El Gobierno central olvida su decreto ley de llevar agua al entorno de Doñana

Rebierta la guerra del agua en el Condado de Huelva, en el entorno de Doñana, a raíz del anuncio de la revisión del Plan Especial de la Corona Norte del espacio protegido por la Junta de Andalucía –a propuesta del PP y Ciudadanos y PP y Vox– el también llamado 'plan de la fresa', la comarca agrícola que produce el 80% de los frutos rojos de la provincia lleva años esperando el agua que garantice el riego superficial de sus cultivos históricos.

El demandado trasvase del Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir –de una cuenca excedente a otra deficitaria–, aprobado en diciembre de 2018, se ha quedado a mitad de camino y con las infraestructuras previstas en la ley paralizadas.

De los 19,99 hectómetros cúbicos aprobados, han pasado hasta ahora 10,3 hectómetros cúbicos y no toda el agua es para los regantes afectados en los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares y Almonte. Fuentes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han concretado que a los agricultores de la comarca han llegado 4,3 hectómetros cúbicos, por debajo de los 6 hm3 que utiliza la empresa de aguas Giahsa para el suministro a varios pueblos del Condado, a consecuencia de la sequía que afecta al embalse del Corumbel, ubicado en La Palma, y del que bebe parte de la población.

A partir de esta cantidad, no puede pasar más agua por la situación de las infraestructuras, concretamente el desdoble del Túnel de San Silvestre, del que depende el suministro de agua del 80% de la población de Huelva y los principales sectores económicos, como son la agricultura, el turismo o la industria, y miles de puestos de trabajo vinculados que generan.

El túnel de San Silvestre, de ocho kilómetros de longitud, se ha convertido en un cuello de botella para la canalización de agua ya que a lo largo de medio siglo, desde su construcción en 1971, ha visto cómo se multiplica por cinco el consumo de agua mientras que no se ha llevado a cabo en este tiempo ninguna actuación para aumentar su capacidad.

Los regantes vienen advirtiendo de que el canal puede colapsar y poner en riesgo incluso el suministro de agua a la población y demandan una intervención de urgencia, que a modo de metáfora asemejan a un 'bypass' de emergencia para evitar precisamente su paralización.

En diciembre de 2018, la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley del Trasvase recogió como de interés general las obras de San Silvestre tras años de conflicto de competencias entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. A pesar de las reivindicaciones de las autoridades y el sector agrícola onubense, la ampliación de esta infraestructuras no cuenta con partida adjudicada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

La responsable directa de esos presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue ayer la última voz del Ejecutivo de Pedro Sánchez en oponerse a la regulación de los regadíos bajo el pretexto de que «Doñana no se toca», descontextualizando el problema al afirmar que el Gobierno «no va a permitir que con Doñana ocurra una suerte similar a la que ocurrió con el Mar Menor».

No es sólo el túnel. Hay además otras infraestructuras catalogadas como de Interés del Estado que se necesitan para cumplir los compromisos con la zona, como son la presa de Pedro Arco; el desdoblamiento de los sifones 4 y 5 del canal del Piedras en Huelva; el desdoblamiento del sifón del Odiel; el aumento de capacidad de regulación de los depósitos de Huelva; o el aumento de capacidad de regulación de la balsa de regulación del Anillo Hídrico.

Los agricultores del Condado avisan en los últimos años de que la comarca agoniza y que está sufriendo «el incumplimiento» por parte del Gobierno de España, que tiene la Ley del Trasvase aprobada desde 2018 pero no termina de ponerla en marcha.

Mientras, colectivos ecologistas avivan la polémica al vincular solo la regulación de los regadíos con la supervivencia de Doñana. Diez organizaciones firmaban ayer un manifiesto en el que consideran que «esta propuesta genera expectativas en el sector agrícola más especulativo que no están avaladas en un proyecto seriamente definido y mucho menos en la disponibilidad de recurso hídrico».

No es el único frente abierto en materia de trasvases de Andalucía con el Gobierno. Más de 120.000 vecinos de la comarca de Antequera, en Málaga, esperan un trasvase de agua desde el pantano de Iznájar (Córdoba). Es la solución definitiva para no tener problemas de abastecimiento, como viene ocurriendo hasta ahora. Alameda, Mollina, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de la Algaida, Casabermeja , Villanueva de la Concepción, Humilladero y Fuente de Piedra, junto con otras como Campillos han tenido que tirar de ingenio, cortes o regulaciones de horarios para poder abastecer a sus vecinos.

Sin embargo, esto puede cambiar con solo una firma. La propia delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, explica que el trasvase está solo pendiente de la rúbrica en el Consejo de Ministros. Por ello, reclama mayor celeridad para dar el visto bueno a ese proyecto. «La Junta de Andalucía contempla ese trasvase en su propia planificación hidrológica», remarca Navarro.

En la provincia de Málaga es una «infraestructura básica» para que esta comarca pueda seguir creciendo. «No entendemos que se siga dilatando en el tiempo», recalca Navarro, que estuvo inaugurando una de las infraestructuras destinadas a paliar esta falta de agua: una potabilizadora. Esta planta va a permitir, después de muchos años, que se pueda volver a consumir agua del pozo que abastece a este pueblo, pero con eso no basta ni para el municipio ni mucho menos para la comarca.

La comarca requiere de un proyecto mayor como es el trasvase desde Iznájar. Se trata de una inversión cuyas canalizaciones la Junta de Andalucía se comprometió a financiar con más de 50 millones de euros , pero que necesita el visto bueno del Gobierno central para poder llevarse a cabo una vez que se haya decretado sequía en la zona. Ahora se dan todos los factores para hacerlo posible, pero la luz verde del Consejo de Ministros no llega. Mientras, el Ejecutivo andaluz apremia para poder empezar a ejecutar la obra.

El traspaso de agua es «fundamental», según Navarro, para esta comarca. La zona necesita una infraestructura de tubería de más de 50 kilómetros en línea recta para poder abastecer desde este pantano cordobés, que es el más grande de Andalucía con 3.411,920 hectómetros cúbicos.

El compromiso es ceder 4,9 hectómetros cúbicos anuales solo para el consumo doméstico. La Junta ya tiene 850.000 euros preparados para la redacción del proyecto.

«El trasvase es fundamental para garantizar en la comarca el consumo humano, que ya se está viendo comprometido, pero también lo es para liberar acuíferos y poder destinar más recursos para seguir desarrollando la agricultura, tan importante en esta zona», señala Navarro.

No es la única obra de la Junta de Andalucía para solucionar los problemas graves de agua en Málaga. Acosol ya tiene un acuerdo para comprar el sobrante del Campo de Gibraltar y abastecer a otros municipios de la provincia con déficits endémicos. El Gobierno andaluz ya puso hace meses la primera piedra del 'bypass' de Churriana. Esta obra posibilitará la 'autovía del agua' al duplicar el caudal que va desde la Costa del Sol hasta La Axarquía.

El objetivo de esta tubería, así como del 'bypass', es poder aumentar el volumen de agua que viaja desde la parte occidental de Málaga a la oriental, para así poder garantizar el suministro de otra comarca agrícola como es el Guadalhorce. Además de cargar el pantano de La Viñuela en La Axarquía, el más grande la provincia y el que peor carga tiene.