La gestión de la inmigración en Cataluña, ante el espejo de Salt

Y es que los altercados, con una docena de contenedores quemados y lanzamientos de piedras y otros objetos contundentes contra la Policía, se han producido en plena contienda política por el control de la inmigración en Cataluña, tras el pacto entre el Gobierno central y Junts, y han puesto en la diana a la población inmigrante de Salt, municipio con más de un 43 por ciento de extranjeros censados, y unas 80 nacionalidades diferentes. La mayoritaria, la marroquí, seguida por hondureños, gambianos y malienses, como Konateh.

Pero en los ochenta, con el auge de la industria textil, también recibió a gran número de habitantes de otras zonas de España, como Carmen Blázquez, que se trasladó junto a su ahora difunto marido, Emilio, desde su Segura de la Sierra (Jaén) natal hasta el pueblo gerundense, «hace ya la friolera de 46 años», explica en el salón de su piso, en el mismo edificio que la mezquita Ahlu-Sunna, rodeada de fotos de sus nietos. La única queja de esta jubilada es que la despierten con el rezo de las seis de la mañana. «No son horas», reprocha. Por lo demás, subraya: «En mi casa no somos racistas. Siempre nos hemos encontrado con personas educadas, de esas que, sean de donde sean, cuando te ven, se ofrecen a ayudarte con las bolsas de la compra».

Se enteró de los altercados por la televisión. Y su reproche va dirigido a aquellos que okupan, evidenciando la irrelevancia de su origen: «No lo entiendo. Yo he trabajado mucho, he vivido en sitios mejores y peores, pero esto no lo concibo», zanja.

Ya en la calle, Xavi, bolsa de la compra en mano, constata que «tras el desalojo ha habido más tensión». «A ver si la cosa se calma, y en unos días volvemos a la normalidad. Aquí se vive tranquilo, la gente se adapta y no hay problemas de convivencia», apunta.

Lo ocurrido ha servido para agitar el debate sobre la inmigración en Cataluña. Más allá de las exigencias del partido de Carles Puigdemont para mantener su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido esgrimida por todas las formaciones políticas en el Parlament como arma arrojadiza, pero sin profundizar en el fondo de la cuestión y su complejo abordaje. De la CUP a Vox. Mientras una diputada antisistema afirmó que «en Cataluña, lanzar piedras a los Mossos es un hecho cultural propio», cosechando así el reproche de sindicatos de agentes, que exigen su dimisión, Ignacio Garriga (del partido de Santiago Abascal) se desplazó hasta Salt para culpar a las «autoridades islamitas» de lo ocurrido, obviando que, tanto el imán desahuciado, Kalilou Diawara, como una de sus hijas, Henda, así como el resto de comunidades islámicas del pueblo no sólo se desvincularon de lo ocurrido, sino que lo condenaron y se pusieron a disposición tanto del ayuntamiento, como de la Policía para frenar los incidentes. Los altercados fueron protagonizados por jóvenes encapuchados y su único resultado ha sido el de contribuir a criminalizar al conjunto de la población extranjera, tal y como apuntaba Konateh –«con lo que han hecho, no ayudan a nadie»–.

En los alrededores del Ayuntamiento de Salt, los edificios que hace décadas acogieron a habitantes de otras comunidades que se asentaron en Cataluña para prosperar ahora son el barrio de africanos y subsaharianos. «Conviven pero no se mezclan», puntualiza un vecino sobre ambas comunidades. Sus bajos acogen carnicerías halal, barberías, tiendas de ropa, o supermercados que regentan ellos mismos.

A pocos metros de la frutería Drissi, Fouad, de 46 años, explica que hace dos años se trasladó desde Marruecos hasta este municipio que, caminando, queda a escasos minutos de Gerona. Con un paraguas bajo el brazo por la amenaza de lluvia, cuenta que trabaja como profesor de árabe en una asociación. «Aquí está todo bien, no hay ningún problema de convivencia», sostiene.

En la misma calle, tres amigos de 16 años, Amy, Benke y Fatu, nacidos en Salt. La madre de la primera la llama desde la frutería para que le acerque el carro de la compra, porque ella carga ya con una bolsa de naranjas. En la pantalla de su móvil, la adolescente muestra uno de los vídeos de los disturbios.

Los jóvenes secundan lo que apuntó el alcalde de la localidad, Jordi Viñas (ERC), tras las dos noches de altercados: que sus responsables –en su mayoría, encapuchados– no pretendían protestar contra el desalojo del imán sino, más bien, buscar gresca. «Por la mañana hubo gente que se acercó hasta el ayuntamiento para tratar de hablar y quejarse porque han dejado a la familia sin piso, pero no pasó nada. De noche eran otros», menores y algunos jóvenes, «los 'manguis' de siempre. Gente que no tiene cabeza y que se aprovecha de la situación», apunta una de las chicas. Ninguno de los adolescentes sabe que al imán lo expulsaron por una deuda hipotecaria, tras varios años de impago. Tampoco que el consistorio aclaró que no recibió ayuda de los servicios sociales porque, por su salario, no se encuentra en situación de vulnerabilidad.

A pesar de ello, rebaten: «Pero es que no ha sido el único desahucio, aquí se está echando a gente a menudo». Sin saberlo, ponen el foco en uno de los principales problemas del municipio, que se extiende a otras poblaciones de Cataluña: el del acceso a la vivienda. Según detalló su alcalde, en Salt hay unas 700 personas apuntadas en la lista de espera, motivo por el que el consistorio reclama a los grandes tenedores la cesión de pisos a la administración para destinarlos al alquiler social.

Desde el gobierno municipal insistieron así en desvincular el desalojo del líder religioso de las algaradas, al constatar que quienes las protagonizaron fueron oportunistas con el rostro cubierto, de los que aprovechan la menor ocasión para generar altercados. Así lo secunda también Rafaat Sarajeddin, secretario de la comunidad islámica de la mezquita más grande de Salt, Imán Malik, quien subraya: «Nosotros no tenemos nada que ver, y nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento para ayudar en lo que haga falta. Rechazamos todo lo que ha pasado. Han sido algunos jóvenes, y aún peor, en un mes sagrado como es el Ramadán».

A las puertas del templo, Sarajeddin lamenta: «Esto lo aprovechará la ultraderecha para sacar rédito y señalarnos».