Conde-Pumpido, ante su Pleno más difícil: «Se ha pegado un tiro en el pie», dicen en el Constitucional

Tras no encontrar apoyos en ninguno de los informes internos encargados por él mismo a distintos letrados y servicios del órgano de garantías –dictámenes adelantados este sábado por ABC–, ni tampoco en el bloque progresista (sí en la Fiscalía de García Ortiz), Conde-Pumpido terminó reconociendo este lunes, aunque no de forma implícita, que tiraba la toalla. 

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Antonio R. Vega

Lo hizo públicamente durante su intervención en un debate en el Ateneo de Madrid, donde, a veinticuatro horas del inicio del pleno en cuyo orden del día él mismo introdujo el debate sobre este asunto, señaló que el TC «en ningún caso» se plantea «anular» esa cuestión prejudicial y lamentó que esos «informes internos» que él había solicitado como mero material de apoyo para los magistrados hayan provocado «un juicio paralelo». A estas alturas, y tras la recomendación de los propios letrados de que lo mejor es «no hacer nada», nadie espera ya que de ese punto del orden del día salga algo provechoso.

Durante su intervención, el presidente del TC justificó su decisión de llevar esta cuestión al debate de este martes en que si bien un órgano judicial es soberano para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, «la novedad estriba» en que se hace sobre una sentencia del Tribunal Constitucional ya dictada, cuando la ley orgánica que regula el órgano de garantías establece la obligación del TC de «defender su propia jurisdicción». No obstante, insistió, «no hay intención alguna de anular esa decisión».

Su postura dista mucho de la mantenida hace apenas una semana cuando, por iniciativa propia, ordenó a la secretaría del Tribunal que solicitara a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las resoluciones en las que ambos órganos judiciales avanzaban su intención de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE. En el caso de los ERE los jueces que condenaron a los altos cargos de la Junta de Andalucía consideran que los amparos del TC pueden vulnerar el derecho comunitario en lo se refiere a la lucha contra la corrupción, pues el Constitucional ha 'amnistiado' parte de la malversación de las partidas presupuestarias destinadas a las ayudas sociolaborales de la Junta.

En fuentes del entorno del presidente no se ocultó la posibilidad de proceder contra esos órganos judiciales para hacerles cumplir la sentencia y preservar así el ámbito de su jurisdicción, aunque eso implicara recurrir al artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), ideada por el Gobierno de Rajoy en pleno desafío secesionista para obligar al Parlament a cumplir sus resoluciones ante la flagrante desobediencia de los independentistas.

Este lunes, Conde-Pumpido, rendido ante la evidencia de los informes encargados por él mismo que desautorizan su maniobra, terminó reconociendo que el TC no se puede interponer entre el órgano judicial que decide elevar una consulta y el TJUE, que la resuelve, si bien sí se refirió al artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la obligación de «respetar los principios constitucionales». Dejaba así la puerta abierta a que, ante un eventual pronunciamiento del Tribunal europeo que dé la razón a la Audiencia de Sevilla, el TC no se quede de brazos cruzados y defienda su papel de máximo intérprete de la Carta Magna. No obstante, fuentes del tribunal consultadas por ABC recuerdan que la respuesta del TJUE no llegaría hasta dentro de dos años y que para entonces Conde-Pumpido ni estará en el TC (su mandato acaba en 2026)

Se quejó el presidente de las campañas en contra de las decisiones del TC, a las que deben someterse, dijo, los tres poderes del Estado. «Cuestionar la legitimidad del Tribunal es cuestionar la Constitución y el sistema democrático». Y apenas unas semanas después de que el Supremo advirtiera de que los magistrados del TC no están exentos de una imputación por prevaricación, negó que esto sea posible, primero, porque las resoluciones del TC no pueden ser examinadas, y segundo, porque los magistrados gozan de «inmunidad» y no pueden ser perseguidos por lo manifestado en sus resoluciones.

Aludió también a la incomprensión que sufre el tribunal y a la «difícil labor» que afronta, porque «en ocasiones para defender la Constitución tenemos que enfrentarnos a fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas que tienen interés» en que se mantenga una ley recurrida por inconstitucional o, en sentido contrario, que se anule una ley concreta. Pero parafraseando a Francisco Tomás y Valiente recordó que el TC «no puede esperar el aplauso ni acobardarse ante la crítica».