Rafael Arias-Salgado: «La estrategia de Zapatero y Sánchez es evitar la alternancia del poder»

¿Aguantará aquel proyecto las arremetidas del actual Ejecutivo?

Las raíces de la Constitución son más profundas de lo que el Gobierno piensa. Va a ser muy difícil que la sociedad acepte una reversión del pacto del 78. No hay más que ver la reacción que produjo hace unas semanas la ley Celaá para comprender que hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a volver a periodos de enfrentamiento y contienda que destruyeron España.

Pero las calles, ¿no eran de la izquierda?

Hay momentos en que la movilización popular no solo es legítima, sino necesaria, como cuando hay un Gobierno que emprende una senda de vaciamiento y destrucción del pacto constitucional.

Quien se atreve a cuestionar al Gobierno es tachado de antidemócrata

El Ejecutivo carece de credibilidad para decir todo eso, y aunque no haya calado del todo el incumplimiento flagrante de sus promesas, es un proceso que se irá viendo. El Gobierno va perdiendo lo que los escolásticos llamaban legitimidad de ejercicio.

¿Ilegítimo, como dice Vox?

Debemos distinguir entre legitimidad de origen y de ejercicio, un esquema que aplica la izquierda cuando le conviene y que, en cambio, no acepta cuando le afecta. Uno no puede cumplir el cien por cien de su programa, pero nadie puede en veinticuatro horas incumplir su principal promesa electoral, la que definió su campaña.

¿Estamos, como dijo el ministro de Justicia, en una crisis constituyente?

Es algo que se produce cuando desde las instituciones se pone en cuestión el sistema constitucional. Cuando se incumple el espíritu que inspiró sus pactos se está atentando contra la legalidad constitucional e iniciando un proceso de deslegitimación.

¿Lo hace el Gobierno?

Ha puesto en marcha un proceso que conduce a lo que ellos llama «superación del régimen del 78», en la terminología de Pablo Iglesias. Una cosa es la legalidad y otra, la legitimidad.

Para frenar esta ofensiva quizá no baste la movilización popular a la que antes se refería.

En un Estado de derecho son los votos y los tribunales los que toman las decisiones vinculantes, y esto es lo que hay que preparar. La responsabilidad de la oposición es muy grande. No se puede afirmar, como se afirma, que el Gobierno trata de vaciar el pacto constitucional y mantener posiciones estrictamente partidistas cuando el problema es global. Hay que prepararse, sin ignorar los condicionantes de la ley electoral que tenemos.

Que es obra suya.

En parte. Tenemos un sistema proporcional corregido que funcionó hasta la crisis de 2008, cuando estalló el sistema de partidos tradicionales en toda Europa. Nuestra ley electoral es la que es, y mientras no se cambie hay que actuar conforme a ella. Hay treinta provincias que tienen de seis escaños para abajo, y solamente el primer y el segundo partido obtienen representación. Es difícil que un tercero saque escaño, pero perjudica mucho al ganador. O hay un tsunami electoral o tenemos en cuenta este planteamiento, que es fundamental.

Esos condicionantes ya los tuvo en cuenta el PP cuando pidió el repliegue de Vox.

Lo hizo, pero tarde. O se va en coalición o se pierden las elecciones. Las dificultades de una alianza en el centro-derecha son mayores que en la izquierda, porque los criterios de comunicación están controlados por la izquierda. Se obvia lo que representa una alianza con Podemos y se magnifica lo que podría suponer una alianza con Vox. El mundo liberal, el centro-derecha, solo en cuestiones muy límite es capaz de hacer valer sus criterios. Hay que saber cómo comportarse en ese marco.

Misión casi imposible.

Lo hay que intentar. La derecha no puede plegarse sistemáticamente. Hay que saber actuar. Este trabajo exige reflexión, capacidad de movilización y estrategia.

Falla la comunicación, como falla la educación.

Todos somos responsables de que no se hayan estudiado con carácter vinculante el pacto constitucional y el proceso de la Transición. Nunca pensamos que habiendo tenido el consenso que tuvo la Constitución en referéndum, el proceso iba a derivar hacia una puesta en cuestión de ese pacto. Nos equivocamos.

