La Audiencia Nacional no esperará a los indicios contra Aguirre en Púnica que prometió un exalcalde del PP
Rechaza mantener viva esa posibilidad porque hace más de un año que Ortega se ofreció a colaborar sin resultados
Confirma el fin de la investigación por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, con la expresidenta exonerada
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón al juez de Púnica, Manuel García Castellón, en que la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en los tiempos de Esperanza Aguirre está agotada y procede seguir su tramitación, sin esperar a que el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, aporte los indicios que aseguró tener contra la expresidenta en relación a una serie de contratos y que prometió aportar hace más de un año desde la prisión donde cumple condena por el caso Gürtel.
La resolución, notificada esta semana y a la que tuvo acceso ABC, rechaza así el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra una providencia de García Castellón que daba por finalizadas las pesquisas y descartaba seguir esperando noticias de Ortega. Para el juez, no se podía hacer depender toda la investigación de la voluntad del exalcalde y menos aún teniendo en cuenta que hacía ya un año y tres meses desde que se acordó recabar la información que él, en una declaración como testigo, dijo tener en su poder.
Los fiscales discrepaban de esta decisión porque al estar Ortega en la cárcel no tenía medios para acceder a la información sobre los supuestos contratos irregulares y llevó meses conseguir que se le proporcionase un ordenador, que luego resultó que tenía que ser el suyo personal, para que pudiese buscar lo que necesitaba. Sin embargo, lo que no ha dicho la Fiscalía, en opinión del tribunal, es «desde cuándo» ha tenido el exalcalde esa información en su poder «o qué causa le impidió poner en conocimiento del juzgado, a mano por escrito valiéndose de su letrado o solicitando una nueva declaración», las razones de que fuese tan importante.
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«Es más, entiende el tribunal que lo que al parecer iba a llevar a cabo el señor Ortega es una colaboración con la justicia en relación a los hechos que se están investigando, cuestión que es ajena al contenido de los requerimientos», dice la resolución. Para los magistrados, «de ser cierta su voluntad de colaborar, bien podía haber hecho uso de su letrado».
Si el ordenador era clave, debieron pedir el volcado
En cuanto a la imposibilidad de acceder a un ordenador en la cárcel, entienden que esa circunstancia, «de ser cierta, no le hubiera impedido haber trasladado a su letrado las informaciones que aquél tuviera interés en poner en conocimiento del juzgado o incluso solicitar del propio instructor ser llamado a declarar». Y, sobre la supuesta importancia de ese ordenador al que también tiene dificultades para acceder, dice que si fuese tan relevante, «se podrían haber llevado a cabo diligencias tendentes a conocer su contenido» y «no consta que se hayan solicitado».
«Como dice el instructor, el procedimiento debe seguir su trámite procesal una vez que, incluso habiendo finalizado la fase de investigación, se ha concedido un plazo para llevar a cabo las diligencias interesadas sin que una vez transcurrido se hayan llevado a cabo de otra forma que no sea a través de la utilización de un ordenador desde el centro penitenciario», concluye el tribunal.
Desestima así el recurso de Anticorrupción al que se había sumado también Adade y que fue impugnado por la propia Esperanza Aguirre. Para su defensa, era todo «una pantomima» organizada por Ortega con el respaldo del PSOE a fin de obtener él, «beneficios penitenciarios con testimonios fraudulentos» y el partido, réditos electoralistas.
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