El futuro del fiscal general: entre Sánchez Acera y el Constitucional

Sánchez Acera era una perfecta desconocida a nivel nacional cuando ABC llevó su nombre a portada el pasado 25 de noviembre. Alto cargo en La Moncloa, fue quien envió el wasap al entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, pidiéndole que exhibiera públicamente información confidencial del novio de Díaz Ayuso. No obstante, ella no fue más que la correa de transmisión porque en el mensaje que recibió Lobato ponía «reenviado». Por eso sólo ella puede responder a la pregunta clave para averiguar el alcance político del caso: «Señora Sánchez Acera, ¿quién le envío ese mensaje?». Sin embargo, aún no está citada a declarar, ni como testigo ni como imputada y las partes observan al juez, que no ha movido ficha en este sentido. Eso sí, en caso de hacerlo como testigo -la opción más probable- estará obligada a decir verdad.

Ella no era una persona cualquiera en La Moncloa. Es una política del partido, del PSM, y es una de las mejores muestras de infiltración del Gobierno en la federación socialista madrileña: su valedor es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, con despacho en La Moncloa bajo el paraguas del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Con él entró en la Asamblea de Madrid en 2007 y con él llegó a la Presidencia del Gobierno en 2021, aunque su puesto dependía de Óscar López en su tiempo como jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Sánchez Acera es lo que en política se denomina una fontanera, esas personas que engrasan el funcionamiento de los partidos desde un discreto segundo plano. «Controlaba muy bien el grupo parlamentario, llevaba bien el mando y la coordinación de la actividad de los diputados», explica uno de sus compañeros en el partido. «Te va ganando la confianza poco a poco, le gusta hacer muchas llamadas, te va haciendo su cómplice poco a poco. Si puede te echa una mano, pero que quede claro que le debes una: 'Yo llamo a Rafa (Simancas) para hacerte la gestión'». Lo que no encaja en ese entorno del partido que valora su capacidad es que reenviara ese mensaje sin hacer preguntas. «Ella tiene más nivel que hacer eso que hizo con Lobato», explican sorprendidos.

Sea lo que sea, a estas alturas de la instrucción del caso fiscal general, está probado que ella reenvió ese mensaje porque Juan Lobato acudió a un notario para dejar constancia de que él no había cometido ningún delito. Cuando lo recibió, Lobato le preguntó por su origen. «La tienen los medios», respondió ella. Lobato también se lo preguntó al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, que no quiso responder. Lo curioso es que transcurridos dos meses de aquel escándalo, en La Moncloa han pasado dos cosas: Vallés ya no es secretario de Estado, mientras que Sánchez Acera ha sido premiada con la Secretaría de Organización del PSM una vez que el nuevo líder de los socialistas en sustitución de Lobato es Óscar López, el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Es decir: políticamente Sánchez Acera no sólo no ha sido apartada o señalada, sino ascendida y protegida.

La cuestión ahora es qué ganan Sánchez y López nombrando a Sánchez Acera, que probablemente sea citada a declarar por el juez del caso, Ángel Hurtado: «Por un lado, el control del partido, por el otro, la victimización cuando el juez la cita a declarar», dicen desde el PSM, dando por hecho que Hurtado la llamará.

El único problema es que el abogado defensor del fiscal, José Ignacio Ocio, está llevando una estrategia de defensa que complica la instrucción. La prueba es que el juez ha tenido que dictar más de treinta autos. Además, la estrategia de defensa no es precisamente de colaboración, pues como ha quedado probado por la UCO el fiscal general decidió borrar los mensajes de su móvil y su correo personal en el momento en que se enteró de su citación ante el juez.

La defensa de García Ortiz lo fía casi todo a que se anule el registro de su despacho y de su móvil: si no esta semana en el Tribunal Supremo, en el Constitucional, a pesar de que desde su creación en 1979 el TC nunca ha admitido un recurso de amparo contra un registro antes de que finalice una instrucción en el TS. Es más, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran probable que la Sala de lo Penal avale esta misma semana al juez Hurtado, de modo que la instrucción siga su curso. Es relevante en este punto observar la declaración de Álvaro García Ortiz en el Supremo el pasado 29 de enero: sólo respondió a las preguntas de su abogado y rehusó hacerlo a las de Hurtado. Es más, su defensa apostó por una estrategia de señalamiento del juez, un plan que se ha interpretado como la búsqueda de argumentos para el día en que este caso llegue al Tribunal Constitucional. No sólo eso: ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por supuesta filtración de datos personales en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo. García Ortiz denuncia que en ese informe, además de filtrarse sus datos personales, también figuran las llamadas que hizo y recibió a lo largo de diez meses, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024.

Pilar Sánchez Acera

Saltó a las portadas de los periódicos el día que ABC desveló el mensaje que le envió al entonces secretario general del PSM, Juan Lobato, y que éste inmortalizó ante notario para demostrar que no incurrió en la supuesta ilegalidad que ella le reclamaba. Es clave para averiguar el origen de ese whatsapp, pero el juez aún no la ha citado a declarar. Entre tanto, el nuevo líder de los socialistas madrileños y su jefe en La Moncloa la ha ascendido a jefa de Organización del partido

La Sala Penal

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe decidir, y todo apunta a que lo hará esta semana, si el juez instructor (a la izquierda) se excedió al ordenar el registro del despacho y del teléfono móvil, como denuncia la defensa de Álvaro García Ortiz.

El abogado

La defensa del fiscal general del Estado, que ejerce el abogado del Estado José Ignacio Ocio, ha propiciado que el juez instructor ya haya dictado más de treinta autos. Todo parece indicar que el objetivo está en anular la causa en el Constitucional.

Suceda lo que suceda, lo cierto es que su estrategia insiste una y otra vez en una idea: no contribuir a esclarecer qué llamadas hizo y qué mensajes envió desde su teléfono móvil en los días clave de la investigación. ¿Es esto un indicio en su contra o es simplemente su derecho a la defensa? Es un punto relevante, como lo es que en paralelo a la investigación judicial el fiscal general haya recibido un desacomplejado apoyo del Gobierno, tanto del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como del presidente del Gobierno. En medio de una instrucción judicial, Sánchez no sólo no quiso mantenerse al margen sino que llegó a solicitar a la opinión pública que pidiera perdón a un investigado, en este caso el fiscal general.

El caso está en manos del juez Hurtado, encargado de dirimir si envía o no a Álvaro García Ortiz a juicio en el Tribunal Supremo. En ese caso, Saltó a las portadas de los periódicos el día que ABC desveló el mensaje que le envió al entonces secretario general del PSM, Juan Lobato, y que éste inmortalizó ante notario para demostrar que no incurrió en la supuesta ilegalidad que ella le reclamaba. Es clave para averiguar el origen de ese wasap, pero el juez aún no la ha citado a declarar. Entre tanto, el nuevo líder de los socialistas madrileños y su jefe en La Moncloa la ha ascendido a jefa de Organización del partido una eventual dimisión como fiscal general no le libraría del banquillo: más allá de su puesto como jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz es fiscal de sala y, por tanto, goza de aforamiento ante el Supremo.

Mientras tanto, García Ortiz permanece en su puesto como máximo responsable en España de la persecución del delito.