El PP apunta a Marlaska: ¿quién autorizó las subvenciones a Bildu pese a llevar terroristas en sus listas?

Los populares quieren saber si en el momento de tramitar las subvenciones a partidos políticos con motivo de las elecciones municipales de 2023, el Ministerio de Interior comprobó que cada uno de los terroristas «se hubiera arrepentido públicamente y hubiera rechazado de manera personal y expresa los medios utilizados» en su actividad como miembro de la banda terrorista ETA.

Tal y como adelantó ABC el pasado 1 de marzo, el Tribunal de Cuentas (TCu) instó al Ministerio del Interior y a la Junta Electoral Central (JEC) a revisar si EH Bildu cumplió la legislación vigente al incluir en las listas de las pasadas elecciones municipales a personas condenadas por terrorismo. La razón por la que el órgano fiscalizador del Estado hace esta petición a ambas instituciones es porque la Ley de Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe subvencionar a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que incorporen a terroristas no arrepentidos en sus listas

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular formula dos pregunta concretas en aras de conocer cómo se han tramitado las ayudas públicas a Bildu. La primera se interesa por saber cuándo y qué organismo llevó a cabo la citada comprobación, y la segunda se centra en averiguar «en qué momento y dónde consta el arrepentimiento y rechazo público personal y expreso a los medios utilizados».

En el citado informe, titulado 'Fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del 28 de mayo de 2023', el Pleno del Tribunal de Cuenta reclamó a Interior y a la JEC una «verificación efectiva» de que las candidaturas en cuestión no incumplieron la Loreg, porque eso podría suponer la pérdida de las subvenciones. El artículo 127 de la citada ley regula las ayudas públicas del Estado por los gastos ocasionados a los partidos por su concurrencia a las elecciones generales, europeas o municipales y en su apartado 1 explica que «en ningún caso la subvención correspondiente a cada grupo político podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora».

La clave está en el punto 4 de ese artículo: «Las subvenciones previstas no se devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».

Todo comenzó antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, cuando EH Bildu solicitó el citado anticipo a la JEC, que a su vez lo trasladó a la Dirección General de Política Interior (DGPI). El pago se realizó el 14 de junio y ascendió a 286.642,47 euros. Unos meses después, y en el ejercicio de su función fiscalizadora, el TCu informó a Interior adjuntando una relación de candidatos con antecedentes penales según el correspondiente certificado emitido por el Ministerio de Justicia.

Por su parte, cuatro consejeros del Tribunal de Cuentas consideran que Bildu no debió recibir subvenciones electorales tras las elecciones del 28 de mayo de 2023 porque incluyó en sus listas 23 personas condenadas por terrorismo sin que haya «certeza ni evidencia» de que «hubieran realizado públicamente, de manera personal y expresa, el rechazo a los fines y medios utilizados».