El Gobierno vasco se desmarca de la guerra fiscal: «No vamos a participar en la pesca de ricos»
El portavoz del Ejecutivo autonómico minimiza el impacto que puede tener para las arcas vascas la eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía
El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha optado este martes por mantenerse al margen de la polémica sobre el Impuesto de Patrimonio. «No vamos a participar en la pesca de ricos», ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Considera que las «diferencias» que existen entre la fiscalidad de las comunidades de territorio común y la del País Vasco o Navarra hace inviables las comparaciones.
Preguntado por si el Ejecutivo autonómico teme una fuga de capitales ante el anuncio de Andalucía de eliminar el impuesto de Patrimonio, Zupiria se ha limitado a señalar la «característica singular y exclusiva» que existe en la financiación vasca y Navarra. «Es un modelo a riesgo total», ha insistido, que en su opinión no tienen nada que ver con el que se aplica en Madrid o en Andalucía.
Ha recordado, además, que debido al concierto económico, las Haciendas vascas tienen que asumir «todos los días» la responsabilidad de recaudar lo suficiente y de gestionar los recursos recaudados garantizando que exista «un equilibrio». Esta circunstancia no se da, según ha explicado, en los modelos de financiación de «otras comunidades», donde los ingresos derivan de «los mecanismos de financiación que existen a nivel de Estado y las políticas de gasto están sometidas a esos ingresos que reciben del Gobierno de España».
También se ha desmarcado del concepto de 'dumping fiscal' que utilizó Iñigo Urkullu cuando hace unos meses se refirió a las relaciones entre la Comunidad Autónoma Vasca y Madrid. Según ha explicado, el lendakari, en realidad, con esa expresión quería advertir de las consecuencias que la decisión que había adoptado Madrid, relativa reducir impuestos autonómicos «podía tener consecuencias en otras comunidades autónomas de régimen común».
Fuga de contribuyentes
Sin embargo, en los últimos años ha sido constante el goteo de contribuyentes vascos que se han ido a otras provincias. No es descartable además que ahora se agrave, habida cuenta de que son muchos los vascos que tienen una segunda residencia en la comunidad andaluza. Bastaría justificar que son residentes en esas viviendas la mitad del año para poder acogerse a la fiscalidad de esa comunidad.
Desde el Gobierno vasco creen, sin embargo, que una hipotética fuga de contribuyentes no sería tan importante para la recaudación de las haciendas. Según sus datos, solo hay 16.000 vascos, el 0,28% del total, que están obligados a liquidar el impuesto por tener un patrimonio superior a los 700.000 euros. «Supone una recaudación de 150 millones de euros», ha cuantificado Zupiria.
Frente a ello, el portavoz vasco ha preferido destacar las cualidades del sistema de financiación vasco y la «disciplina» que se necesita en los ingresos y los gastos para garantizar unas políticas sociales de calidad. «No es la política del Gobierno vasco participar en la pesca de los ricos», ha insistido. «Creo que la situación es lo suficientemente compleja como para que nos preocupemos de lo nuestro, sin empezar a juzgar lo que otros hacen».
Aviso a Escrivá
El portavoz del Gobierno vasco también se ha referido a las declaraciones del ministro de Seguridad Social, Luis Escrivá, que este martes abogaba por «centralizar» algunas competencias en materia de impuestos para evitar el «despropósito» de que las comunidades autónomas compitan entre ellas. Zupiria cree que esta afirmación no se aplicaría, en ningún caso, al País Vasco y Navarra.
Ha recordado que las tres provincias vascas y la Comunidad Foral de Navarra gozan de un sistema «especial» reconocido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Se basa en el acuerdo mutuo, y por lo tanto, ninguna de la administraciones puede «modificar por su cuenta» el modelo del concierto económico. Es decir, si una de las dos partes quisiera modificar alguna circunstancia de ese acuerdo fiscal, debería plantearlo en una mesa bilateral. «Siempre deben ser fruto del acuerdo entre ambas partes», ha recordado.
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