El Ingreso Mínimo Vital subirá un 6,9% y sigue sin lograr objetivos tres años después
Las duras exigencias de la ayuda estrella del Gobierno dificultan la llegada a los hogares vulnerables
La Seguridad Social aprueba la cesión del Ingreso Mínimo Vital a todas las autonomías que lo soliciten
El ingreso mínimo vital (IMV), como las pensiones no contributivas, subirá un 6,9% desde enero y alcanzará los 1.330 euros. Y el año comenzará sin que la prestación haya despegado al ritmo que se planteó. La que iba a ser la ayuda ... estrella del Gobierno no acaba de arrancar tras más de tres años en marcha y un sinfín de cambios normativos a sus espaldas, que no permiten flexibilizar las duras exigencias para que la prestación fluya a los hogares más necesitados.
El Gobierno anunció ayer que el IMV habrá llegado este ejercicio a 735.562 hogares en los que viven 2.157.712 personas. Este es el escenario de aplicación de la 'vacuna anticrisis', que fue aprobada por la vía de urgencia en 2020 y que hoy tiene efectos más limitados de los previstos. Cuando fue aprobada los objetivos se pusieron en alcanzar a 800.000 familias y llegar a 2.300.000 beneficiarios. Hoy, ni una ni otra se han cumplido.
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La gestión del ingreso mínimo ha estado salpicada de críticas desde que se puso en marcha. Los sindicatos han denunciado en varias ocasiones que esta ayuda es muy compleja en sus condiciones, lo que provoca que un buen número de solicitudes que se presentan tardan en concederse varios meses, y también que algunos usuarios terminen arrojando la toalla. El escaso radio de acción de esta prestación también fue recriminado al Gobierno por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
La complejidad de la tramitación, de hecho, obligó a Seguridad Social a contratar a 1.025 trabajadores para reforzar la gestión, que ha llegado a restar tiempo a otras prestaciones claves, según denunciaron los sindicatos, que lograron finalmente reforzar la plantilla de forma estructural.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, aseguró ayer que el IMV es un instrumento que continúa «en constante evaluación» y que prueba de ello es que «se acaba de aprobar la modificación normativa para la colaboración en la gestión con las comunidades autónomas». Ahora, el Ejecutivo negociará el traspaso de la gestión con las comunidades autónomas que así lo soliciten.
Desde hace algo más de un año, esta prestación ya se administra por los gobiernos del País Vasco y Navarra. El siguiente paso será ampliar la posibilidad de esa gestión económica a todas las autonomías de régimen común, en un nuevo paso hacia la descentralización de la Seguridad Social iniciada por el Ejecutivo y con un fuerte impulso con los pacto de investidura.
El ofrecimiento a las comunidades autónomas es relevante en un momento en que el Gobierno tiene que cumplir con las cesiones negociadas con los partidos políticos que apuntalaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El traspaso en la gestión del IMV servirá para calmar algo los ánimos de aquellas regiones que se han sentido agraviadas por las concesiones al nacionalismo vasco, con un calendario de transferencias que incluye el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. Y con la entrega a Cataluña de la administración del ingreso mínimo.
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