Caso Nóos
La Agencia Tributaria dice que Urdangarín «actuó con engaño» ante Hacienda
El último informe entregado al juez Castro confirma que el Duque de Palma cometió delito fiscal en los años 2007 y 2008, circunstancia que había sido negada por su abogado en un reciente escrito
La delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña señala en el último informe dirigido al juez instructor del "caso Nóos", José Castro, que Iñaki Urdangarín actuó "con engaño" ante Hacienda en 2007 y en 2008, al mismo tiempo que confirma que habría cometido sendos delitos fiscales en ambos ejercicios. La cifra defraudada en 2007 ascendería a 182.000 euros, mientras que en 2008 habría sido de 155.000 euros, sumando 337.000 euros en total. Según Hacienda, el incumplimiento "de la obligación de retener" sería sólo achacable al Duque de Palma y no a las ocho empresas de las que fue asesor en aquel periodo.
Cabe recordar que el pasado 5 de mayo Castro había pedido a la Agencia Tributaria que, en un plazo máximo de diez días, le confirmase si Urdangarín cometió o no un presunto delito fiscal en su declaración del IRPF en los dos años mencionados. El magistrado también solicitaba al mismo organismo una serie de datos relativos a ocho empresas para las que Urdangarín realizó en aquellas fechas trabajos de asesoramiento. Los pagos se hicieron a la mercantil Aizoon, cuya titularidad compartían los Duques de Palma al 50 por ciento. "Dicha actuación irregular no fue precisamente ideada por las empresas, sino por el propio señor Urdangarín", dice el nuevo informe de Hacienda.
La Agencia Tributaria entregó ayer martes el informe esperado a Castro, en el que recordaba que los peritos que en su momento comparecieron ante el juez ya habían señalado la existencia de un presunto delito fiscal por parte de Urdangarín, por lo que el documento entregado ahora al magistrado podría ser considerado como un informe reiterativo.
«Nos hallamos ante un artificio defraudatorio ideado por su perceptor»"Queda acreditado que nos hallamos ante un artificio defraudatorio ideado con toda probabilidad por el perceptor, que las empresas pagadoras se limitaron a asumir, pero que de ninguna manera les es imputable", se señala en el apartado de conclusiones. Además, se añade que Urdangarín no podría alegar desconocimiento, ya que sí pagaba el IRPF de lo que cobraba de Telefónica: "Ello conduce a considerar que conocía perfectamente cuál era la recta tributación de tales percepciones".
La petición del juez se había producido después de que el pasado 22 de abril el abogado de Urdangarín, Mario Pascual, hubiera presentado un escrito al magistrado en el que rechazaba que su cliente hubiera cometido dos presuntos delitos fiscales. En concreto, insistía en que ni en 2007 ni en 2008 se habría superado el umbral de los 120.000 euros que certifica que se ha cometido un delito.
«Sin la diligencia debida»
Urdangarín ya prestó declaración ante el juez por estos hechos, en calidad de imputado, en febrero del pasado año. En el mencionado escrito del 22 de abril, Mario Pascual también señalaba que las empresas a las que el Duque de Palma prestó servicios de asesoramiento "no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración".
A su llegada a los Juzgados centrales de Palma ayer martes, Castro reconoció al canal autonómico IB3 que la instrucción del caso Nóos no tiene aún visos de concluir de manera inmediata. A la reflexión hecha por un periodista del citado canal, "parece que no le dejan acabar con la instrucción", el juez respondió con ironía: "Parece ser que no".
Uno de los últimos trámites que aún quedan pendientes en este sentido es la comparecencia, en calidad de imputado, del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, el popular Alfonso Grau. La declaración tendrá lugar el próximo 31 de mayo, a las 11.00 horas, en la capital balear.
Castro dictó la pasada semana un auto en el que, entre otras decisiones, acordó la imputación de Grau, atendiendo la petición formulada recientemente por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia, a la que se sumó la Fiscalía Anticorrupción. Para los socialistas, Grau sería el responsable último de los contratos supuestamente irregulares firmados por el consistorio con el Instituto Nóos para la preparación de las tres ediciones del evento conocido como Valencia Summit, entre 2004 y 2006. El vicealcalde había declarado como testigo ante el juez en diciembre de 2011.
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