La patronal espera suavizar el registro horario tras los avisos lanzados por el CES
Las empresas cuentan con que tendrán hasta medio año para adaptarse cuando se valide la ley de reducción de jornada
El CES critica que la ley de reducción de jornada no mide bien su impacto económico
El registro horario digitalizado, monitorizado desde la Inspección, obligatorio para todas las empresas y pendiente de las sanciones de hasta 10.000 euros tardará en implantarse más que la propia ley de reducción de jornada y se encuentra abierto a cambios que moderen su ... impacto al aplicarlo, sobre todo entre las pymes. Ese es, al menos, el escenario que se plantea la patronal después de que el Consejo Económico y Social (CES) haya incluido en su informe sobre las 37,5 horas varias referencias a esos registros y haya apelado a la necesidad de evitar problemas en los pequeños negocios.
La digitalización de todas las salidas y entradas de empleados al centro de trabajo, así como la estadística de las pausas o periodos de descanso trae de cabeza a la patronal desde que el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de reducción de jornada a principios de febrero. En este mes, el texto ha pasado por el filtro del CES, cuyo dictamen exige que el futuro reglamento que lo desarrolle «debería llevarse a cabo lo antes posible para aportar la necesaria seguridad y tener en cuenta estas dificultades para contemplar especificaciones y excepciones» sobre todo en lo relativo a muchas pymes.
El Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, será el encargado de elaborar esa norma una vez que se apruebe la ley de la reducción de jornada en las Cortes. El CES, en un texto de mínimos, pide «establecer un proceso de consulta con las organizaciones sindicales y empresarios, así como recabar la opinión de otras asociaciones que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses se vieren afectados por la norma».
Incluso hace una referencia específica a dos sectores con los que, considera el CES, hay que «tener en cuenta su realidad productiva diferencial» porque la aplicación de medios digitales «puede resultar especialmente complicada». Se trata de la actividad agraria y en la pesca, donde el registro digital sería complicado.
Más tiempo para aplicarlo
El resultado de ese reglamento –una norma con un rango inferior a la ley, que no puede contradecirla– llegará, como muy pronto, a mediados de 2026, siempre que la ley entre en vigor el 1 de enero del próximo año, como inicialmente está previsto. Ese es el plazo que también manejan los empresarios para intentar condicionar sus exigencias finales.
En cualquier caso, el calendario les permitiría ir adaptándose a la nueva realidad aunque, insisten fuentes empresariales, la primera opción pasa por suavizar esos requisitos que hasta ahora se han puesto encima de la mesa y que los distintos agentes sociales admiten que deberán negociar con respecto al anteproyecto actual.
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