La resistencia de Isabel Perelló y los cuatro ruidos en el poder judicial

En los últimos dieciocho meses ha emergido una figura, a pesar de que llegó casi por casualidad. Es Isabel Perelló, una gran desconocida para la opinión pública hasta hace bien poco. Exactamente hasta que las circunstancias la situaron en un lugar para el que, en principio, no estaba llamada: la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Es indiscutible que en el poder judicial están pasando cosas. Algunas saltan a la vista, otras pasan inadvertidas a la opinión pública, pero en todas ellas hay un elemento común: en las tensiones que se viven en ámbito judicial siempre acaba apareciendo la larga mano del Gobierno intentando controlar, cuando no tomar, el tercer poder del Estado. Nadie está a salvo de las injerencias del Ejecutivo: ni el Consejo del Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo ni, por supuesto, la Fiscalía General del Estado. Tampoco la Abogacía del Estado, aunque aquí el debate está más abierto a pesar de que se prestó a querellarse contra el juez Peinado en nombre del presidente del Gobierno porque estaba decidido a investigar a su mujer, Begoña Gómez. El varapalo de la justicia rechazando ese intento fue humillante.

El primero de esos cuatro ruidos es el choque institucional entre el Tribunal Supremo (TS) y el Constitucional (TC) por la decisión de éste de estirar la costuras del sistema (si no extralimitándose de sus funciones) para corregir a aquel como si se tratara de un órgano de casación, cuando no lo es. La gota que colmó el vaso fue la decisión sobre la sentencia de los ERE, que ha permitido al Gobierno y al PSOE lanzar una campaña de rehabilitación de los dos presidentes de la Junta de Andalucía bajo cuyo mando se produjo el mayor escándalo de corrupción de la democracia española. Como si todo aquello no hubiera pasado. Sí, son Manuel Chaves y José Antonio Griñán, rehabilitados tal vez para el socialismo militante y para el discurso del Gobierno, pero probablemente no para los andaluces.

El segundo punto de tensión no sólo es también sobradamente conocido, sino que es materia de encendidos debates en los medios de comunicación: los incesantes movimientos del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el sector progresista para dejar el camino expedito a la ley de Amnistía. Don Cándido no deja pelota sin chutar: reabre el debate sobre las recusaciones que él mismo contribuyó a cerrar en el mandato de Pedro González-Trevijano; se inventa la capacidad de «extender» la recusación de un magistrado a causas donde nadie lo había solicitado (todas vinculadas a la amnistía) y, abracadabra, designa como ponente a la constructivista Inmaculada Montalbán y le pone un plazo de dos meses a los letrados, para algarabía del Gobierno de España y sus necesidades aritméticas con Junts.

A estas dos batallas, tan ruidosas, se suma la que plantea el imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la causa en la que se le investiga por revelación de secretos. Se resume fácil: un fiscal general que no sólo no dimite al ser investigado, sino que que decide arremeter contra el juez instructor, Ángel Hurtado. ¿Cabe mayor desgaste institucional? El problema es que, casualmente, en este asunto también se ve la larga mano del Gobierno, que no ha dudado en ponerse de parte del jefe de la Fiscalía a pesar de que, en puridad, es un cargo institucional que una vez nombrado goza de absoluta autonomía (otra cosa es que la ejerza). Y, de nuevo casualmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de García Ortiz en una estrategia que pone de manifiesto ese estrecho vínculo en la ejecutoria de ambos.

Y así llegamos al cuarto ruido, tan sordo en la opinión pública como atronador en el ámbito judicial. Se trata de las presiones del Gobierno a Isabel Perelló, y la resistencia casi heroica de ésta: el frente de batalla son las presidencias de las salas Segunda y Tercera del TS, ésas que el Gobierno quiere controlar a toda costa porque son las que le pueden hacer daño. Es curioso, porque esas salas son las que han archivado querellas contra Sánchez y contra Félix Bolaños o las que le han dado la razón al fiscal general en lo relativo a Dolores Delgado. Pero el Gobierno es insaciable.

En este momento, la Sala Segunda, de lo Penal está presidida en funciones por el magistrado no conservador Andrés Martínez Arrieta, que se jubila dentro de dos años; sin embargo, la insistencia de la progresista Isabel Ferrer (la que firmó un voto particular a la sentencia del Supremo que se negaba a aplicar la malversación en la amnistía) en aspirar de inmediato al puesto impide un acuerdo. Lo mismo sucede en la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, con Pablo Lucas en funciones y Pilar Teso manteniendo su candidatura y propiciando el bloqueo, a pesar de que Lucas se jubila a finales de este año. Huelga decir que Ferrer y Teso son las candidatas del Gobierno y que Arrieta y Lucas pondrían una guinda de excelencia si finalizaran sus prolijas carreras presidiendo ambas salas sin el añadido de «en funciones». ¿A qué se debe pues esta insistencia de Ferrer y Teso en mantener sus candidaturas y arrastrar a los vocales del Consejo del Poder Judicial al choque de diez contra diez, cuando la jubilación de los dos presidentes en funciones es una cuestión de tiempo, y cuando además ambos están lejos de los postulados conservadores?¿No será que la batalla no está entre conservadores y progresistas sino entre progresistas alejados del Gobierno y progresistas progobierno?

Sea lo que sea, Perelló aguanta la presión y, de repente, el bloqueo tantas veces vilipendiado se convierte en un gesto de independencia frente al poder político. La presidenta del CGPJ y del TS va ganando autoridad a medida que pasa el tiempo y aguanta la presión. Algo parecido les pasa a Peinado y a Hurtado, vilipendiados desde la propaganda del Gobierno. Ella sabe bien que la situación no es fácil y que la mejor prueba del bloqueo es que su CGPJ no es capaz de nombrar un portavoz. También sabe que la institución y ella misma deben mejorar en términos de comunicación. Pero por encima de todo sabe, y ahí está su éxito, que debe elevarse frente al ruido. Frente a los cuatro ruidos, porque todos tienen un mismo origen, pero no todos se comportan igual. Son los efectos de la larga mano del Gobierno.