Esperanza Aguirre, exonerada de la corrupción de Púnica a los tres años de ser imputada

Hay indicios de delito electoral en los comicios de 2007, 2008 y 2011, aunque en los dos primeros casos estarían prescritos. También de que el Partido Popular de Madrid ocultó sus «gastos reales» y se valió de «fuentes de financiación opacas» para sufragar sus campañas. Pero «no se han evidenciado indicios» que permitan afirmar que Esperanza Aguirre participara o fuera «conocedora» de estas prácticas delictivas.

Es la conclusión a la que ha llegado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que pone fin a la instrucción de esta pieza de la trama Púnica, así como a la imputación de la expresidenta madrileña, señalada desde septiembre de 2019. «El genérico hecho de que, en tanto que presidenta de la Comunidad de Madrid tenía un control absoluto de todo lo que sucedía, resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal», razona el magistrado en un auto conocido hoy.

En él, archiva la causa también para su número dos y sucesor en el cargo, Ignacio González, y deja más cerca del banquillo –como principales responsables de las corruptelas del PP regional– al que fuera gerente de la formación madrileña Beltrán Gutiérrez y su ex secretario general Francisco Granados.

En un amplio escrito presentado el pasado mes de julio, el Ministerio Público desinflaba la pieza separada sobre esa presunta financiación irregular que se ha venido instruyendo durante ocho años y que llegó a contar con 152 personas investigadas. A través de ese documento, la Fiscalía ordenaba la causa, aclaraba su situación procesal y proponía la exoneración de la mayoría de los señalados.

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Adriana Cabezas

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Ahora el juez, siguiendo el criterio de Anticorrupción, ha propuesto sentar en el banquillo a un total de ocho personas y ha acordado el archivo de la causa para el resto, entre ellos–además de González y Aguirre– los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

También deja fuera de la causa al exconsejero madrileño Salvador Victoria, si bien la Fiscalía en su caso sí apreciaba indicios de prevaricación y malversación y había solicitado su procesamiento.

En lo que respecta al Partido Popular de Madrid, la Fiscalía había llegado a la conclusión de que, «pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes» durante las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008, los mismos se encontrarían prescitos. García Castellón asume esta tesis, así que solo se juzgará la presunta financiación irregular de la formación en los comicios de 2011. El juez detalla cómo la contabilidad de los populares madrileños presentada ese año «no respondía a la realidad»: ocultaron el coste real de la campaña, que ascendió a 6,8 millones de euros y en la Cámara de Cuentas declararon menos de la mitad: 2,9 millones.

«Para poder ejecutar tal plan» –prosigue el magistrado– «era necesario contar (...) con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos». El magistrado considera acreditado el uso de facturas falsas y también el uso de fuentes de financiación «opacas», donde los populares habrían captado recursos para gastos electorales.

Para el instructor, Granados fue la «principal fuente de captación de recursos» a través de aportaciones en efectivo que después registraba en una «libreta negra», donde reflejaba las cantidades que «retenía para sí o para terceras personas».

Según el auto, el resto del dinero se lo hacía llegar a Beltrán Gutiérrez, con quien mantenía una relación de «plena confianza». Otra de las fuentes de financiación irregular, indica el auto, fue la «derivada de la cuenta de la Fundación Fundescam», con subvenciones o donaciones. Las partes tienen ahora diez días para presentar sus escritos de acusación y tres para recurrir.