La deportación de inmigrantes avanza a mitad de ritmo que antes de la pandemia

Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, encargado de ejecutar estos procedimientos, entre el 1 de diciembre del año pasado y el 23 de marzo de este ejercicio, 1.693 personas fueron devueltas a sus territorios de origen tras completarse el pertinente expediente de expulsión. Fuentes policiales informaron a este diario que, durante el último mes del año pasado, las expulsiones alcanzaron, en el escenario más optimista, las 400, por lo que al restar dichos procedimientos al balance arriba señalado, resultaría que durante los tres primeros meses de 2021 habrían sido expulsados de España alrededor de 1.300 ‘sin papeles’ .

La cifra hasta finales de marzo, recabada por ABC a través de los mecanismos de Transparencia, supone un tercio de las deportaciones que el Gobierno llevó a cabo en 2020, lo que implica que el ritmo se ha recuperado algo. Las restricciones de movimiento no son tan severas como meses atrás y las fronteras entre países vuelven a ser algo más permeables, situación que facilita estos traslados. Sin embargo, al hacer una proyección anual, si se siguiera al mismo ritmo que hasta ahora, el 2021 se cerraría con unos 5.200 ‘sin papeles’ deportados. El guarismo es superior al del ejercicio precedente pero, sin embargo, se queda corto con respecto a los registrados en los años que antecedieron a la crisis sanitaria. En 2019 hubo 11.153, 11.384 en 2018 o 9.326 en 2017.

El año pasado, como avanzó ABC, las deportaciones ascendieron hasta alrededor de las 3.500, una cifra que apenas supuso un 10 por ciento de las entradas que se produjeron en un ejercicio marcado por la pandemia y que, después de la crisis migratoria de Canarias, se saldó con un balance de 41.861 llegadas de inmigrantes en situación irregular en toda España.

Las deportaciones se realizan mediante acuerdos bilaterales entre los dos países involucrados en cada expediente, es decir, la nación de origen del inmigrante en situación irregular y el país en el que se le incoa el expediente de expulsión. Por lo tanto, no es posible proceder a la expulsión de un ‘sin papeles’ de manera unilateral. Este hecho cobra especial relevancia en estos momentos, en el que la relación entre España y Marruecos, uno de los países desde el que llegan más inmigrantes en situación ilegal, no son precisamente las mejores. El país vecino se ha servido del tablero diplomático para expresar su malestar por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali. El ministro Nasser Bourita, en una entrevista concedida a Efe, retó al Gobierno a dejar clara la relación que quiere mantener con Marruecos y si deseaba sacrificarla por ayudar al líder saharaui . Ayer mismo, el ministerio de Exteriores del país vecino dobló el pulso y avisó a España de que habrá «consecuencias» Al margen de la disputa diplomática, Marruecos lanzó otra advertencia a España dejando que más de un centenar de inmigrantes partieran a nado desde Castillejos, localidad marroquí fronteriza con Ceuta, hasta territorio nacional.

Según el último balance elaborado por el Ministerio del Interior, hasta el 30 de abril han llegado a España 8.340 inmigrantes en situación irregular frente a los 6.123 que lo hicieron el año pasado en el mismo periodo, lo que se traduce en un incremento del 36,6 por ciento. En Canarias, mientras tanto, el aumento de los que han llegado en patera sigue siendo más qué notable. Alcanza el 133,9 por ciento, o lo que es lo mismo: en lo que va de año han arribado a sus costas 4.411 personas frente a las 1.886 que lo hicieron en 2020 hasta al cierre del mes de abril.

Las fuentes consultadas por este diario vaticinan que la llegada de inmigrantes no parará este año, cuando también se registrarán cifras altas. No obstante, matizan que no se repetirán escenas de aglomeración como las acaecidas en los puertos de Canarias en 2020. Simbólica fue la estampa de miles de inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín ante la inacción del Gobierno. Acto seguido, tras la oleada de críticas, el Ejecutivo habilitó campamentos en las islas para atender a los inmigrantes, donde ya se preparan para enfrentar en las mejores condiciones posibles los flujos migratorios que puedan llegar a partir del verano y no verse superados.

Desde allí está intentan salir, aprovechando dos decisiones judiciales , los ‘sin papeles’ que permanecen en Canarias. Con el estado de alarma vigente, las restricciones de movimiento servían como herramienta para la Policía para evitar una desbandada, pero después de que un juez permitiera que los inmigrantes salieran si tenían pasaporte en regla o la solicitud de asilo, hay más personas que están recurriendo a esta vía para llegar a la Península y, desde ahí, continuar su viaje, aunque sean conscientes de que no reúnen los requisitos necesarios para recibir protección internacional. El estado de alarma decayó anoche y, como alertaron fuentes policiales, cualquier inmigrante, siempre que no esté detenido o internado en un CIE, podrá moverse con total libertad -como cualquier persona- por el territorio nacional a partir de ahora.