El Gobierno de Mazón asume las exigencias de Vox sobre cooperación y el valenciano en sus presupuestos de 2025

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, tras dar luz verde a esas cuentas el pleno del Consell y presentarlas en las Cortes Valencianas, donde se inicia ahora su tramitación después de la prórroga de los anteriores y de varios retrasos, con vistas a que se aprueben a finales de mayo.

Unas cuentas enmarcadas también en el pacto con Vox para poder sacarlas adelante ante la minoría parlamentaria del Gobierno del PP liderado por Carlos Mazón. Al respecto, el portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos, ha celebrado que «son los mejores presupuestos, porque son lo que necesita» la región.

Merino no considera que se hayan asumido tesis de este partido, pues el presupuesto «va en la misma línea» que el de 2024, que se aprobó con la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo autonómico. «No hay recortes de ningún tipo», «ni en igualdad ni en políticas verdes», ha indicado, al tiempo que ha matizado que se han añadido algunos puntos en los que «coinciden» con sus «socios preferentes», mientras otros «se pueden modificar» con enmiendas durante la negociación.

Según Merino, tampoco hay una partida destinada a luchar contra la inmigración irregular ni se ha modificado la referente a los sindicatos -pese a que Vox ha anunciado que se recortará un 30%- ni la de cooperación al desarrollo. Sin embargo, en este último aspecto si hay un cambio «que estaba previsto»: que las subvenciones se concedan por concurrencia competitiva y no de forma nominativa. Algo que podría extenderse a otros ámbitos.

Este apartado se ve incrementado respecto al año pasado pero, como exigían los de Abascal, «tiene previsto financiar actuaciones que ayuden a mejorar la vida en los pueblos, las ciudades y las comunidades afectadas por la DANA, actuando sobre ámbitos del desarrollo social y comunitario, como son el social, socioeducativo, socioeconómico, sociosanitario, socioambiental y de fortalecimiento local».

Además, se ha realizado una «eliminación del gasto superfluo» -como la ha calificado Merino- en el sector público, que Vox ha cifrado en 200 millones de euros. De hecho, se reduce un 25% -un millón de euros menos- el presupuesto de la Academia Valenciana de la Llengua, el órgano estatutario encargado de la normativa del idioma cooficial. Un recorte que, según Merino, «se ha basado en analizar cual es la ejecución real». Del mismo modo, se incluye una disminución del 10% -de 19 a 17,5 millones- en la partida de promoción de la lengua propia, que también estaba en el foco de los de Abascal.

Por su parte, el proyecto de ley de acompañamiento introduce nuevas deducciones fiscales, otra de las exigencias de Vox. Se duplica y hasta triplica la bonificación en el IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento; se reduce del 10 al 4% el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para impulsar el relevo generacional en la compra de parcelas agrarias; se suprime el pago de tasas portuarias a los barcos de pesca ; y se rebaja al 50% el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para proyectos de interés autonómico.

La bajada del IRPF sigue estando entre los planes del Consell, pero no se contempla en las cuentas de 2025, al no soportar una reducción de ingresos ante los gastos por la dana.

Cuestionada por la línea roja marcada por Vox -y asumida por el PP- de que no se admita a más menores migrantes no acompañados, Merino ha apuntado que analizarán la respuesta «cuando llegue el momento» y el Gobierno de Sánchez presente la ley y cuantifique cuántos corresponde a la Comunidad Valenciana.

En ese sentido, coinciden con Vox en que «hace falta una verdadera política sobre la inmigración por parte del Gobierno de España, que es el que tiene las competencias, y no pasar la pelota a las comunidades sin aportar recursos». «No estamos dispuestos a tener a los menores que están en esta comunidad de una forma indigna, como están en estos momentos sobresaturados los centros», ha sostenido.

La consellera de Hacienda ha lamentado que la valenciana sigue siendo la autonomía peor financiada (265 euros menos por habitante que la media) y que, aunque se haya reducido el déficit en 500 millones, la deuda ronda los 60.000 millones. De hecho, el gasto en intereses se ha disparado en los dos últimos años: desde los 422 millones hasta los 1.143 millones que se pagarán en 2025.

Merino ha precisado que las cuentas están también condicionadas por las nuevas reglas fiscales y que se ha tomado como referencia el 3,2% de aumento en el techo de gasto, el objetivo de déficit de las CCAA del -0,1% y el déficit presupuestado por la Generalitat del 1,2%, de acuerdo con el marco de la normativa europea. En este punto, ha reclamado al Gobierno central la reforma de Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria para adaptarla al Nuevo Marco Gobernanza Europeo.

Además, los ingresos procedentes de los fondos europeos se ha desplomado un 74% -889 millones menos- en dos años. «El gasto real en sanidad equivale al 38% del presupuesto y crece un 7,8%. Es el más alto de la historia en la Comunidad Valenciana», ha señalado la consellera. En general, políticas sociales crece en 1.105 millones (un 6%). Entre otras, la partida en dependencia crece en 100 millones por el «récord histórico» de beneficiarios. En cuanto a proyectos relacionados con la dana, se destinan 111,5 millones a rehabilitar infraestructuras públicas dañadas o 167 millones a la reactivación económica.

Preguntada por si no se contempla la condonación de la deuda y si hay alguna estimación de la misma, Merino ha señalado que ésta es una «entelequia» y que «no se puede evaluar algo que no existe». Además, ha detallado, a preguntas de los medios, que sí se han incluido en las cuentas en el apartado de ingresos «lo que el Estado debería aportar por la dependencia (347 millones de euros) y por los llamados desplazados sanitarios (1.022 millones).