La Audiencia Nacional ya estudia la semilibertad de otros 15 presos de ETA

Según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo, el Ministerio Público ha recurrido 22 terceros grados del País Vasco a presos de ETA, de los que seis fueron estimados con la consecuente vuelta a prisión de sus beneficiarios y doce están aún pendientes de resolución.

En otros cuatro casos la Audiencia Nacional dio la razón a la Administración, pero la Fiscalía recurrió tres de ellos que están igualmente pendientes, aunque ahora la decisión depende de la Sección Primera de la Sala de lo Penal. El colectivo de familiares de presos de ETA Etxerrat tiene sus datos: en noviembre contaba 29 etarras en tercer grado, de los que once cumplen en arresto domiciliario.

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Miriam Villamediana

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«En el caso de delitos graves, la decisión de progresión a clasificación que faculte la excarcelación del interno, como sucede con el tercer grado, adoptada ya sea por el órgano administrativo ya sea por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, cuando sea recurrida por el Fiscal, dicho recurso producirá efecto suspensivo, que se mantendrá hasta la resolución por el órgano ad quem, Tribunal sentenciador, con carácter preferente y urgente, bien del referido efecto o bien del fondo de la cuestión», decía la sentencia, notificada el pasado 22 de diciembre.

Se refería a dos reos por asesinato de Barcelona, pero para las víctimas fue un espaldarazo porque el umbral de la gravedad del delito a la que hace referencia incluye directamente a los presos de ETA, que progresan al tercer grado aun teniendo delitos de sangre desde que la competencia de prisiones fue transferida al País Vasco en octubre de 2021.

Ya la hoja de ruta de esta administración antes de asumir esas potestades hablaba de una apuesta por el régimen abierto, difícilmente asumible por las víctimas del terrorismo y que encuentra su principal dique de contención en la Audiencia Nacional, cuya Fiscalía viene peleando cada progresión, como cada permiso penitenciario, concedidos sin escrupuloso respeto a los requisitos legales.

La suspensión de la semilibertad que ahora impone el Supremo en casos de recurso era de hecho una reivindicación clásica de la Fiscalía, que viene instando que se paralicen las progresiones de grado cuando las recurre sin demasiado éxito. Prima el beneficio del reo, que al cabo de semanas o en ocasiones, varios meses, tiene que acabar volviendo a prisión porque la progresión no se ajustaba a la legalidad, habiendo disfrutado ya de ese tiempo extramuros.

En los casos donde no haya vencido el plazo, el fiscal que coordina estos casos en la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, podría recurrir la denegación de esas suspensiones en lo que se dirime el fondo del asunto, según las fuentes consultadas, con la perspectiva del fallo del Tribunal Supremo.

Aunque no ha trascendido el listado de los 12 progresados cuya situación depende del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, sí consta que en ese grupo están Asier Carrera, autor material del asesinato del socialista Fernando Buesa; Ainhoa Barbarín, que acumula más de 200 años en condenas por atentados con coche bomba en distintos puntos del país; y Gorka Vidal, uno de los terroristas de la denominada 'caravana de la muerte' que viajaba a Madrid con 500 kilos de explosivos cuando fue interceptada.

En cuanto a los terceros grados concedidos por la administración vasca que han sido revocados, también los hay con delitos de sangre, como José María Arregi, alias 'Fiti', autor del brutal atentado contra la casa cuartel de Zaragoza.

En la lista figuran Gorka Martínez Ahedo; José Ignacio Bilbao, Guillermo San Argimiro, Aitor Esnaola y Javier Atristrain, igualmente rebocado. Cabe recordar que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria tumbó también los concedidos a los etarras Jon Crespo e Íñigo Gutiérrez en 2021, cuando las prisiones del País Vasco aún dependían del Gobierno central.

En total, el balance de la AVT cifra en 61 los etarras encarcelados que han sido progresados al tercer grado desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa como parte de una estrategia que arranca con los traslados y culmina con la puesta en libertad.

Por otra parte, el balance ofrece una panorámica de lo que el Gobierno de coalición y sus socios ha supuesto para la política penitenciaria: una abolición de la dispersión de presos de ETA que se ha traducido en un goteo mensual de acercamientos y/o traslados a cárceles vascas y navarras. En total, se ha movido a 203 etarras de los que 98 tienen delitos de sangre y un total de 298 víctimas a sus espaldas.

Así las cosas, el 92,2% de los reos de ETA están ya en cárceles cercanas a sus lugares de origen, como informó ABC. Fuera de Navarra y el País Vasco quedan un preso en León, cinco en Palencia, dos en Zaragoza, dos en La Rioja, dos en Madrid (una preventiva) y uno en Soria. 154 estén en País Vasco y 14 en Navarra.

En Dignidad y Justicia, su presidente, Daniel Portero, lo atribuye a un pacto «indigno para la democracia» del Gobierno con Bildu y recuerda que una vez estos 14 sean trasladados, los proetarras habrán logrado «su histórico objetivo de tener a todos los condenados en cárceles vascas y navarras». «Algunos se están retrasando, pero el objetivo sigue en marcha. Se olvidan de que, por culpa de esos presos, nuestros familiares nunca volverán a casa», comenta a ABC.

En paralelo, la justicia sigue su curso. En 2022 se han celebrado ocho juicios en la Audiencia Nacional por terrorismo de ETA de los que dos responden a atentados aún por esclarecer. Se han dictado tres condenas, tres absoluciones y hay dos aún pendientes de sentencia.