El Gobierno eleva a 168 los refugiados que ya han llegado a España, todos nicaragüenses

Los 70 nicaragüenses fueron seleccionados en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que se encargaron de su traslado. Una de las condiciones –hay que insistir en su condición de refugiados–, es que ellos acepten esa nueva oportunidad vital, en este caso en cuatro pueblos de Valladolid, cuya Diputación se ha implicado directamente en el programa piloto.

En el programa de reasentamiento aprobado en febrero pasado se establecía un cupo de 1.200 personas y como cada año se fijó para ofrecer protección a personas refugiadas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias. En las siguientes semanas estaba previsto que llegaran a España 126 sirios desplazados a Turquía y en situación de extrema necesidad tras los terremotos de los dos países. No fueron los únicos. Estos refugiados, como los que llegaron más tarde de la misma nacionalidad, ingresaron en recursos de la red estatal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El sistema de acogida cuenta con plazas propias y centros gestionados por entidades con financiación estatal.

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En 2022 fueron reasentadas en España 1.112 personas (el cupo también se estableció en 1.200), la gran mayoría sirios procedentes del Líbano (1.039). La vía de los nicaragüenses es paralela y deriva de la ampliación del programa el pasado mayo.

Esa ampliación autoriza la llegada de refugiados, preferentemente de América Central y del Sur, cuyos perfiles se determinan «conforme a su capacidad de integración en la sociedad española y en atención a sus posibilidades de empleo». Llegan, por tanto, con una oportunidad laboral bajo el brazo y un nuevo futuro tras tener que abandonar su país. Los 68 que aterrizaron en diciembre ya se están formando y varias empresas de Castilla y León de las energías renovables, entre otras, les han abiertos su puertas. Además de esas familias, España ha acogido a otro centenar de nicaragüenses dentro del programa de reasentamiento pero al margen de la opción laboral.

La razón de este cupo numeroso e inusual hasta ahora es que ACNUR identificó a Nicaragua como una prioridad en las necesidades mundiales de reasentamiento en 2023. Sin embargo, la Administración de Joe Biden eleva esa cifra que habría aceptado España hasta las 281 personas en las que incluye un cupo de venezolanos. Desde el Ministerio de Inclusión niegan la llegada hasta el momento de refugiados de esa nacionalidad como parte del programa.

«De momento la única vía abierta es la de refugiados nicaragüenses ya desplazados a Costa Rica», explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No hay noticia de que vayan a llegar venezolanos a corto plazo, como dio por hecho el Gobierno de Estados Unidos, aunque dependerá de la selección de perfiles que lleve a cabo ACNUR. La previsión es que vengan más refugiados pero no remesas tan numerosas como la de diciembre. Dependerá de la empleabilidad y de la propia decisión de esas personas.

Para ejecutar el proyecto de vías complementarias al reasentamiento (la citada laboral), se ha contado con la colaboración de ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la ONG ACCEM, así como con el apoyo de la Diputación Provincial de Valladolid y cuatro ayuntamientos de la provincia de Valladolid. «Recibirán una oportunidad laboral en zonas rurales de Castilla y León y en sectores deficitarios», explicó la ministra Elma Saiz tras anunciar el programa.

El pasado noviembre, su antecesor, el entonces ministro de Inclusión José Luis Escrivá firmó el último acuerdo antes de cambiar de cartera con la Organización Internacional de las Migraciones para realizar proyectos en las áreas de reasentamiento, retorno voluntario asistido, reintegración, movilidad laboral e inclusión social por un valor de cuatro millones de euros. Según el acuerdo, publicado en el BOE, 1,8 millones de euros de los aportados por el Gobierno están destinados a reasentamiento hasta finales de 2024.