El aniversario de Franco costará 20,4 millones y el 40% será para publicidad

El dinero ya está siendo gestionado por el Ministerio de Política Territorial en esta doble vía. En concreto, según ha podido saber este periódico, en enero se tramitó una transferencia de crédito interna en el presupuesto de gastos del Ministerio que encabeza Ángel Víctor Torres por los 20,4 millones antes señalados «para atender los gastos asociados a la celebración '50 Años de España en Libertad'». Fue una operación financiada con el presupuesto de este Ministerio y se giró hacia dos partidas: la número 22.03.925M.226.02 denominada «Publicidad y Propaganda» que recibió los ocho millones citados, y la número 22.03.925M.227.06 bajo el epígrafe «Estudios y Trabajos Técnicos» dónde se ingresaron los 12,3 millones para sufragar los actos.

Este movimiento de dinero dentro de partidas del epígrafe de gastos del propio Ministerio está permitido por la Ley General Presupuestaria. Es el margen que existe ante partidas que finalmente no se quieran ejecutar o simplemente porque políticamente interese más ejecutar un programa que otro.

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Sin embargo, aunque Política Territorial ya tiene presupuesto, dinero y está realizando fichajes, ha optado por la opacidad frente a la oposición y aún no ha contestado a las preguntas que tanto Vox como el PP le han dirigido hace ya varias semanas a través del Congreso sobre las retribuciones y contratos relacionados con la conmemoración. En el caso de Vox, el plazo de contestación caducó sin que, a día de hoy, las respuestas se hayan publicado en el Boletín Oficial de las Cortes. En cuanto al bloque del PP, el Gobierno aún está en plazo.

Y es que en el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo el pasado 7 de enero para crear el Comisionado de la celebración de los «50 años de España en Libertad» no dio detalles sobre su coste o integrantes más allá de la elección de la historiadora Carmina Gustrán como comisionada. Tres días después, el 10 de enero, el grupo parlamentario que preside Santiago Abascal registró una batería de preguntas escritas pidiendo saber de qué recursos públicos, tanto personales como materiales, dispondrá la Comisión Interministerial que asistirá al Comisionado; el nombre de los integrantes de la Oficina de nueva creación que dará soporte a Gustrán; las retribuciones de la propia comisionada y de los miembros de su estructura; o los miembros del Comité Científico que se encargará de asesorarla y sus retribuciones, entre otras cuestiones. Los autores de la iniciativa fueron los diputados Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro.

Por su parte, el 19 de febrero el Partido Popular registró su propia ofensiva por escrito centrada en las retribuciones de los responsables y personal del Comisionado. El nivel de complemento de destino y las retribuciones de productividad de la comisionada así como de la directora de su Oficina, -que según ha podido saber ABC será la socióloga y experta en cambio climático Marisol Mena, ajena al mundo de la Historia-, fueron dos de las preguntas que cursaron los diputados Pedro Muñoz Abrines, Cayetana Álvarez de Toledo, María Jesús Moro, Enrique Belda y Macarena Montesinos.

Todos ellos también pidieron conocer cuántos puestos considera el Gobierno que debe tener el nuevo Comisionado, así como los niveles, denominaciones y complementos retributivos de sus integrantes o el número de puestos adjudicados a dedo. Más allá de las cuestiones retributivas, el grupo de Alberto Núñez Feijóo coincidió con Vox en la gran pregunta que rodea a esta campaña: cuál es su justificación y por qué necesita la estructura de personal que le adscribe.

No en vano, como recuerdan los diputados populares en su bloque de preguntas, el Ministerio de Política Territorial cuenta con 25 puestos de trabajo en el gabinete del ministro y su secretaría de apoyo, 11 en el gabinete técnico y 5 en la unidad de apoyo. Además, la Secretaría General Técnica cuenta con una plantilla de 28 personas y la secretaría de Estado de Memoria Democrática con otras 39.

«De la relación de puestos de trabajo del Ministerio, 80 personas estarían adscritas, de manera completa o parcial, a funciones relacionadas con la memoria democrática», denuncian los parlamentarios. «¿Qué justifica la necesidad de crear un Comisionado y una Oficina de apoyo?», preguntan al Gobierno. El plazo para contestar expira el próximo 26 de marzo.