Andalucía descarta usar el 'modelo catalán' para negociar financiación como propone Montero

La propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzada desde Rota de que las comunidades realicen propuestas de mejora de su autogobierno y de la financiación «inspiradas» en el pacto entre el PSC y ERC no tendrá eco alguno en Andalucía, y no habrá cambios en la postura que viene defendiendo la Junta hasta el momento. Así lo ratificó la consejera de Hacienda y Administración Pública y portavoz del Gobierno, Carolina España, en una entrevista en la cadena COPE: «No vamos a colaborar en esta deriva de destrozar el Estado de Bienestar, de destrozar España, en la ruptura del principio de igualdad entre los españoles. No vamos a participar de la ruptura del principio de solidaridad interterritorial y de cohesión social (...) Es un disparate y una vergüenza que nos digan a las comunidades que nos inspiremos en ese acuerdo (...) Si todas las comunidades pedimos lo mismo que Cataluña, el Estado español quebraría».

De esta forma, Andalucía, que es además la mayor comunidad gobernada por el PP, tiene como objetivo marcar una respuesta «coordinada y plural» a los planteamientos del Ministerio de Hacienda y a los distintos acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts, primero para la investidura de Pedro Sánchez y después para la de Salvador Illa. De ahí que se haya tratado de promover desde el Gobierno andaluz la convocatoria de la conferencia de presidentes, finalmente fijada para septiembre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el desencuentro de la cita del pasado mes de julio, y que, desde el ámbito político, la posición final sobre el modelo de financiación quede a la espera de la cumbre autonómica anunciada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La Junta de Andalucía cierra la puerta así a que la respuesta en esta ocasión a los acuerdos que se han formalizado con el nacionalismo catalán sea defender un modelo similar para Andalucía como sí ha planteado la ministra de Hacienda en repetidas ocasiones ofreciendo incluso una ronda de negociaciones bilaterales para formalizar acuerdos de financiación y competencias singulares. La última vez en su primera comparecencia pública tras la investidura de Salvador Illa desde el municipio gaditano de Rota.

Este planteamiento no sólo afecta al concepto de «financiación singular» recogido en el pacto entre el PSC y ERC, también a otras concesiones firmadas en los últimos meses con formaciones nacionalistas. Es el caso de la condonación de deuda de 15.000 millones de euros firmada con ERC y luego ofrecida a todas las comunidades; la cesión de las competencias de Rodalíes (la red de Cercanías catalana) que también se propuso para Andalucía (en este caso lo llegó a aprobar el PP en el Parlamento andaluz a iniciativa de Adelante Andalucía); o la firma del 50% en la financiación estatal de la ley de dependencia con el PNV para el País Vasco. Se trata de no aceptar acuerdos bilaterales en estos asuntos que puedan romper una unidad de respuesta de las autonomías, especialmente las gobernadas por el PP. De hecho, tras algunos movimientos en torno a la deuda y a la cesión de los ferrocarriles, los barones del PP han eludido posicionamientos particulares aunque pudieran ser beneficiosos para sus intereses.

El único aspecto en el que la Junta de Andalucía mantiene una reivindicación 'singular' es en la aplicación de un fondo de nivelación para compensar a las cuatro comunidades autónomas que se encuentran infrafinanciadas con el actual sistema de 2009, es decir, Andalucía, Castilla La Mancha, Valencia y Murcia. En total, este fondo tendría un presupuesto de en torno a 3.000 millones de euros (cálculo avalado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada Fedea) de los que aproximadamente 1.400 corresponderían a la comunidad andaluza.

El Gobierno de España, a través de la ministra María Jesús Montero, volvió a descartar en su comparecencia en Rota esta posibilidad tal y como ya hizo tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado a principios de año. Su argumento es que no se puede fijar como único criterio que las comunidades reciban una compensación por no estar en la media de financiación por habitante (aunque en realidad el cálculo se hace por población ajustada introduciendo otros factores correctores) y que no hay consenso entre las autonomías para aplicar esta aportación extraordinaria.

«Negar ese fondo de nivelación transitoria es un ataque a Andalucía y un mazazo económico sin precedentes. Se demuestra que tenemos al presidente más antiandaluz de la historia pero lo peor es que encima cuenta con el apoyo de una persona que debería ejercer de andaluza y que claramente ataca y perjudica a nuestra comunidad autónoma. Y eso es muy grave porque como consejera promovió en el Parlamento un acuerdo en el que se solicitaba este fondo y 4.000 millones al Gobierno», respondió el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.