La Comisión Europea desmiente a Bolaños y reitera su preocupación por la ley de amnistía
El ministro se reafirma: «Repito palabra por palabra, hay cero preocupación»
La crisis institucional en España se enquista en el escenario europeo
En una rarísima intervención política, la Comisión Europea desmintió este viernes al nuevo ministro español de Justicia, Félix Bolaños, y aclaró que mantiene sus dudas sobre la adecuación de la ley de amnistía al derecho europeo. El día anterior, Bolaños había dicho a la salida de su reunión en Bruselas con el comisario de Justicia, Didier Reynders, que en el Ejecutivo comunitario había«cero preocupación» por la situación del Estado de derecho en España.
El portavoz del área de Justicia de la Comisión respondió este viernes refutando esta afirmación. «El comisario no dijo que la ley de amnistía no plantea preocupaciones», clarificó respecto a una reunión en la que Reynders expreso claramente sus varias inquietudes al ministro español y le confirmó que su departamento seguirá analizando este proyecto legislativo durante la tramitación parlamentaria.
No es frecuente que la Comisión Europea desmienta de forma directa al representante del Gobierno de un país miembro y menos aún si se trata del que ejerce la presidencia semestral, lo que da una idea de la importancia simbólica de la declaración que se pronunció en la sala de prensa. La Comisión quería dejar claro que, por lo que respecta a la situación de la Justicia en España, «el análisis sigue en marcha, por tanto en ese sentido el comisario no dijo que la ley de amnistía no plantea preocupaciones» y que, por tanto, lo que Bolaños proclamó con reiteración ante los periodistas no se correspondía con la realidad.
Y para análisis más puntillosos, esta sería la primera vez en la que en un comunicado de la Comisión sobre el Estado de derecho en España no aparece ninguna referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que permitía repartir los reproches tanto al Gobierno como a la oposición, sino que se habla exclusivamente de la ley de amnistía, es decir, que el mensaje se dirigía específicamente a Bolaños.
En conversaciones informales, funcionarios europeos relacionados con el caso reconocían que se habían sentido incómodos y sorprendidos por la actitud arrogante del ministro español, que habría rebasado los límites que se esperan de cualquier responsable europeo. Comentarios acerca de que «un ministro no puede poner por su cuenta la versión que quiera de la posición de la Comisión» se escucharon ayer en el edificio Berlaymont, sede de la más importante institución de la Unión Europea (UE), para describir una situación que no se produce a menudo. «No se puede decir así, abiertamente, pero lo que dijo Bolaños no es verdad», han confirmado en privado funcionarios europeos.
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La impresión en algunos de los que conocen los detalles de la reunión del jueves entre Bolaños y Reynders es que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a seguir adelante con sus planes, sea lo que sea lo que diga la Comisión sobre ello, y que hasta ahora no parecen sentirse intimidados por las posibles críticas.
Si tenían dudas sobre este extremo, se las despejó el propio Bolaños ayer mismo cuando, después del desmentido público, volvió a reafirmarse en su idea de que en Bruselas no hay preocupación por la separación de poderes en España ni por la ley de amnistía. «Ninguna preocupación, lamento haber pinchado el globo de la derecha y la ultraderecha, que decían que Europa estaba preocupadísima. Pues no, no está preocupada en absoluto» dijo este mismo viernes por la tarde en los pasillos del Congreso de los Diputados.
El análisis sigue
Aunque oficialmente en Bruselas se insiste en que el análisis de la ley de amnistía no ha terminado, la Comisión Europea le ha planteado al Gobierno español una serie de preguntas, quince al menos, sobre puntos en los que aprecia discrepancias con la legislación europea. Entre otras cosas quieren saber qué pasa con los delitos de malversación, porque esto afecta al dinero de los fondos europeos; qué repercusiones tendría respecto a los delitos calificados como terrorismo, que no se pueden amnistiar; o cómo se aplicaría la ley en el supuesto de que hubiera recursos en casos puntuales. También recuerdan que todo esto no prejuzga el resultado de ese análisis, que normalmente no se terminará antes de que la ley haya sido aprobada definitivamente en España.
En este caso, sin embargo, la Dirección General de Justicia de la UE no tiene más remedio que poner en el informe el peso de la extraordinaria cantidad de peticiones de amparo que ha recibido por parte de prácticamente todas las organizaciones profesionales del mundo judicial y de miles de ciudadanos españoles que han enviado individualmente cartas a la Comisión Europea.
Tal vez haya sido este el momento en el que el organismo que preside la alemana Ursula von der Leyen empieza a conocer personalmente los usos habituales del gabinete de Pedro Sánchez y su peculiar y tortuosa relación con la verdad. Que un ministro haya mentido respecto a lo que atribuye a la Comisión Europea es un hecho inédito en Bruselas. Que se reafirme públicamente después de haber sido desautorizado expresamente es algo que no se había visto en la capital comunitaria, ni siquiera respecto a los espinosos casos de Polonia y Hungría.
En todo caso, después de la primera carta del comisario de Justicia en octubre pidiendo información, que fue el modo elegido para decir que la amnistía y los acuerdos con el prófugo Puigdemont le preocupan, este desmentido puede considerarse como una indicación de que las relaciones entre el Gobierno y Bruselas ya están desafinando.
No son de prever movimientos bruscos porque por encima de esta polémica, en la UE las cosas se llevan con cierto pragmatismo. El próximo lunes, sin ir más lejos, hay un Consejo de Ministros de Justicia en Bruselas que será presidido por Bolaños y a cuyo término se celebrará una rueda de prensa en la que el ministro español estará acompañado por el propio comisario Reynders.
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