El juez retira el pasaporte a Ábalos y le equipara a Koldo García y Aldama

El exministro de Transportes José Luis Ábalos salió este jueves de su declaración como investigado por delitos de corrupción en el Tribunal Supremo con la prohibición de salir del país, su pasaporte retirado y la obligación de acudir al Alto Tribunal cada dos semanas.

El magistrado Leopoldo Puente le impuso las mismas medidas cautelares que acordaron dos jueces de la Audiencia Nacional previamente para su exasesor Koldo García -con quien el diputado trata de marcar distancias- y para el empresario Víctor De Aldama, que presuntamente habría pagado mordidas al diputado expulsado del PSOE con el fin de que le abriera puertas para que la empresa a la que representaba, Soluciones de Gestión, se llevara contratos del Gobierno de hasta 53 millones de euros para traer material sanitario a España durante la pandemia, así como «podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional», según el auto dictado ayer.

Después de escucharle formalmente como investigado una vez el Congreso de los Diputados le dio permiso para ordenar diligencias contra él, el instructor atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y le impuso las mismas medidas de control que a los dos principales investigados en la causa, equiparándoles en los indicios de criminalidad.

La defensa de Ábalos, que ejerce José Aníbal Álvarez, se opuso a la petición del Ministerio Público alegando que no existen los citados indicios, que no tiene bienes en el extranjero, lo que descarta el riesgo de fuga y que fue él quien pidió declarar voluntariamente en primer lugar, de ahí que compareciera el día 12 de diciembre.

El magistrado Puente tuvo en cuenta que «efectivamente, el Sr. Ábalos Meco compareció voluntariamente ante este instructor en la presente causa especial, como ha comparecido también en el día de hoy», pero expuso que eso le llevó a descartar la medida cautelar más «restrictiva», la prisión provisional. Tampoco habría podido acordarla puesto que ninguna de las acusaciones lo solicitó.

Sin embargo, el magistrado Puente destacó en el auto con el que acordó retirarle el pasaporte que «persisten los indicios de criminalidad» por los que abrió una causa contra él por, al menos, los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. De ahí que el juez expuso que las cautelares «no es sólo que resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado, sino que también resultan plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable, limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria, máxime cuando, conforme explicó su propio letrado, don José Luis Ábalos no tiene previsto ni precisa emprender viaje alguno al extranjero».

En la resolución, Puente repasó los indicios contra Ábalos por unos hechos presuntamente ocurridos cuando era el hombre fuerte de Pedro Sánchez: que hubiera podido beneficiarse económicamente, «al menos», con el pago por parte de Aldama o de personas relacionadas con él de los alquileres de la vivienda de Jéssica Rodríguez, la mujer con la que tenía una relación sentimental, en la céntrica Plaza de España de Madrid; que concertara, presuntamente, el alquiler con opción a compra de un piso adquirido previamente por una tercera empresa a indicación de Aldama y de haber disfrutado del alquiler de un chalet en Cádiz y del contrato de alquiler, también con opción a compra, de otro en el paseo de la Castellana con un valor de 750.000 euros por 250.000.

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El juez continúa incluyendo todos estos hechos como indicios contra él a pesar de que en su primera declaración el político los rebatió todos.

En sede judicial, Ábalos se ha ratificado en negar cualquier comisión recibida de parte de Aldama, así como negó sus últimas acusaciones. Le confrontó y desmintió las publicaciones en la prensa que apuntan a supuestas irregularidades del político. Se quejó de filtraciones en la causa y el juez le reprochó que esté dando entrevistas a la vez.

Una de esas informaciones le sitúa como el propietario de un edificio de tres plantas en Chimbote (Perú), que comenzó a construirse en 1998. El exministro reconoció que el suelo está a su nombre, pero de forma «circunstancial», porque la regenta la fundación que trabaja allí dentro, quien realmente es la poseedora, afirmó según las fuentes jurídicas consultadas.

Aldama aportó al Supremo un listado de pisos de alquiler turístico que, según sostiene, buscó para que se produjeran encuentros con «señoritas» en los que sitúa al propio Ábalos y al ministro Ángel Víctor Torres, quien lo desmintió esta semana, aportando certificados de agencias de viajes que le sitúan fuera de Madrid en esas fechas.

Ábalos negó conocer esos pisos y sostuvo que le extraña haber estado concretamente en uno del barrio de Salamanca porque «no anda» por la exclusiva zona de la capital española.

En cuanto al Delcygate, la entrada en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez cuando tenía sanciones que le impedían entrar en territorio Schengen, igual que el resto de miembros del Gobierno venezolano, Ábalos afirmó que no recuerda si subió al avión sólo o acompañado del comisionista Víctor de Aldama -como él sostiene- el 20 de enero de 2020. Lo que sí reconoció fue haber estado allí por su perfil político, para arreglar el conflicto generado, así como que, en todo momento, estaba presente el comisario del aeropuerto. Sobre si Aldama buscó un piso para Rodríguez en Madrid, dijo que «poco importa ahora», puesto que finalmente no lo utilizó.