Yolanda Díaz usará a Europa de coartada para subir las indemnizaciones por despido

El debate sobre despido llegó a la mesa del Ministerio de Trabajo de la mano de esta demanda de los sindicatos y posteriormente se incluyó en el programa de gobierno de coalición PSOE-Sumar. Y aunque la decisión del Consejo de Europa no es vinculante, la ministra ya traza su hoja de ruta para modificar el coste de las salidas del mercado de trabajo este mismo año. Lleva meses calentando esta reforma con críticas al modelo de despido en España, «muy barato» y con una indemnización «low cost», pese a que España cuenta con las extinciones más generosas en Europa y en los países de la OCDE.

Yolanda Díaz no quiso abrir el melón que ahora sí quiere en la reforma que cerró con los agentes sociales en diciembre de 2021 que, en esencia, mantuvo el espíritu de la realizada por el PP y su ministra de Empleo, Fátima Báñez en 2012. La cruzada contra la temporalidad fue entonces el objetivo, pero el coste de la extinción, que fue el caballo de batalla cuando estaba en la oposición, no sufrió modificación alguna. Ahora está decidida a revertir así una de las medidas estrella de los cambios laborales que realizaron los populares y así se refleja en el Plan Anual Normativo de coalición para 2024 aprobado por el Gobierno, en el que se incluye este encarecimiento junto a otras medidas como la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas, la reforma del desempleo o la ley para democratizar las empresas y dar entrada a los sindicatos en los consejos de administración. Medidas todas ellas que auguran un paso más en la dura batalla con las empresas, con las que los puentes de diálogo y están prácticamente rotos.

La idea de la vicepresidenta segunda es aplicar un nuevo concepto de despido «reparativo» o «restaurativo» dirigido a paliar lo que entiende como el daño causado a los afectados por una extinción improcedente. Defiende indemnizaciones diferenciadas según la situación del afectado, dado que entiende que los perjuicios son también diferentes según los casos. Una especie de 'despido a la carta', que tenga en cuenta los factores personales que rodean al afectado, como podría ser la edad, el número de hijos, la duración del contrato o su situación socioeconómica.

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Los expertos laboralistas puntualizan a ABC que en España el derecho ya permite al trabajador recibir una indemnización complementaria que decide el magistrado teniendo en cuenta varios supuestos, como que se trate de un despido en fraude de ley o abusivo, que se invoquen en la demanda los perjuicios y se acrediten en el juicio o que se acredite de manera fehaciente que el daño específico no está cubierto por la indemnización y que, por lo tanto, ésta resulta claramente insuficiente.

Como ya informó ABC, la vicepresidenta segunda ha emprendido desde que sellara los cambios laborales con los agentes sociales una lluvia fina de más de 25 cambios laborales, entre los que sí se ha incluido el despido colectivo. El 'modus operandi' ha consistido en realizar una lluvia fina de 'enmiendas' en el Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde el Ministerio de Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del 'solo sí es sí', la 'ley trans' o la ley de Familias. Y todo ello al margen de la negociación con empresarios y sindicatos.

El primero de estos cambios laborales fue referido al despido y se produjo a los pocos meses de recibir la remesa de fondos europeos, en diciembre de 2022, y fue fruto de un pacto entre el PSOE y Podemos con EH Bildu para permitir a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE. El acuerdo no implicó recuperar la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma laboral de 2012, pero fue un paso firme en la normativa laboral para recuperar el control de los despidos colectivos, dado que la Inspección supervisaría las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.

Ahora, Yolanda Díaz quiere completar las modificaciones con los cambios en las extinciones individuales, lo que ha puesto en alerta a las empresas, sobre las que ha recaído un alud de costes desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Las fuentes empresariales consultadas por ABC puntualizan que al margen del aumento de costes que implicaría aumentar los costes del despido, la modificación introduciría mayor inseguridad jurídica para las empresas y supondría un obstáculo para la contratación, lo que acabaría afectando al empleo.