La Audiencia Nacional tumba una de cada cuatro semilibertades de etarras

El de Karrera Arenzana es solo uno de los 34 terceros grados que ha concedido hasta este mes de febrero el Gobierno vasco. El último de ellos es el de Iker Lima Sagarna, que vive fuera de la cárcel desde hace una semana. Fue trasladado desde León a la prisión de Basauri (Vizcaya) en noviembre de 2021. Llevaba encarcelado desde el año 2002 y cumplía una condena de 25 años de por incendio, daños, lesiones y desordenes públicos.

Esta es la única progresión de grado que figura en los datos facilitados por el Gobierno vasco en lo que llevamos de año. Se suma a los 33 regímenes de semilibertad que aprobó la el Ejecutivo autonómico desde octubre de 2021, cuando se hizo cargo de las políticas penitenciarias. Por lo tanto, son ya 34 los terceros grados concedidos a presos de ETA en este tiempo. La Consejería de Justicia, Políticas Sociales e Igualdad ha repetido sin cesar que todas sus decisiones se toman «por igual» para todos los presos «sean o no de ETA» y que atienden a «criterios técnicos».

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Sin embargo, las resoluciones que adopta en relación a los presos de ETA están siendo las más cuestionadas por la justicia. Según sus propios datos, en el año 2022 se revocaron 12 terceros grados en total, de los que ocho correspondían a internos de la banda terrorista y solo cuatro a presos comunes. Es decir, la Audiencia Nacional ha tumbado prácticamente una de cada cuatro progresiones de grado de etarras.

Ese número podría, además, incrementarse en los próximos meses. Hasta la fecha solo 14 de las resoluciones han sido confirmadas. Esta misma semana la Audiencia Nacional rechazaba uno de los recursos presentados por la Fiscalía ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria porque ya la Sala de lo Penal le había concedido permisos penitenciarios. Se trata de Gorka Lorán, que ve confirmarse así su tercer grado.

Pero son 12 los que están pendientes de resolver. Entre los diez que se acumulan en el Juzgado de Vigilancia -el titular está de baja- y los dos sobre los que debe pronunciarse la Sección Primera de la Sala de lo Penal. La batalla ahora de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es hacer valer el último pronunciamiento del Tribunal Supremo, según el cual los terceros grados deben quedar suspendidos en el momento en que el fiscal los recurre.

Esas diez personas sobre las que no hay resolución judicial están disfrutando de un régimen de semilibertad. La razón, que mientras el Ministerio Público sostiene que deberían volver a la cárcel en tanto se dirime el recurso, como dice el Supremo, el Juzgado no ve tan claro que pueda aplicarse esa sentencia con carácter retroactivo. Es decir: de ahora en adelante, los terceros grados que conceda la Administración vasca y se recurran no se materializarán. Para los ya concedidos, está por ver.

La falta de credibilidad de las fórmulas que han utilizado los etarras para expresar su arrepentimiento está siendo el argumento principal para echar para atrás las progresiones de grado, junto a cuestiones como el compromiso de pago de las responsabilidades civiles a las víctimas o la ausencia de permisos ordinarios sin incidentes que justifiquen la progresión de grado hacia la reinserción

En este sentido, las fuentes jurídicas consultadas por ABC apuntan a que se está produciendo un cambio en el comportamiento de los presos de ETA, siempre reacios a reconocer la autoridad judicial o las condiciones del sistema penitenciario. Ahora, además de las cartas de arrepentimiento -que cuando se aprecian estandarizadas y sin valor real, son denostadas-, los hay que están introduciendo el compromiso de pago de esas responsabilidades civiles.

Los permisos penitenciarios de dos días que puede conceder la Administración sin necesidad de autorización judicial completarían el puzzle, de manera que se dan terceros grados sin recurso posterior de la Fiscalía porque con la ley en la mano, el beneficiario cumple los requisitos.