El PP y los socios del Gobierno tumban la ley del Suelo de PNV y PSOE y la reforma de la norma fracasa por segunda vez

La reforma de la ley del Suelo necesitaba de una mayoría simple para seguir en trámite parlamentario, pero vuelve a caer en el Congreso de los Diputados, después de que en mayo del año pasado el PSOE la retirase del orden el día minutos antes de debatirla en la Cámara Baja. Al igual que entonces, la propuesta llegaba al hemiciclo con la incógnita de voto del PP y la oposición de formaciones llave en la legislatura de Pedro Sánchez como son sus socios de Gobierno Sumar -volvieron a retierar hoy que la reforma da pie al «pelotazo urbanístico»-, además de Podemos, ERC, Junts y Bildu.

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La proposición de ley presentada por el PNV -pactada con los socialistas hace meses- era a ojos de los socios de Sánchez casi calcada a la reforma de la ley del Suelo que el PSOE quería sacar adelante en las Cortes. En esencia, la propuesta de los nacionalistas vascos se diferencia en que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se adaptan a las normativas autonómicas, pero como la de los socialistas, la modificación de ley hoy rechazada aspiraba a subsanar uno de los mayores incovenientes para la tramitación de los planes urbanísticos, al otorgar a los consistorios las herramientas necesarias para impedir que los planes urbanísticos caigan al completo cuando un recurso parcial contra ellos prospera.

Muchos de esos recursos interpuestos son achacados a despachos de abogados que se han especializado en la materia para hacer chantaje a los entes locales. Su 'modus operandi' consiste en identificar debilidades de los planes urbanísticos y con ello incluso pedir contraprestaciones económicas a cambio de levantar las impugnaciones. Lo que no solo paraliza los proyectos urbanísticos de decenas de localidades, sino que también provoca que otros tantos ayuntamientos dejen aparcados sus planes de desarrollo, que son los que permiten distinguir los distintos tipos de suelo existentes en un municipio, para construir vivienda libre y pública.

Sea como fuere, el de hoy vuelve a ser otro batacazo para las empresas promotoras quienes llevan años esperando la modificación de la norma para que los consistorios puedan desatascar sus planes urbanísticos, muchos de ellos atrapados en los tribunales desde hace años. Según el sector, ahora mismo hay en España alrededor de un centenar de municipios con planes paralizados, que impiden sacar al mercado suelo finalista para la construcción de vivienda, en un contexto marcado por la crisis habitacional que sufren algunas de las principales capitales españolas.

PSOE y PNV venían en los últimos días presionando al PP para apoyar la propuesta, pero los populares han decidido posicionarse en contra en un momento en el que tratan de sacar adelante su propia ley del Suelo, la cual presentaron en el Senado a finales del mes de enero. Ya antes de debatirse hoy la Proposición de Ley del PNV en el Congreso, el portavoz de los populares, Miguel Tellado, se refería a la misma como una ley «incompleta» que «en origen registró con el PSOE». « No da respuesta a los problemas de este país y votaremos en consecuencia», dijo adelantando el que ha sido el voto final del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Con su reforma, los populares aspiran a modificar hasta seis normas distintas, incluida la ley de Vivienda, para la que quieren eliminar las zonas tensionadas y los límites al alquiler. En materia de urbanismo, el PP propone agilizar la burocracia reduciendo el número de informes necesarios para sacar adelante los planes urbanísticos o limitar tanto la nulidad de los mismos por vicios formales «para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas» como la impugnación de instrumentos y actos por intereses «espurios».

El PP, que dice haber redactado su propuesta con la colaboración del sector privado y las comunidades, también quiere que se establezca el silencio positivo para la obtención de licencias de edificación, con el objetivo de que los promotores puedan obtenerlas sin una resolución expresa si la administración competente no contesta en un plazo máximo de tres meses.

Sobre la propuesta del PP, desde el PNV recriminaron a los populares que esta incluye medidas muy parecidas a las rechazadas este martes, según dijo la diputada del PNV, Maribel Vaquero, quien espetó al partido de Núñez Feijóo que su redacción en lo relativo a la ley del Suelo «es idéntica» en algunos puntos. «Un voto no favorable por parte de su grupo sería muy difícil de explicar», subrayó la parlamentaria durante su intervención en la Cámara Baja.

En cambio, el diputado del PP, Miguel Ángel Sastre Uyá, aprovechó su comparecencia para poner en valor la ley del Suelo presentada por su partido en el Senado y recordó al Gobierno que en contra de la reforma también están sus socios de legislatura, quienes han cargado duramente contra la misma durante sus intervenciones. Empezando por Sumar, el diputado Alberto Ibáñez, aseveró que la ley del PNV y PSOE es un «copia y pega» de la que presentó el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy en 2018 y que solo plantea respuestas para la inseguridad jurídica de los promotores inmobiliarios.

Por su parte, en Podemos, Noemí Santana, apuntó a que con la reforma que proponen PNV y PSOE, los proyectos solo se podrán impugnar durante sus cuatro primeros años, «cuando a veces se necesitan décadas para detectar posibles pelotazos». Tampoco consiguió calar en Junts, a tenor de las palabras de Marta Madrenas, que expuso que el texto incluye patrones restrictivos para las comunidades autónomas.