el texto recoge que son todos los «cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, así como aquellos que hubieran contribuido a su consecución». Pero no se queda ahí, pues amplía mucho más su aplicación al señalar que «también se entenderán comprendidas en este supuesto aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña». En definitiva, se abre mucho el paraguas para que casi cualquiera pueda acogerse a esta norma para evitar a la Justicia. Casi 1.500 según los independentistas; apenas 382 (309 soberanistas y 73 policías) según fuentes del Gobierno.

Entre ellas, por ejemplo, Josep Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán e imputado, junto a Meritxell Masó, secretaria general de Presidencia en 2018, por delitos de malversación y prevaricación. Hasta el nombre de Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, podría encontrar acomodo en esta amnistía de máximos diseñada por Junts y aceptada por el PSOE. Si no es así, por la oposición de ERC fundamentalmente, Borràs podría pedir el indulto, medida de gracia que ya recibieron varios líderes catalanes como Oriol Junqueras.

También se beneficiarían de la amnistía los doce integrantes de los Comitès en Defensa de la República (CDR) al borde del banquillo por terrorismo en la Audiencia Nacional ya que abarca todos los «actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines» del independentismo catalán. También sería de aplicación para la número dos de ERC, Marta Rovira, y el propio Puigdemont, ambos recientemente imputados por terrorismo en relación a los disturbios de Tsunami Democràtic. Los legisladores han tenido que redactar la proposición de ley de manera quirúrgica para integrar en la amnistía a todos ellos. Lo hacen al describir unos supuestos tan cerrados que, de facto, libran a los señalados en ambas causas relacionadas con el 'procés', aunque lo sean por ilícitos tan graves.

En lo que se refiere al Tribunal de Cuentas, este mismo viernes está previsto que se celebre la vista contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 30 ex altos cargos independentistas, entre ellos también el expresidente Artur Mas, por el alcance contable de la organización del referéndum del 1 de octubre y la consulta del 9N.

Con la ley de amnistía se elimina la responsabilidad contable del 'procés', por lo que la reclamación económica resultante del proceso –la Fiscalía la cifra en cerca de 3,2 millones de euros, mientras Societat Civil Catalana (SCC) la eleva a 5,1 millones de euros– quedaría perdonada. Según el texto conocido este lunes, «la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso». Se especifica concretamente que si hay algún procedimiento abierto debe cerrarse con sentencia absolutoria. Impunidad en pos de «la convivencia». Olvido legal para «cerrar heridas». Palabra de Bolaños que no supo explicar qué había entregado a cambio el independentismo. Quizá no lo sabía. Transparencia pura.