Quizá pensaban que el cielo se tomaba por asalto, y resulta que se toma desde dentro.

La grandeza de la democracia permite que existan personas que defiendan la dialéctica política del golpe. El Estado de derecho reacciona si se lleva a la práctica, pero hay que preguntarse cómo se llega a la defensa del golpe sin que la sociedad reaccione con anterioridad.

Quizá porque, además de cuestionar el pacto constitucional, se cultiva el odio, que es el estadio previo para la ruptura del consenso.

Una de las razones para calificar a Sánchez de reaccionario es que tiene en el horizonte la II República. Diseñar una estrategia mirando al pasado en vez de al futuro es lo que lo hace profundamente reaccionario. Con sus virtudes y defectos, aquella república fue un sistema incapaz de digerir la victoria electoral del centro-derecha, un sistema al que no se puede mirar, un fracaso histórico.

Ese fracaso es lo que van a estudiar ahora los alumnos.

A pesar de que el Gobierno venda sus programas de digitalización o transformación ecológica, toda esa retahíla retórica no se corresponde con la estrategia de fondo del eje Sánchez- Iglesias, que es la liquidación del pacto del 78, y eso es profundamente reaccionario.

Nos ha faltado una lectura consensuada y serena de nuestro pasado.

Es un fallo de nuestro sistema educativo, del que somos responsables todos. En su momento, nosotros pensamos que en el sistema constitucional habíamos integrado definitivamente a los nacionalistas, y eso funcionó hasta que un presidente del Gobierno rompe el esquema de los estatutos de autonomía y pone en marcha un proceso de cambio institucional que da lugar a una exigencia autonómica que roza la incompatibilidad con el texto constitucional, y lo hace por un planteamiento de poder, que es lo más grave. Una alianza del PSOE con los nacionalismos y la extrema izquierda garantiza el poder de la izquierda en España sin solución de continuidad, sine die. Está escrito en el pacto del Tinell.

Eso suena a lo de «usted nunca va a ser presidente del Gobierno».

Frente a una estrategia de poder hay que anteponer otra estrategia de poder, o se perderán las elecciones. Quienes hoy realizan una estrategia de poder tienen muy claro lo que quieren, y en el centro-derecha no la he visto planteada.

Todo empieza con Zapatero.

Zapatero modela un PSOE no europeo, con el horizonte de un socialismo que gana todas las elecciones sucesivamente, en el ejercicio de su hegemonía y del abuso de poder, y no porque lo que haga sea frontalmente ilegal, sino porque un comportamiento democrático exige el respeto de las reglas, algunas de las cuales no escritas, y una de las cuales es que siempre tiene que ser posible la alternancia de poder. Toda la estrategia de Zapatero y Sánchez es evitar la alternancia del poder.

A nadie le amarga un dulce.

Es una estrategia legítima hasta que se conocen sus objetivos últimos: hacer imposible la alternancia en el ejercicio del gobierno.

Todo bascula sobre el sistema electoral.

Hay que pactar su reforma, y no es fácil en estos momentos, para llegar a un sistema electoral a dos vueltas. O eso o la circunscripción nacional en las generales con un umbral de voto del 3 por ciento. Son sistemas vigentes en países democráticos. No se trata de laminar a nadie, sino de favorecer a los grandes partidos para estabilizar la política. Las coaliciones son difíciles y complicadas.

Pero proporcionan la excusa para incumplir promesas.

Por eso no soy favorable a un sistema proporcional puro, que da a los partidos la coartada perfecta para incumplir sus programas electorales. Los inventores de la democracia, Estados Unidos y el Reino Unido, buscan mayorías estables: «The first takes all». Se trata de hacer gobiernos fuertes y estables, y eso no es algo antidemocrático. Las crisis obligan a revisar lo que no funciona, y el nuestro ha funcionado cuarenta años, hasta que quedó clara la voluntad de uno de los partidos de no respetar el pacto.