El juez pide informes sobre el impacto de los pozos no autorizados de los Martínez de Irujo
Libra un oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que, en 15 días, emita un estudio sobre la masa de agua subterránea afectada por las extracciones realizadas en la finca Aljóbar, en Sevilla
Precintado por orden judicial otro pozo en una finca de Sevilla de la Casa de Alba
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) deberá informar sobre varios aspectos relacionados con los nueve pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar, en el marco de la causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, como representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria, gestora de los terrenos. Así lo ha ordenado el Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor.
«Con el fin de concretar si las extracciones objeto de estos autos pudieran haber causado daños sustanciales al medio ambiente, se acuerda librar oficio a la CHG al objeto de que, en el plazo prudencial de 15 días, informe sobre la caracterización de la masa de agua subterránea afectada por las extracciones realizadas por los pozos no legalizados sitos en la finca Aljóbar, su funcionamiento hidrológico, balance hídrico, estado actual de esa masa de agua, tendencia piezométrica observada y su interpretación«, figura en una providencia del juzgado de fecha 21 de febrero, que pide a la CHG hasta seis cuestiones.
Entre otros aspectos, pide a la CHG que informe además del «impacto producido o que hayan podido producir, en todas estas masas de agua y ecosistemas las extracciones de metros cúbicos de agua realizadas por los pozos no legalizados en ese acuífero, sobre las posibles irregularidades que se hayan podido detectar y una valoración del impacto medioambiental en ese acuífero y resto de ecosistemas asociados o al Dominio Público Hidráulico y, en su caso, el daño ambiental y su cuantificación económica».
Ello, tras la reciente comparecencia judicial de Luis Martínez de Irujo, quien habría contestado al juez instructor que en 2016 heredó la finca de su abuela justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio y que aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos, no se encarga de la gestión directa de la finca.
Según las fuentes, Luis Martínez de Irujo habría manifestado que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.
En un auto de fecha 31 de enero, el juzgado ordenaba la citación como investigado de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como representante legal de Eurotecnia Agraria; y decretaba el precinto de los pozos en cuestión, así como «la retirada de las bombas y demás equipos instalados en esos pozos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir, autorizándose el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para ello, y quedando apercibida la parte investigada en estas actuaciones, con la mera notificación de esta resolución a través de su representación procesal, de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de quebrantar ese precinto o continuar con el uso de esos pozos no autorizados».
Y es que según el juzgado, «los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente en relación con la existencia de ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljobar en el término municipal de Aznalcázar y propiedad de la sociedad Eurotecnia Agraria, que han sido objeto de precinto en fechas recientes por la autoridad administrativa al volver a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétrico».
La versión de la empresa
En octubre de 2023, la empresa reaccionaba a esta investigación incoada por el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor por una denuncia de la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo como presidenta de la misma según el Ministerio Público, por los citados ocho pozos supuestamente ilegales en la finca Aljóbar; desligando a la aristócrata Eugenia Martinez de Irujo de la gestión de la entidad y asegurando que la extracción de agua «en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG».
En un comunicado, Eurotecnia Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo «es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar», defendiendo que Eugenia Martinez de Irujo «no ha participado nunca en la gestión de la explotación» agrícola de naranjos de dicha finca.
El juzgado, de su lado, detecta posibles «indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas».
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