Una década después del caso ERE Andalucía: Una condena, dos juicios y 85 piezas todavía en instrucción

Diez años después, quedan 114 piezas por instruir en el juzgado, dos han sido enjuiciadas y hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que da la razón a la juez. Desde la cúpula del poder se diseñó un procedimiento fraudulento y opaco de ayudas, autorizado y alimentado durante nueve años (2000-2009) a través de los sucesivos presupuestos de la Junta, sostiene el tribunal. En su fallo, que está pendiente de casar por el Supremo, la Sección Primera condenó a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán ; una exministra, Magdalena Álvarez; un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías; cuatro exconsejeros... y así hasta sumar 19 ex altos cargos, por delitos de prevaricación y/o malversación. Diez de los acusados se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel y al resto los inhabilitó. Sólo se salvaron dos: el ex interventor general y el jefe jurídico de la Junta, que resultaron absueltos.

El caso llegó al Supremo en febrero de 2020. No hay una fecha marcada para resolver los recursos de casación presentados por los condenados y contestar al aluvión de motivos alegados para evitar la firmeza de la sentencia. Si no hay contratiempos, el Alto Tribunal puede emitir su resolución este mismo año, según indicaron a ABC las fuentes jurídicas consultadas.

Antes de decidir, el letrado de la Administración de Justicia debe remitirle un resumen sobre los argumentos jurídicos esgrimidos por las defensas, la Fiscalía y la acusación popular del PP andaluz. Además, el Supremo puede convocar una vista, como han pedido las defensas, para que los letrados de las distintas partes expongan en 20 minutos las tesis que han recogido por escrito . Dicha vista volvería a reunir en una misma sala del Supremo a 18 de los 19 condenados, pero no está claro que vaya a celebrarse.

A comienzos de 2011 nadie intuía el gigante en el que se iba a convertir aquel caso que supera de largo los dos millones de folios. El sumario resulta tan inabarcable que hasta a la Justicia le cuesta cuantificar el número de investigados. En sus inicios llegaron a superar los 500, pero esa cifra ha ido fluctuando a medida que se sucedían los archivos y fallecimientos de inculpados. Diez años son una eternidad. En octubre pasado murió el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien empezó a tirar de la manta del fraude. Al final de 2010, declaró ante la Policía que investigaba el caso Mercasevilla que el programa 31L de los Presupuestos de la Junta funcionaba como «un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar» . Luego se retractó de aquellas palabras.

De las múltiples ramas que han ido saliendo del tronco de la causa matriz desde su división por la juez que sucedió a Alaya, María Núñez Bolaños, en el año 2015, la mayoría aún están abiertas y otras fueron sobreseídas.

De las 114 piezas separadas del caso que hay en trámite en el juzgado, centradas en cada una de las entidades beneficiarias de ayudas, 85 están en fase de instrucción. Las 29 restantes están en una fase intermedia, a punto de finalizar la investigación con la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado. Dieciséis de las piezas fueron enviados a la Audiencia de Sevilla, a la espera de que se ponga fecha a la vista oral. Sólo dos de ellas han sido juzgadas: las de la empresa Acyco y el procedimiento específico, por la que fueron condenados los políticos.

A partir del descubrimiento casual de que un exdirigente socialista de Jaén figuraba en un ERE subvencionado en la lonja Mercasevilla donde jamás había puesto un pie, Alaya destapó una pirámide de corrupción institucional vinculada a las ayudas del Gobierno andaluz a empresas en crisis. Casi 680 millones de euros se habían repartido por la Junta eludiendo los controles administrativos porque el mecanismo creado bajo la premisa de agilizar los pagos, impedía a los interventores fiscalizar el destino del dinero. Casi 680 millones se evaporaron de las arcas públicas sin más criterio ni regla que la voluntad arbitraria de los altos cargos que manejaban la partida y de quienes se lo consintieron durante nueve años.