La Junta de Andalucía declara la guerra a las viviendas ilegales

En agosto se aprobó el Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026, que establece las líneas prioritarias de actuación, centradas en el control de las parcelaciones irregulares en suelo rústico, la protección del espacio litoral y los suelos preservados. Además, se han incorporado nuevas herramientas tecnológicas como drones y un software para la dirección de cambios en el territorio a partir de imágenes satélite.

Gracias a estas medidas, ha afirmado Rocío Díaz, se está logrando «revertir la situación de indisciplina urbanística que nos encontramos en 2019». Como prueba de ello, ha destacado que desde 2018 hasta ahora se ha triplicado el número de actuaciones para velar por el cumplimiento de legalidad urbanística y el buen uso del territorio; se ha multiplicado por 13 el número de parcelas y edificaciones expedientadas y se han realizado los mencionados 500 precintos frente a la ausencia de ellos, según señala, en 2018.

Son miles las familias que se encuentran con el problema de tener una vivienda construida en suelo rústico en Andalucía. No se trata de cortijos aislados, ni de segundas residencias, sino de casas que levantaron hace décadas, algunas en urbanizaciones. Están atrapadas entre una legislación urbanística compleja, cambios en las competencias administrativas y la amenaza de demolición.

Una incomprensible situación que trasciende de lo urbanístico y que tiene atemorizados a vecinos de toda la comunidad. El drama es mayor en Cádiz, en núcleos turísticos como Conil, El Palmar de Vejer o Chiclana de la Frontera, entre muchos otros. Aquí se han intensificado los controles por parte de la Junta de Andalucía ante el boom de construcciones ilegales actuales y anteriores.

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como LISTA, de 2021, incluyó en el ordenamiento jurídico por primera vez el concepto de disciplina territorial y otorga a la Junta la competencia directa para intervenir frente a a las infracciones de mayor impacto. Además, ha introducido nuevas herramientas como el AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación). Estas siglas son las más repetidas entre las asociaciones que se han constituido para evitar el derribo de viviendas en diferentes núcleos.

Se trata de una certificación que no equivale a una legalización plena. El reconocimiento de la situación de AFO requiere de la tramitación de un procedimiento administrativo municipal. Una vez resuelto, las edificaciones pueden tener acceso a los servicios básicos de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro eléctrico si ya existieran las correspondientes redes de infraestructuras, o resolver dichos servicios de forma autónoma.

«El AFO no legaliza, simplemente permite que viviendas en suelo rústico puedan acceder a servicios básicos, como agua y electricidad. Pero ahora, con el cambio de competencias a la Junta de Andalucía, parece que se han demonizado todas las viviendas en suelo rústico. Muchas de estas casas no fueron levantadas para enriquecerse, sino por necesidad. ¿Qué hacemos con una familia que lleva 20 años viviendo allí?», explica el presidente de la Federación del Extrarradio de Chiclana que agrupa a la Plataforma de Afectados por la Regularización, diversos colectivos y más de veinte asociaciones del diseminado de la localidad.

La situación se agrava en localidades como Chiclana y Conil, donde miles de viviendas se encuentran al margen de la ley. Según González Albaiceta se necesitan principios claros para evitar derribos indiscriminados, especialmente en casos de primera vivienda de familias vulnerables.

El pasado julio, el Pleno del Ayuntamiento de Chiclana aprobaba inicialmente, con el voto favorable de todos los grupos municipales, a excepción de Vox, la ordenanza que regula el procedimiento administrativo para declarar a unas 1.300 viviendas sin licencia en situación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO).

David Sánchez y María del Mar Villara son ejemplo de muchas de las familias que viven con amenaza de demolición. Su vivienda, ubicada entre el límite de Conil y Chiclana, está regularizada bajo un AFO desde 2021. A pesar de ello, están inmersos en un largo proceso judicial que podría dejarles en la calle.

«Llevamos 14 años aquí, pagando nuestra contribución, luz y agua, como cualquier ciudadano. La casa está a apenas 150 metros de suelo urbano. Nuestra única esperanza es que el Ayuntamiento apruebe un Plan de Ordenación Urbanística (POU) que incluya nuestra zona, pero eso puede tardar años si no se ponen ya con ello», asegura.

Sánchez también denuncia lo arbitrario del proceso. Y es que «en la misma parcela, la casa de mis padres no tiene problemas legales, mientras que la mía sí. No entiendo qué criterios se están aplicando».

«¿Cómo ha sucedido esto?», se pregunta David. El Ayuntamiento de Conil envío hace años una serie de viviendas a la Fiscalía, han recurrido, pero al final llevan 12 años de proceso judicial. Durante todo este tiempo dice haber pagado más de 22.000 euros, más el importe que se ha gasto en abogados. Desconoce bajo qué criterio unas viviendas fueron denunciadas, y otras no.

Desde otras plataformas de afectados por las viviendas irregulares, los vecinos buscan un equilibrio entre regularización y justicia. Aseguran que no se trata de proteger edificaciones en zonas de riesgo o construidas por especuladores, sino de preservar el derecho a una vivienda digna para familias trabajadoras. «No estamos pidiendo que se legalicen viviendas en zonas inundables o peligrosas, sino que se consideren casos humanos. Mi madre, de 71 años, vive con miedo a perder su casa porque no hay suelo urbanizable en nuestra zona. ¿Qué solución ofrecen las autoridades?», dice Paqui Reyes.

El problema de las viviendas en suelo rústico en Andalucía refleja tensiones entre el cumplimiento de la legalidad, la capacidad administrativa y las necesidades sociales. Si bien el AFO y la LISTA han ofrecido vías de solución, el camino hacia una regularización justa sigue siendo incierto para los afectados.

Mientras tanto, miles de familias viven bajo la sombra del derribo, esperando que las instituciones prioricen el diálogo y la empatía frente a una problemática que no solo afecta al paisaje urbano, sino también al tejido social de Andalucía.

El precinto de edificaciones y parcelas ilegales lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras, con grandes consecuencias frente a los propietarios que las incumplan, puesto que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave, con posible multa de 30.000 a 120.000 euros.