El PP redobla su pulso en Europa frente a la amnistía: «Para que Sánchez sea presidente la corrupción deja de ser delito en Cataluña»

Antes, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, solo podía limitarse a las críticas habituales, pero sin haber podido leer el texto. «Hoy la democracia es más débil y los cimientos se encuentran amenazados por el Gobierno (...) Pedro Sánchez es el mayor peligro para la democracia española», dijo Tellado. O su «chascarrillo» con referencia a la fuga de Carles Puigdemont hace seis años: «Por permitir la humillación de nuestro país, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez».

Más solemne, González Pons denunciaba en su declaración que «para que Sánchez sea presidente, la corrupción deja de ser delito en Cataluña durante 10 años de todo tipo de atentado contra la Constitución, de todo tipo de desorden y de todo tipo de malversación, de todo tipo de corrupción política». Saben en el PP que esta cuestión, como el hecho de que se vayan a amnistiar delitos de terrorismo, puede ser lo más problemático. «Se amnistía a quien quiso derribar la Constitución para que vuelva a intentarlo», denunciaba Pons, destacando que en ningún punto de la exposición de motivos ni de los acuerdos políticos suscritos se hace referencia alguna al arrepentimiento de los independentistas ni al rechazo a la unilateralidad.

Para el PP se trata de una «humillación sin precedentes» y en su declaración Pons emplaza al Tribunal Constitucional a decidir si está del lado de los constitucionalistas o del de los enemigos de la Constitución. El vicesecretario popular denuncia que con los pactos de Sánchez «no solo no se soluciona la convivencia en Cataluña sino que se complica la convivencia en el resto de España». El PP denuncia también el cambio de criterio sobre la constitucionalidad de la norma y critica el «cinismo» del Gobierno por haber negado Félix Bolaños hace días explicaciones a la Comisión Europea y ser ayer él mismo el encargado en presentarla.

Las delegaciones del PP y Ciudadanos en el Parlamento Europeo remitieron ayer a los principales dirigentes de la UE una carta en la que se recopilan todos los comunicados oficiales desde el ámbito judicial y la función pública que se han emitido en contra de los acuerdos suscritos por el PSOE.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, manifestó su confianza a la hora de contar con las instituciones europeas «como ya han hecho antes en otros países». Este punto enfoca claramente a la convicción que existe en Génova de que la ley de amnistía puede suponer la apertura de un procedimiento de infracción como los planteados recientemente contra Hungría y Polonia por vulneración del Estado de Derecho. De hecho en la carta se insta a la Unión Europea a salvaguardar los principios y valores fundacionales. Y se la anima a «tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho en virtud de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea».

Desde luego creen en el PP que el escenario actual ya supone un lastre en términos de reputación para nuestro país. «Europa está pendiente», insisten en el PP. Señalan la solicitud de información por parte del Comisario de Justicia, Didier Reynders, como el ejemplo más claro de esa preocupación. La carta ha sido enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; al vicepresidente de la Comisión Josep Borrell; el vicepresidente Margaritis Schinas; a la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová; al de Justicia, Didier Reynders; a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager; y a los 27 embajadores de oficinas de representación permanente.

Los eurodiputados explican que el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts «marca el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho». Desde PP y Cs se denuncia que «accediendo a las exigencias del movimiento independentista catalán», Pedro Sánchez se ha comprometido a introducir una ley de amnistía a cambio de los 7 votos del partido de Carles Puigdemont. El objetivo es revocar procedimientos judiciales pendientes y sanciones contra aproximadamente 3.000 personas, que abarcan delitos cometidos desde hace una década a la actualidad y que incluyen actos de corrupción y terrorismo», denuncian. La carta incide también en que el pacto hace referencia a la creación de comisiones parlamentarias para investigar si se ha producido «lawfare» o judicialización de la política, con poderes para investigar acciones judiciales. Ambos partidos entienden que esto «supone someter los procedimientos y decisiones judiciales a control parlamentario con evidente injerencia en la independencia judicial y separación de poderes».

La misiva insiste en que «todas las asociaciones españolas de jueces, desde las más progresistas a las más conservadoras, emitieron un comunicado conjunto para rechazar las referencias a la «lawfare» o judicialización de la política» y sus consecuencias. Añaden que también «las asociaciones de fiscales han emitido comunicados, rechazando la mención al «lawfare» y la creación de comisiones parlamentarias para investigar los procedimientos judiciales, ya que esto pervertiría por completo el sistema constitucional de separación de poderes». Se recoge también que el Consejo General del Poder Judicial también expresó su preocupación por el acuerdo.