El juez investiga la relación de la asesora de Begoña Gómez con los patrocinadores de la cátedra

Llega a esta conclusión tras señalar que «las diligencias hasta ahora practicadas, en conjunción con la declaración testifical de Álvarez, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo (sic.) en los hechos investigados». No concreta más.

Ya en una resolución aparte, pone fecha para su declaración con abogado, que ha señalado para el próximo 28 de febrero. Es en una tercera providencia, a la que también tuvo acceso ABC, donde profundiza en la investigación que se dispone a realizar en torno a esa presunta «participación» a la que hace referencia al imputarla: Oficia a la UCO para que obtenga «el registro de llamadas realizadas y recibidas por la señora Álvarez desde su nombramiento y hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y su personal, y a números vinculados al señor (Juan Carlos) Barrabés y su grupo» empresarial.

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Asimismo, reclama los tráficos de las llamadas que hubiera realizado o recibido del África Center del Instituto de Empresa que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, así como de «la Organización Mundial del Turismo, Indra Sistemas, Google, Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación laCaixa, Reale o cualquier otra entidad o mercantil que patrocinaba los másters o cátedras en las que participó Begoña Gómez». Está ampliando así el foco ya no sólo a las entidades colaboradoras de la cátedra sino a la etapa profesional justo anterior de la mujer del presidente.

La diligencia abarca tanto las comunicaciones que realizase o recibiera al número de teléfono que identificó como propio durante su testifical «como desde cualquier otro teléfono que tuviera asignado profesionalmente por su contratación por presidencia del Gobierno».

Para Peinado, se trata de «una medida idónea, necesaria y proporcional, en atención a la gravedad del hecho investigado, y supera el juicio de la excepcionalidad», si bien no detalla en concreto por qué razones se acuerda esta diligencia. Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid acaba de revocar el auto por el que acordó en agosto entradas y registros en casa y oficinas de Barrabés porque no había motivado suficientemente ni la necesidad, ni la urgencia de aquella medida que afectaba al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales.

Álvarez es directora de Planes en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Su nombre salió a colación en la investigación sobre Begoña Gómez porque la señalaron tanto el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; como el exvicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio; como persona de referencia en su relación con la mujer del presidente en gestiones diversas de ese paraguas académico del que pendían dos titulaciones de master, incluyendo la creación de un software para pymes dependiente de uno de ellos. Esta vinculación despertó suspicacias en las acusaciones populares, ante la sospecha de que siendo una trabajadora de la Administración Pública, a sueldo de Moncloa, estuviese desempeñándose en tareas de la esfera profesional privada de Begoña Gómez. Los emails aportados al procedimiento revelarían algunas de esas gestiones. Desde su cuenta corporativa de Presidencia del Gobierno, intervino en la organización de un congreso que impulsaba la cátedra. Desde su cuenta personal recibió y envió correos relacionados con las adendas de colaboración y otros asuntos. Consta, por ejemplo, que pidió a Reale de parte de Begoña Gómez que no dejasen de patrocinar esos estudios.

Las acusaciones populares, a instancias de HazteOír, pidieron su imputación y apuntaban a una posible malversación además por el sueldo público que se traducía en otros quehaceres, pero el juez decidió citarla como testigo y así le tomó declaración. Ella explicó que era amiga de Begoña Gómez, a la que conocía desde hacía años y que la recomendó para ese puesto que en realidad lo es de asesora de la mujer del presidente del Gobierno, discrecional y de extrema confianza. Su función, tal y como declaró, pasa por gestionarle la agenda, pública o privada, y atender lo que requiera en un entorno seguro, eficiente y discreto.