El Gobierno nombra a la exvicepresidenta Carmen Calvo nueva presidenta del Consejo de Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este lunes un paso más en su afán por copar de afines todas las instituciones del Estado. La exvicepresidenta Carmen Calvo, la primera que acompañó al jefe del Ejecutivo en su andadura al frente del Palacio de la Moncloa, será designada este martes presidenta del Consejo de Estado, según han confirmado distintas fuentes socialistas a este diario. Calvo se une a una nómina de polémicos nombramientos de dirigentes que saltan del Consejo de Ministros a puestos reservados no solo a personas de unos reconocidísimos prestigio y trayectoria profesional, sino que requieren una indudable neutralidad.

Sánchez sitúa a Calvo como cabeza visible del mayor órgano consultivo del Estado en sustitución de Magdalena Valerio, cuyo nombramiento fue precisamente anulado por el Tribunal Supremo al considerarlo no idóneo. Se trata de una nueva designación de un exmiembro del Ejecutivo para dirigir una instancia constitucional.

Calvo, según han confirmado fuentes de su entorno, ha renunciado ya al acta de diputada que mantenía en el Congreso –imprescindible para su nombramiento–, donde ejercía de presidenta de la Comisión de Igualdad. Su designación sucede a la de Valerio, cuya llegada al frente del Consejo de Estado fue suspendida por el Supremo por no reunir los requisitos exigidos: tener una acreditada experiencia en la vida pública –algo que sí atesoraba– y un reconocido prestigio jurídico, lo que el Alto Tribunal entendió que no cumplía.

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Ahora el Ejecutivo apuesta por Calvo, quien, como doctora en Derecho Constitucional sí acredita mayores conocimientos en el área que Valerio, que solo ejerció de secretaria judicial. Eso sí, Sánchez reedita su estrategia de situar en un puesto clave del Estado a una figura cercana a él y que estuvo en su Gobierno. Valerio fue ministra de Trabajo fue ministra hasta que en enero del 2020 Sánchez la tuvo que sacrificar para nombrar en su lugar a Yolanda Díaz. Calvo, por su parte, aguantó hasta la crisis de gobierno de julio del 2021, siendo primero vicepresidenta única y responsable de Igualdad y luego, ya en la coalición con Unidas Podemos, su vicepresidenta primera. Y siempre durante esos algo más de tres años la responsable última de la acción legislativa del Ejecutivo.

La veterana socialista fue ya ministra de Cultura en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero logró su mayor cota de poder con Sánchez, bajo cuyo mando llegó a vertebrar el andamiaje de la parcela jurídica del Ejecutivo. Tras casi tres años en un rol secundario, acomodada como diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, muy alejada de los focos, Calvo es ahora designada presidenta del Consejo de Estado; un puesto en el que muchos ya la situaron cuando Sánchez la sacó del Gobierno, pero, como en otros casos, al que llega rehabilitada por ser leal al presidente tras una travesía en el desierto.

Este órgano es clave porque debe pronunciarse sobre los proyectos de ley del Gobierno y emitir informes favorables o desfavorables a su aprobación. Si la amnistía a los encausados por el ‘procés’ se hubiese vehiculado desde el Ejecutivo y no como proposición de ley desde el Grupo Parlamentario Socialista, el Consejo de Estado debería haber pronunciado un criterio. Calvo, en su día, se opuso con vehemencia a esa figura al entender que su promoción sería «suprimir literalmente uno de los tres Poderes del Estado, el Judicial». «No es planteable en un Estado constitucional democrático», zanjó. Aun así, ella giró con Sánchez tras las elecciones generales del 23-J, cuando el PSOE pasó a necesitar los votos de Junts para la investidura de Sánchez, y ahora la defiende.

Su nombramiento recuerda inevitablemente al de Dolores Delgado, que pasó directamente de ser titular de Justicia a fiscal general del Estado, y al de su sucesor, Juan Carlos Campo, que tras ser el ministro del ramo fue designado miembro del Tribunal Constitucional; el mismo órgano de garantías que, con toda seguridad, se tendrá que pronunciar sobre la ley de amnistía que se debate en el Congreso si finalmente es aprobada. El Supremo debería estudiar el nombramiento de Calvo si alguien llegase a recurrirlo, como sucedió en el caso de Valerio.