La Fiscalía General auxilia a Pumpido y desoye a los fiscales de Sevilla que apoyan llevar el caso ERE a la Justicia europea

El Ministerio Público, en este sentido, va a tomar partido en el asunto, aunque de manera indirecta, para alinearse con las tesis del TC de Cándido Conde-Pumpido y mostrar el rechazo a consultar a la Justicia europea sobre la revisión del caso de corrupción vinculado al PSOE. Este es, según apuntan fuentes judiciales, el criterio de fondo que maneja la Fiscalía sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo, algo que impulsa la sala que condenó a los ex altos cargos socialistas, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza. La nueva tesis del TC y su aplicación ha ido impulsando el 'borrado' de esas condenas, algo que podría revertir este movimiento en busca de los tribunales europeos.

Las cuestiones prejudiciales no son de los fiscales concretos que han llevado el asunto, sino de la Fiscalía General del Estado, dado que una cuestión prejudicial supone un camino hasta Europa. Apela a una instrucción de 2016 que establece que en las citadas cuestiones prejudiciales son los fiscales jefes de las secciones correspondientes de la Fiscalía del Supremo (en el caso de los ERE, la sección Penal) quienes fijan el criterio. De esta forma, la Fiscalía General podrá 'gestionar' el dictamen final de esta cuestión, al tener controlada la del Supremo con la figura de la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde.

La Fiscalía del Supremo será, por tanto, la encargada de fijar criterio sobre la pertinencia o no de plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia europea. El Constitucional, por su lado, ha fijado para el próximo pleno del 8 de abril el «debate jurídico» sobre si la Audiencia sevillana puede elevar dicha cuestión prejudicial por el caso de los ERE.

La Fiscalía del Estado pretende evitarlo, claramente, aunque con ello se ponga en contra de los propios fiscales de Sevilla. La Delegación en Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción está a favor de que el borrado sustancial de delitos del Tribunal Constitucional en el caso de corrupción de los ERE de Andalucía sea recurrido ante la Justicia europea. En un escrito redactado el pasado miércoles, según confirmaron diversas fuentes jurídicas consultadas por ABC, los representantes del Ministerio Público en Sevilla apoyan sin fisuras la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de presentar una cuestión prejudicial ante el tribunal europeo para no aplicar las diez sentencias del TC favorables a los ex altos cargos socialistas del Gobierno, entre otros, los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán.

En una providencia emitida el pasado 18 de marzo, la sala de Sevilla pide a las partes del proceso que se pronuncien sobre su propuesta de elevar una consulta al TJUE para determinar si el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido pudo haber vulnerado el Derecho comunitario y si se extralimitó en su función de control al revisar la valoración de las pruebas realizada por la Audiencia y el Tribunal Supremo. Así lo creen también los fiscales Anticorrupción que acusaron a una veintena de ex responsables políticos en el juicio que se saldó con una sentencia condenatoria de la Audiencia hispalense, posteriormente ratificada casi en su integridad por el Supremo. Los fiscales Anticorrupción cierran filas con los magistrados de Sevilla para llevar al tribunal con sede en Luxemburgo la anulación parcial de las penas que el TC acordó el pasado mes de julio, en un giro de guion inesperado en el caso ERE.

La posición mantenida en Sevilla contaría con el respaldo del fiscal jefe Anticorrupción en Madrid, Alejandro Luzón, y es coherente con la línea que esta parte ha mantenido a lo largo de toda la instrucción y el juicio de la pieza del caso ERE que sentó en el banquillo a los ex altos cargos andaluces del PSOE. Con todo, la cúpula de la Fiscalía va a acabar con esa postura 'coherente'. El apoyo de los fiscales Anticorrupción de Sevilla no ha sido obstáculo para que la Fiscalía General se posicione en contra de la cuestión prejudicial, aunque sin tener que emitir informe alguno sino 'delegando' en la Fiscalía del Supremo.