La Wikipedia compra el relato del PSOE de que el caso ERE de Andalucía fue un «invento»

Pero es en el segundo párrafo donde la Wikipedia se adentra en el pantanoso terreno de la desinformación y las medias verdades en lo que debería ser una mera descripción objetiva de los hechos. «La causa saltó a la actualidad mediática cuando el diario español ABC destacó en portada afirmando que entre 2000 y 2009 la cantidad desviada ascendía a un total de 680 millones de euros. E incluso se afirmó que entre el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011, se estimaba que dicha cantidad pudiera alcanzar los mil millones de euros. Dichas afirmaciones fueron publicadas en portada sin ninguna sentencia que afirme dichas cantidades ni su destino, es decir, fueron inventadas», sostiene.

El referido párrafo contiene al menos tres errores de bulto. El proceso lleva bajo los focos mediáticos desde el año 2011, cuando la juez Mercedes Alaya, abrió las diligencias previas. La cifra de casi 680 millones no es, como señala sin rigor, un «invento». Aparece en el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Sevilla dictada el 19 de noviembre de 2019 que condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza principal de la macrocausa. Para rematar, la portada tampoco es de ABC, sino una información de El Mundo con la que vincula dicha afirmación.

La web que nació en 2001 con la vocación de recopilar y difundir de manera libre y gratuita el conocimiento humano y, de paso, combatir la posverdad, compra, casi al pie de la letra, la narrativa del PSOE sobre el caso ERE. Su argumentario lo resumió la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, proclamada secretaria general del PSOE andaluz, en una entrevista que concedió a la Cadena Ser el pasado 9 de enero: «Se ha demostrado que todo esto fue un invento, un intento por parte del PP de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que regían en Andalucía».

La Wikipedia cae en un sesgo político al presentar el caso ERE, entrando en contradicción con uno de sus cinco principios, que es ofrecer un «punto de vista neutral». «Esto implica citar fuentes autorizadas que puedan verificarse siempre que sea posible, especialmente en temas polémicos», ya sean libros, estudios científicos o noticias de la prensa, aclara en su manual de funcionamiento. «Cada vez que aparezca un conflicto para determinar qué versión es la más neutral, debe declararse un periodo de reflexión mediante un cartel de discutido en el artículo», precisa.

Tras acusar en falso a ABC de inventarse la cuantía de fondos públicos utilizada irregularmente, la Wikipedia señala que tales afirmaciones «sirvieron para modificar la opinión pública que daría más adelante el gobierno de Andalucía a la oposición». «Más adelante, el Tribunal Constitucional (TC), presidido por Cándido Conde-Pumpido (autor de la peculiar doctrina jurídica de 'manchar la toga con el polvo del camino') anularía gran parte de las condenas al detectar que no existían tales delitos y limitaría la causa a casos aislados, originados por el nulo control de las subvenciones a desempleados», prosigue la citada web.

En una controvertida resolución adoptada por siete votos a favor de los magistrados progresistas y cuatro en contra del bloque conservador, el TC dio un giro de 180 grados a la interpretación de la conducta delictiva que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo atribuyeron a los antiguos altos cargos socialistas.

El órgano de garantías aceptó parcialmente los recursos de amparo de la mayoría de condenados, incluidos Chaves y Griñán, dos dirigentes que lo fueron todo para el PSOE y que gobernaron Andalucía durante 23 años. Durante diez de ellos (2000-2009) estuvo funcionando el sistema que repartió 680 millones de euros. Las ayudas se daban a empresas que eran tocadas por la 'varita mágica' del Gobierno andaluz, porque no existían bases reguladoras ni convocatoria ni publicidad ni un procedimiento legal para concederlas, como recoge la relación de hechos probados, que no ha invalidado el TC.

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Invento es la palabra que emplea, sin datos que lo sustenten, la mayor enciclopedia digital. De escribir los artículos, actualizar contenidos, corregir errores y garantizar su fiabilidad se encarga un ejército de 'wikipedistas', como se llaman los voluntarios que trabajan para la web administrada por una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Wikimedia.

En su versión española están registrados 7.328.666 voluntarios. Todo el mundo puede editar cualquier artículo. Para hacerlo no hace falta ninguna formación. Otras tareas están reservadas a una clase especial de usuarios, los denominados bibliotecarios, que tienen el poder de eliminar entradas o bloquear a usuarios en caso de «vandalismo patente». El portal se financia con donaciones de particulares.

En 2021 publicó un 'Código de conducta universal' para proteger a la enciclopedia de quienes introduzcan contenidos falsos o inexactos de forma deliberada. Además, utiliza 'bots', programas informáticos que simulan a los humanos, para revisar cada cierto tiempo los artículos, crear enlaces de fuentes o corregir faltas de ortografía.

ABC contactó el pasado jueves por correo electrónico con el gabinete de prensa de la Fundación Wikimedia para solicitar una entrevista a uno de los «metaorganizadores» de la versión española, pedir información sobre su funcionamiento y avisarle del error sobre el caso ERE. No ha recibido respuesta.

El pasado mes de julio, el TC redujo la responsabilidad penal de algunos de los condenados y dio pie a su salida de prisión al entender que como la partida que nutría el fondos se recogió en las leyes de presupuestos autonómicos desde 2002 a 2009, no puede considerarse ilegal su distribución. Sin embargo, el Constitucional no absuelve a los condenados porque sigue apreciando un delito de prevaricación en la gestión del fondo de los ERE anterior a 2002 y sostiene que hubo malversación en el desvío de ayudas a entidades y proyectos que nada tenían que ver con la finalidad del programa.

Pero la Wikipedia pasa de puntillas por estos detalles y refiere que el TC ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte otra resolución que «elimine íntegramente la [pena] de malversación», el delito por el que Griñán fue condenado a seis años de prisión. Tampoco repara en que los 680 millones aparecen desglosados en la página 92 de la sentencia de 2019, que se localiza fácilmente en internet.

La resolución enumera «el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L, que se dispuso año a año, para atender los compromisos asumidos frente a terceros [...] mediante el mecanismo de transferencias de financiación». Este instrumento de pago de las ayudas fue la puerta de entrada del fraude, lo que «posibilitó que se aplicaran, se gastaran y se ejecutaran prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», concluyó la Audiencia. Dichas cantidades suman 679.432.179,09 euros entre 2000 y 2009. Nada que no se pueda saber utilizando una calculadora.